De Chicago a San Francisco: todas las ciudades que demandaron al DHS por recortar fondos para prevención

Cinco ciudades clave de Estados Unidos demandaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tras el congelamiento de fondos destinados a la prevención de ataques terroristas y amenazas nucleares. Estas metrópolis alegan que la decisión no solo contradice una ley federal vigente, sino que también expone a millones de ciudadanos a riesgos evitables.

Las razones de la demanda al DHS: Chicago, San Francisco, Seattle, Denver y Boston

La demanda, iniciada por Chicago y respaldada días después por San Francisco, Seattle, Denver y Boston, subraya un nuevo capítulo de tensiones entre gobiernos locales y la administración Donald Trump. La misma sostiene que el DHS de Kristi Noem retuvo de forma ilegal el reembolso de gastos ya aprobados y que, además, no otorgó los fondos correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

Según los alcaldes, esto representa una vulneración directa a lo dispuesto por el Congreso, que en 2018 autorizó de manera formal el programa Securing the Cities, nacido en 2006 como un plan piloto en la región de Nueva York.

Mike Johnston, alcalde de Denver, expresó con contundencia su indignación en declaraciones a Politico: “Incluso para los estándares de Trump, esta acción es asombrosa. Están poniendo deliberadamente en riesgo a los estadounidenses frente a ataques terroristas”.

Los mandatarios locales argumentaron que no se trata de un simple desacuerdo presupuestario, sino de una omisión grave que compromete eventos de alta exposición internacional y amenaza la seguridad pública. La ciudad de Denver, por ejemplo, espera el reembolso de más de 300 mil dólares que fueron utilizados en operativos de seguridad en actos oficiales y eventos masivos.

Las cinco ciudades que impulsaron la demanda contra el DHS

La iniciativa judicial fue encabezada en mayo por Chicago, mientras que el martes siguiente se sumaron San Francisco, Seattle, Denver y Boston. Todas forman parte de las 13 ciudades seleccionadas por el programa Securing the Cities, que entre 2007 y 2023 distribuyó US$300 millones para fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas terroristas.

Las ciudades demandantes y sus argumentos principales:

• Chicago: presentó la demanda inicial en mayo para reclamar la entrega de fondos ya aprobados para 2025. Esperaba recibir cerca de US$1 millón.
• San Francisco: adhirió al reclamo el martes siguiente, al señalar que esos recursos eran claves para la seguridad del próximo Super Bowl, que tendrá lugar en esa ciudad.
• Seattle: había planificado destinar los fondos a la compra de 1000 detectores de radiación, vitales ante posibles atentados con bombas sucias. Greg Wong, vicealcalde de la ciudad, aseguró que la administración Trump ordenó suspender la adquisición.
• Denver: utilizó recursos anteriores para blindar visitas presidenciales y espectáculos masivos. Actualmente reclama una deuda superior a US$300 mil.
• Boston: sumó su firma a la demanda bajo los mismos argumentos de violación de la ley federal y riesgos crecientes para la población.

Greg Wong, desde Seattle, sintetizó la contradicción entre el discurso federal y las acciones del DHS: “Existe una gran ironía entre la retórica de Washington sobre la necesidad de ciudades seguras y lo que realmente está ocurriendo: el dinero que garantiza esa seguridad está siendo retenido”.

Qué se espera que ocurra con esta demanda contra el DHS

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no emitió comentarios sobre la demanda, de acuerdo con lo informado por Politico. Sin embargo, las ciudades demandantes afirmaron que acudirán a todas las instancias legales necesarias para restablecer los fondos y proteger a sus comunidades.

“No es una causa partidaria. Es un llamado conjunto de líderes regionales, republicanos y demócratas, que no pueden creer que hayamos llegado a este punto”, aseguró Johnston, quien insistió en que la vía judicial se ha vuelto indispensable.

El resultado del proceso legal podría marcar un precedente clave sobre hasta dónde puede llegar la autoridad del poder ejecutivo para frenar programas aprobados por el Congreso. Mientras tanto, estas urbes seguirán con su reclamo en lo que consideran no solo un derecho financiero, sino una necesidad imperiosa de seguridad nacional.

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