Revés para Josh Stein: se aprueba la ley HB-318 a favor del ICE en Carolina del Norte
La Asamblea General anuló la decisión del gobernador y aprobó la nueva normativa; obliga a las autoridades locales a asistir a la agencia federal en la detención de inmigrantes indocumentados
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LA NACION
En un giro legislativo contundente, la Asamblea General de Carolina del Norte revocó este martes el veto del gobernador Josh Stein y aprobó definitivamente la ley HB-318, una medida que refuerza la cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La normativa entra en vigor el 1° de octubre de 2025.
Qué cambia con la HB-318 y desde cuándo entra en vigor
El texto legislativo, aprobado el martes 29 de julio bajo el código Ch. SL 2025-85, fue ratificado por el Senado con 30 votos a favor y 19 en contra. Entrará en vigor el 1° de octubre de 2025 y busca ampliar la capacidad de detención de personas que no puedan demostrar su estatus legal en Estados Unidos, aun cuando estén implicadas en delitos menores.
A diferencia de la ley HB-10, que exigía cooperación de los sheriffs únicamente en delitos considerados graves, esta nueva disposición amplía significativamente el abanico de casos en los que ICE debe ser notificado.
Delitos que obligarán a consultar con el ICE en Carolina del Norte
A partir de octubre de 2025, las autoridades de cualquier centro de detención en Carolina del Norte deberán intentar establecer el estatus migratorio de toda persona encarcelada por los siguientes motivos:
- Cualquier delito grave (en inglés, felony).
- Delitos menores clasificados como Clase A1.
- Violaciones relacionadas con órdenes de protección (según el artículo G.S. 50B-4.1).
- Cualquier delito vinculado a la conducción bajo efectos del alcohol o drogas.
- Delitos como robo, fraude, suplantación de identidad o conducción en estado de ebriedad.
En caso de no poder establecer la situación migratoria, se activará un proceso de consulta obligatorio con el ICE. Si el organismo federal emite una orden de detención y una orden administrativa, la persona no podrá ser liberada sin antes comparecer ante un funcionario judicial estatal.
El nuevo proceso de retención: paso a paso
La nueva ley redefine los tiempos y condiciones bajo las cuales un inmigrante sospechoso de no tener residencia legal podrá ser liberado. Según el artículo G.S. 162-62(b1), el protocolo será el siguiente:
- Si el ICE emite una orden de detención, el encarcelado deberá comparecer ante un juez estatal “sin demoras innecesarias”.
- Si el juez determina que la persona corresponde con la orden del ICE, se dictará una nueva orden para retenerla hasta que la agencia federal tome custodia.
- El período máximo de retención será de 48 horas desde el momento en que el detenido hubiera sido liberado, a menos que el ICE lo transfiera antes o rescinda la orden.
Además, si pasadas esas 48 horas el ICE no se presenta, el centro de detención estará obligado a notificarle, dentro de un plazo de dos horas, la fecha y hora exacta de la liberación.
Liberación previa al juicio: nueva etapa bajo lupa
La ley también introduce cambios en los procedimientos de liberación previa al juicio. Si una persona acusada de ciertos delitos no puede demostrar que es residente legal o ciudadano, el juez deberá ordenar que sea llevada a una instalación de detención para tomarle las huellas digitales y realizar una consulta al ICE.
Ese proceso tendrá un margen máximo de dos horas. Si al cabo de ese tiempo no se recibe una orden de detención, el acusado será liberado bajo las condiciones que se hayan fijado inicialmente. No obstante, si el ICE responde dentro de ese plazo, se aplicará el protocolo extendido de retención descrito anteriormente.
Una ley del ICE que resistió el veto
El gobernador Josh Stein había vetado la medida al argumentar que abría la puerta a posibles abusos de poder y ponía en riesgo los derechos civiles de inmigrantes. Sin embargo, el veto fue anulado por la mayoría republicana en el Senado estatal, que logró los votos necesarios para convertir el proyecto en ley.
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