San Francisco aprueba “zonas libres del ICE” en propiedad pública: qué prohíbe, qué no puede frenar y qué pasa con orden judicial
El Concejo local aprobó por unanimidad una norma que restringe el uso de edificios y recursos comunales para procedimientos migratorios y fija límites ante mandatos federales
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LA NACION
San Francisco avanzó con una nueva medida que busca limitar el alcance de los operativos migratorios dentro de instalaciones municipales. La iniciativa, aprobada por unanimidad por la Junta de Supervisores, establece restricciones claras sobre el uso de propiedades públicas de la ciudad y abre un nuevo capítulo en el debate sobre hasta dónde pueden llegar las autoridades locales frente a la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
San Francisco prohíbe el uso de propiedades municipales para operativos del ICE
El núcleo de la legislación establece que ninguna persona o entidad podrá utilizar bienes municipales —ya sean instalaciones físicas o recursos bajo control de departamentos locales— sin autorización expresa del gobierno de la ciudad, salvo en aquellos espacios públicos de acceso libre.
El punto más relevante es que la normativa declara explícitamente que la aplicación civil de leyes federales de inmigración no constituye un “propósito de la ciudad”. En consecuencia, funcionarios locales tienen prohibido autorizar el uso de instalaciones públicas si esa utilización pudiera interrumpir operaciones locales o desalentar el acceso de residentes a servicios esenciales.
El documento oficial sostiene que edificios municipales, centros de salud, bibliotecas, programas educativos y espacios comunitarios funcionan como puntos críticos de acceso para la población y que permitir operativos migratorios en esos lugares podría generar temor entre los residentes.
La ciudad argumenta que esa situación afectaría la cooperación comunitaria necesaria para tareas como la seguridad pública, la atención sanitaria o la respuesta a emergencias.
De acuerdo con la ordenanza oficial identificada como File Nº 251224, la Junta de Supervisores de San Francisco aprobó definitivamente la legislación el 24 de febrero de 2026 tras completar su recorrido legislativo, que incluyó revisión en comité, primera lectura y votación final. El resultado fue contundente: los once supervisores presentes votaron a favor, sin objeciones ni abstenciones.
San Francisco impulsa “ICE-free zones” en edificios públicos
Según informó Axios, la legislación fue presentada como un intento de establecer lo que autoridades locales describen como “ICE-free zones” dentro de propiedades públicas administradas por San Francisco.
La medida se inscribe en una tendencia creciente entre gobiernos locales del Área de la Bahía y otras ciudades del país norteamericano que buscan limitar la presencia de operativos migratorios en espacios comunitarios.
El supervisor Bilal Mahmood defendió la iniciativa al señalar que la presencia de agentes migratorios cerca de propiedades públicas genera consecuencias sociales inmediatas.
“Hemos visto lo que ocurre cuando la aplicación de leyes migratorias sucede en o cerca de instalaciones públicas: los niños dejan de asistir a la escuela, las familias evitan recibir beneficios y los testigos dejan de denunciar delitos”, expresó al presentar el proyecto, según consignó Axios.
El objetivo declarado es garantizar que los residentes utilicen servicios municipales sin temor a arrestos o procesos de deportación, lo que reforzaría la participación cívica independientemente del estatus migratorio.
Qué es lo que no puede impedir San Francisco con esta ordenanza
Pese al fuerte mensaje político detrás de la normativa, la propia legislación establece límites claros. El texto aclara que la ordenanza no busca interferir ni obstaculizar la aplicación legal de leyes federales de inmigración.
Esto significa que el municipio puede regular cómo se usan sus propiedades y qué autorizan sus funcionarios, pero no tiene autoridad para impedir directamente las operaciones federales.
Axios remarca que la ley no bloquea al ICE cuando actúa bajo una orden judicial válida ni cuando desarrolla procedimientos en terrenos federales. Expertos legales citados por ese medio subrayan que existe una línea constitucional que los estados y ciudades no pueden cruzar: pueden instruir a sus propios empleados para que no colaboren con agencias federales, pero no pueden dictar cómo deben actuar dichas agencias.
En términos prácticos, si agentes federales cuentan con una orden emitida por un juez, la ciudad no puede impedir su ejecución. La normativa se enfoca exclusivamente en evitar autorizaciones municipales o el uso voluntario de instalaciones locales para operativos migratorios.
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