Luz verde para el ICE en Los Ángeles: el fallo de la Corte Suprema que autoriza las redadas de Trump en California
El máximo tribunal dictaminó, en una decisión mayoritaria, que frenar las acciones del gobierno podían ocasionar un “daño irreparable”; “Si la persona está legalmente, será libre de irse”, aclararon
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LA NACION
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump a retomar las redadas migratorias masivas en Los Ángeles, tras aceptar el pedido de la administración republicana de suspender una orden judicial que bloqueaba estas prácticas en todo California. La decisión, tomada este lunes 8 de septiembre, abrió la puerta para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reactive operativos en lugares de trabajo y espacios públicos donde, según el gobierno federal, se concentran inmigrantes indocumentados.
La decisión de la Corte Suprema para permitir las redadas en California
El máximo tribunal concedió una suspensión temporal a la orden emitida por la jueza federal Maame E. Frimpong, del Distrito Central de California, que había restringido los alcances de la llamada “Operación At Large”. Ese operativo desplegó en junio pasado a agentes armados y enmascarados en lavaderos de autos, depósitos de remolque y granjas del Estado Dorado, con el objetivo de detener a personas sospechosas de vivir ilegalmente en EE.UU.
El juez Brett Kavanaugh, en una opinión concurrente que reflejó la postura de la mayoría, señaló que el gobierno de Trump había demostrado una “perspectiva razonable” de éxito en la apelación y que existía el riesgo de un “daño irreparable” si no se autorizaba el reinicio de las detenciones.
Para Kavanaugh, factores como la concentración de inmigrantes indocumentados en Los Ángeles, el tipo de empleo en sectores como la construcción o la agricultura, o incluso el idioma hablado, podían constituir “al menos una sospecha razonable de presencia ilegal en Estados Unidos”.
En contraposición, la jueza Sonia Sotomayor, acompañada por Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, expresó un duro disenso. Calificó la decisión como “otro grave uso indebido de nuestro registro de emergencia” y advirtió: “No deberíamos vivir en un país donde el gobierno pueda apresar a cualquiera que luzca latino, hable español y trabaje en un empleo mal remunerado”.
La disputa legal por las redadas del ICE en California
El trasfondo de la controversia gira en torno a cómo se interpreta la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta norma otorga a los agentes de inmigración la facultad de interrogar y detener brevemente a cualquier persona si tienen una “sospecha razonable” de que está en EE.UU. de manera irregular.
El Tribunal de Distrito había prohibido explícitamente que esas sospechas se basaran en factores como:
- La presencia en sitios de reunión de jornaleros o paradas de autobús.
- El tipo de ocupación desempeñada.
- El uso del idioma español o un inglés con acento.
- La raza o etnia aparente.
Según el fallo original, apoyado en múltiples testimonios, los arrestos habían recaído justamente sobre esos criterios, lo que vulneraba la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra registros y detenciones arbitrarias. La jueza Maame E. Frimpong, quien emitió la orden de freno en julio, subrayó que existía “una montaña de pruebas” sobre prácticas de perfilamiento racial.
No obstante, el gobierno de Trump insistió en que tales parámetros, combinados con la información estadística sobre la alta concentración de inmigrantes sin documentos en la región, eran válidos para justificar los operativos.
El impacto en Los Ángeles que tendrá la habilitación de la Corte Suprema para las redadas del ICE
La reanudación de las redadas, según documentó Courthouse News, ya había generado “pánico y miedo” entre residentes de Los Ángeles. Algunos ciudadanos latinos denunciaron sentirse obligados a portar su pasaporte para evitar ser detenidos, mientras otros advirtieron que podían ser interceptados simplemente “por tener cierta apariencia o por el lugar donde trabajan”.
Durante la “Operación At Large” se reportaron incidentes graves: agentes que apuntaron con rifles a personas en la vía pública, detenciones de ciudadanos estadounidenses sometidos a interrogatorios repetidos sobre su nacionalidad y el uso de violencia física al momento de los arrestos. Testigos compararon las acciones con “secuestros” y señalaron que el clima de desconfianza se extendió por barrios enteros.
Por su parte, la administración Trump justificó la ofensiva con cifras. En ese sentido, estimó que alrededor de dos millones de inmigrantes indocumentados viven en el área metropolitana de Los Ángeles, lo que representa aproximadamente el 10% de su población total.
Argumentos enfrentados en el fallo de la Corte Suprema por las redadas del ICE en California
La mayoría de los integrantes de la Corte Suprema consideró que impedir al gobierno ejecutar las leyes de inmigración equivalía a un “daño irreparable”. Kavanaugh sostuvo que, en caso de que un ciudadano estadounidense fuera detenido por error, recuperará la libertad tras un breve interrogatorio: “Si la persona está legalmente en el país, será libre de irse después del encuentro”.
Sotomayor rechazó esa visión y aseguró que en la práctica ocurren detenciones violentas: “Los agentes de inmigración no están realizando paradas cortas para hacer preguntas, están apresando personas con armas de fuego, violencia física y reclusiones en almacenes. Tampoco son solo los inmigrantes indocumentados quienes sufren, también ciudadanos de Estados Unidos han sido arrestados y privados de trabajar para sostener a sus familias”.
La jueza disidente agregó que la decisión de la mayoría imponía una carga desproporcionada sobre millones de residentes: “El fallo desplaza indebidamente la responsabilidad hacia toda una clase de ciudadanos, obligándolos a llevar suficiente documentación para probar que merecen caminar libremente. La Constitución no permite la creación de un estatus de ciudadanía de segunda clase”.
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