Confirmado: Trump le pedirá a la Corte Suprema que revise nuevamente la ciudadanía por nacimiento

Luego de que la Corte Suprema rechazó el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva, el mandatario anunció que solicitará una nueva revisión del caso. La iniciativa se suma a un renovado esfuerzo de los republicanos en el Congreso para impulsar una modificación legal que acompañe los objetivos de la Casa Blanca y reabre una discusión sobre el alcance de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

Según informó Reuters, el presidente Donald Trump confirmó que pedirá formalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos que vuelva a analizar el fallo que declaró inconstitucional su orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento.

El mandatario anunció su decisión después de que el tribunal rechazara, a fines de junio, una de las iniciativas centrales de su política migratoria. El pasado 30 de junio, la mayoría de los jueces concluyó que la orden ejecutiva vulneraba el texto de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece que son ciudadanos estadounidenses todas las personas nacidas en el país norteamericano y sujetas a su jurisdicción.

A través de su red social Truth Social, Trump calificó la decisión como un “error judicial” y aseguró que actuará de inmediato para intentar revertirla. “La ciudadanía estadounidense no está en venta. De hecho, eso es un delito y, por lo tanto, el fallo de la Corte Suprema es incorrecto. Solicitaré inmediatamente una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos”, escribió el presidente, de acuerdo con Reuters.

Mientras prepara el pedido para que la Corte Suprema vuelva a estudiar el caso, el oficialismo también intenta avanzar por la vía legislativa. Según informó The Hill, el representante republicano John McGuire III, de Virginia, presentó el proyecto denominado Birthright Citizenship Clarification Act.

La propuesta busca modificar la sección 301(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que actualmente reconoce la ciudadanía automática para las personas nacidas en territorio estadounidense y sujetas a su jurisdicción.

El proyecto contempla restringir ese derecho en distintos supuestos. Entre ellos se incluyen:

• Hijos de una madre que se encuentre ilegalmente en Estados Unidos cuando el padre no sea ciudadano estadounidense.
• Hijos de una madre con presencia legal temporal y de un padre que tampoco tenga ciudadanía estadounidense.
• Otros casos específicos, como nacimientos ocurridos en embarcaciones extranjeras o hijos de funcionarios de gobiernos extranjeros.

McGuire sostuvo que “la ciudadanía estadounidense es un privilegio y un honor que debe protegerse” y afirmó que durante años el denominado turismo de nacimiento permitió que ciudadanos extranjeros aprovecharan vacíos legales para obtener beneficios migratorios.

El legislador explicó que la iniciativa fue elaborada junto con el Institute for Legislative Analysis, organización que considera que el texto responde a las observaciones realizadas por el juez supremo Brett Kavanaugh en su voto concurrente sobre ciudadanía por nacimiento.

Esa entidad sostiene que la legislación representa la alternativa más viable para alcanzar los objetivos perseguidos por la orden ejecutiva de Trump sin impulsar una reforma constitucional.

La sentencia emitida por la Corte Suprema, de acuerdo con Courthouse News, representó uno de los fallos más importantes sobre ciudadanía en más de un siglo. Por seis votos contra tres, el tribunal bloqueó la orden ejecutiva firmada por Trump, aunque únicamente cinco magistrados coincidieron en que la medida violaba directamente la Constitución.

El presidente del tribunal, John Roberts, fue el encargado de redactar la opinión mayoritaria. En su fallo sostuvo que los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron la promesa de ciudadanía “a toda persona nacida libre en esta tierra” y concluyó: “Hoy mantenemos esa promesa”.

A la opinión de Roberts se sumaron las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson, quienes coincidieron en que el derecho a la ciudadanía por nacimiento está protegido por la Constitución y no puede ser restringido mediante una orden presidencial.

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