El gobierno de Trump pide datos a aseguradoras y hay polémica: podría exponer a millones de trabajadores en EE.UU.

El gobierno de Donald Trump impulsó una solicitud para recopilar datos de salud de empleados federales que generó polémica en Estados Unidos. El pedido, dirigido a las aseguradoras que gestionan los programas de salud federales, incluye información sobre el uso de servicios médicos, costos, medicamentos y proveedores, lo que despertó cuestionamientos sobre el destino de esos registros.

A través de una publicación oficial, la Oficina de Administración de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) publicó una solicitud de recopilación de datos que podría exponer la información de millones de empleados federales de EE.UU.

Concretamente, la agencia presentó que requiere información sobre el uso de servicios médicos y costos de los programas de Beneficios de Salud para Empleados Federales (FEHB, por sus siglas en inglés) y de Servicios Postales (PSHB, por sus siglas en inglés).

Esto incluye registros como desglose de reclamaciones médicas y de farmacia y datos de proveedores. Según la OPM del gobierno de Trump, la iniciativa tiene como objetivo mejorar el servicio para trabajadores.

Concretamente, el comunicado indica que la intención es permitir que la OPM supervise los programas de beneficios de salud para asegurar que los planes ofrecidos sean competitivos, de calidad y asequibles.

Sin embargo, la medida dio lugar a cierta polémica en EE.UU., ya que muchos trabajadores y expertos cuestionaron los supuestos motivos detrás de la recopilación de datos y cuál será el uso que el gobierno federal le dará a esa información.

Según lo que consta en la publicación de la agencia de gobierno estadounidense, la solicitud de recopilación de datos está dirigida a 65 aseguradoras que prestan servicios a empleados y jubilados federales y postales.

El cálculo es que la medida afectará a más de 8 millones de estadounidenses, entre la suma de trabajadores activos y retirados cuya información está involucrada.

Además, la OPM estimó que durante el primer año cada compañía deberá dedicar unas 225 horas de trabajo en recopilar la información. Luego de la primera entrega, EE.UU. espera que el proceso se pueda completar con 12 horas de trabajo de cada empresa.

De acuerdo con CBS News, luego de que se dio a conocer la noticia comenzó la polémica y las dudas por parte de expertos y agrupaciones. Según la abogada Sharona Hoffman, existe el riesgo de que “podrían usarla para sancionar o perseguir a quienes no cooperen políticamente”.

En esa línea, otros expertos mencionaron por ejemplo que el gobierno federal tendría información sobre las empleadas que se sometieron a abortos o sobre trabajadores que recibieron tratamientos destinados a personas transgénero.

Dado que múltiples estados tienen algún tipo de restricción sobre alguna de las dos prácticas, o en muchos casos sobre ambas a la vez, el acceso a esa información podría representar un riesgo.

En ese sentido, el medio asegura que, más allá de la intención general de mejorar el servicio, la OPM no reveló cuál será el uso práctico de estos datos o cuáles serán las condiciones de su almacenamiento.