El editorial de The New York Times “El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente”
Sin aval del Congreso, la ofensiva ordenada por la Casa Blanca abre una crisis externa y revive errores históricos de la política exterior estadounidense
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NUEVA YORK.- Durante los últimos meses, el presidente Trump ha desplegado una imponente fuerza militar en el Caribe para amenazar a Venezuela.
Hasta ahora, el presidente había utilizado esa fuerza —un portaaviones, al menos otros siete buques de guerra, decenas de aeronaves y 15.000 soldados estadounidenses— para realizar ataques ilegales contra pequeñas embarcaciones que, según afirmaba, transportaban drogas. El sábado, el señor Trump escaló dramáticamente su campaña al capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de lo que llamó “un ataque a gran escala” contra el país.
Pocas personas sentirán simpatía por el señor Maduro. Es antidemocrático y represivo, y en los últimos años ha desestabilizado el hemisferio occidental. Las Naciones Unidas publicaron recientemente un informe que detalla más de una década de asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias cometidas por sus secuaces contra opositores políticos.
Robó la elección presidencial de Venezuela en 2024. Ha alimentado la disrupción económica y política en toda la región al provocar el éxodo de casi ocho millones de migrantes.
Sin embargo, si hay una lección predominante de la política exterior estadounidense en el último siglo, es que intentar derrocar incluso al régimen más deplorable puede empeorar las cosas.
Estados Unidos pasó 20 años sin lograr crear un gobierno estable en Afganistán y reemplazó una dictadura en Libia por un Estado fracturado.
Las trágicas consecuencias de la guerra de Irak de 2003 siguen afectando a Estados Unidos y a Medio Oriente. Quizás lo más relevante es que Estados Unidos ha desestabilizado de manera intermitente a países de América Latina, entre ellos Chile, Cuba, Guatemala y Nicaragua, al intentar derrocar gobiernos mediante el uso de la fuerza.
El señor Trump aún no ha ofrecido una explicación coherente de sus acciones en Venezuela.
Está empujando a nuestro país hacia una crisis internacional sin razones válidas. Si el señor Trump quiere sostener lo contrario, la Constitución establece claramente lo que debe hacer: acudir al Congreso. Sin la aprobación del Congreso, sus acciones violan la ley estadounidense.
La justificación nominal del aventurerismo militar de la administración es destruir a los “narco-terroristas”. A lo largo de la historia, los gobiernos han calificado a los líderes de naciones rivales como terroristas, buscando justificar incursiones militares como si fueran operaciones policiales.
La afirmación resulta particularmente absurda en este caso, dado que Venezuela no es un productor significativo de fentanilo ni de otras drogas que han dominado la reciente epidemia de sobredosis en Estados Unidos, y que la cocaína que sí produce fluye en su mayoría hacia Europa.
Mientras el señor Trump atacaba embarcaciones venezolanas, también indultó a Juan Orlando Hernández, quien dirigió una vasta operación de narcotráfico cuando fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022.
Una explicación más plausible de los ataques contra Venezuela puede encontrarse en la Estrategia de Seguridad Nacional recientemente publicada por el señor Trump.
Allí se reivindica el derecho a dominar América Latina: “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y hará cumplir la Doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”.
En lo que el documento denomina el “Corolario Trump”, la administración prometió redesplegar fuerzas desde distintas partes del mundo hacia la región, detener a traficantes en alta mar, usar fuerza letal contra migrantes y narcotraficantes y, potencialmente, establecer más bases de tropas estadounidenses en toda la zona.
Venezuela parece haberse convertido en el primer país sometido a este imperialismo de nuevo cuño, lo que representa un enfoque peligroso e ilegal del lugar de Estados Unidos en el mundo.
Al avanzar sin ninguna apariencia de legitimidad internacional, autoridad legal válida o respaldo interno, el señor Trump corre el riesgo de proporcionar una justificación a autoritarios en China, Rusia y otros lugares que buscan dominar a sus propios vecinos. Más inmediatamente, amenaza con replicar la soberbia estadounidense que condujo a la invasión de Irak en 2003.
Como candidato presidencial, el señor Trump parecía reconocer los problemas del exceso militar. En 2016, fue uno de los pocos políticos republicanos en denunciar la insensatez de la guerra de Irak del presidente George W. Bush. En 2024 dijo: “No voy a iniciar una guerra. Voy a detener guerras”.
Ahora está abandonando ese principio, y lo está haciendo de manera ilegal.
La Constitución exige que el Congreso apruebe cualquier acto de guerra. Es cierto que los presidentes suelen forzar los límites de esta norma. Pero incluso el señor Bush buscó y obtuvo el respaldo del Congreso para invadir Irak, y los presidentes posteriores han justificado el uso de ataques con drones contra grupos terroristas y sus apoyos mediante una ley de 2001 que autorizó acciones tras los atentados del 11 de septiembre.
El señor Trump no cuenta ni siquiera con una hoja de parra de autoridad legal para sus ataques contra Venezuela.
Los debates en el Congreso sobre acciones militares cumplen un rol democrático crucial.
Frenan el aventurerismo militar al obligar a un presidente a justificar sus planes de ataque ante el público y a que los miembros del Congreso vinculen su propia credibilidad a esos planes.
Durante años después de la votación sobre la guerra de Irak, los demócratas que apoyaron al señor Bush, entre ellos Hillary Clinton y John Kerry, pagaron un costo político, mientras que quienes criticaron la guerra, como Bernie Sanders y Barack Obama, pasaron a ser vistos como proféticos.
En el caso de Venezuela, un debate en el Congreso dejaría en evidencia la debilidad de la justificación del señor Trump. Su administración ha defendido los ataques contra pequeñas embarcaciones afirmando que representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.
Pero una amplia gama de expertos legales y militares rechaza esa afirmación, y el sentido común también la refuta. Un intento de contrabandear drogas hacia Estados Unidos —si es que, de hecho, todas las embarcaciones estaban haciendo eso— no equivale a un intento de derrocar al gobierno ni de derrotar a sus fuerzas armadas.
Sospechamos que el señor Trump se ha negado a buscar la aprobación del Congreso en parte porque sabe que incluso algunos republicanos en el Capitolio miran con profunda desconfianza la dirección en la que está conduciendo al país.
Ya los senadores Rand Paul y Lisa Murkowski y los representantes Don Bacon y Thomas Massie —todos republicanos— han respaldado legislación que limitaría las acciones militares del señor Trump contra Venezuela.
Un segundo argumento contra los ataques del señor Trump a Venezuela es que violan el derecho internacional.
Al destruir las pequeñas embarcaciones que, según Trump, transportaban drogas, ha matado personas basándose únicamente en la sospecha de que cometieron un delito y sin darles ninguna posibilidad de defenderse.
Los Convenios de Ginebra de 1949 y todos los tratados importantes de derechos humanos posteriores prohíben estas ejecuciones extrajudiciales. También lo hace la ley estadounidense.
La administración parece haber matado a personas indefensas.
En uno de los ataques, la Marina lanzó un segundo bombardeo contra una embarcación ya inutilizada, unos 40 minutos después del primer ataque, matando a dos marineros que se aferraban a los restos del barco y que aparentemente no representaban ninguna amenaza.
Como escribió nuestro colega David French, exabogado del Ejército de Estados Unidos: “Lo que separa la guerra del asesinato es la ley”.
Los argumentos legales contra las acciones del señor Trump son los más importantes, pero también existe un argumento realista, sin adornos. No están en el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos.
El antecedente más cercano que podría considerarse alentador es la invasión de Panamá por parte del presidente George H. W. Bush hace 36 años, que expulsó del poder al dictador Manuel Noriega y ayudó a encaminar al país hacia la democracia.
Pero Venezuela es diferente en aspectos clave. Panamá es un país mucho más pequeño y era un lugar donde funcionarios y tropas estadounidenses habían operado durante décadas debido al Canal de Panamá.
El potencial de caos en Venezuela parece mucho mayor. A pesar de la captura del señor Maduro, los generales que han sostenido su régimen no desaparecerán de repente. Tampoco es probable que entreguen el poder a María Corina Machado, la figura opositora cuyo movimiento parece haber ganado la elección más reciente del país y que aceptó el Premio Nobel de la Paz el mes pasado.
Entre los posibles desenlaces negativos figuran un aumento de la violencia por parte del grupo militar colombiano de izquierda ELN, que tiene presencia en el oeste de Venezuela, o por los grupos paramilitares conocidos como “colectivos”, que han operado en los márgenes del poder bajo la dictadura de Maduro.
Una mayor inestabilidad en Venezuela podría sacudir los mercados globales de energía y alimentos y empujar a más migrantes a desplazarse por todo el hemisferio.
Entonces, ¿cómo debería Estados Unidos lidiar con el problema persistente que Venezuela representa para la región y para los intereses estadounidenses? Compartimos las esperanzas de los venezolanos desesperados, algunos de los cuales han defendido la intervención. Pero no hay respuestas fáciles. A esta altura, el mundo debería comprender los riesgos del cambio de régimen.
Conservamos la esperanza de que la crisis actual termine de una manera menos grave de lo que anticipamos. Tememos que el resultado del aventurerismo del señor Trump sea un mayor sufrimiento para los venezolanos, un aumento de la inestabilidad regional y un daño duradero a los intereses de Estados Unidos en todo el mundo. Sabemos que el belicismo del señor Trump viola la ley.
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