Alligator Alcatraz: qué se sabe sobre el traslado masivo de los migrantes detenidos en la prisión de Florida
El Departamento de Seguridad Nacional deberá reubicar a los internos que todavía permanecen allí, en el marco del proceso de desmantelamiento
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LA NACION
Tras la orden de una jueza federal que obliga a desmantelar el centro de detención Alligator Alcatraz en los Everglades de Florida, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) inició el traslado de los migrantes bajo custodia hacia otras instalaciones de Estados Unidos.
El inicio del desmantelamiento de Alligator Alcatraz y el traslado de los detenidos
De acuerdo con CBS News, el DHS confirmó que los extranjeros recluidos en Alligator Alcatraz ahora son trasladados a otros centros de detención. “El DHS está cumpliendo con esta orden. Seguiremos luchando con uñas y dientes para eliminar lo peor de lo peor de las calles estadounidenses”, enfatizó un vocero de la agencia al mencionado medio.
Aunque informaron el envío de migrantes a otras instalaciones, no precisaron cuáles son aquellas que recibirán a la mayor cantidad de reclusos.
Cuándo se completarán los traslados de migrantes detenidos en Alligator Alcatraz
La medida se produce tras la decisión de la jueza federal Kathleen Williams, quien ordenó el retiro de estructuras y la suspensión de nuevas admisiones de detenidos en un plazo máximo de 60 días.
“Probablemente, nos quedaremos con cero personas en unos pocos días”, aseguró el director ejecutivo de la División de Gestión de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, en un correo electrónico dirigido al rabino Mario Rojzman, quien planificaba realizar servicios de capellanía religiosa en las instalaciones, según AP.
La resolución judicial responde a demandas presentadas por grupos ambientalistas y representantes de la comunidad indígena Miccosukee, quienes alegaron incumplimientos en materia de leyes federales de impacto ambiental. Según el fallo, la construcción no evaluó daños sobre especies en riesgo ni sobre los humedales de la región.
El DHS manifestó su desacuerdo y calificó la orden como un obstáculo para la política de deportaciones de la administración Trump. De todas maneras, la agencia aseguró que acataría la decisión mientras busca otras alternativas de alojamiento en estados con gobiernos aliados.
Alligator Alcatraz: un centro construido en tiempo récord y rodeado de polémicas
Alligator Alcatraz abrió sus puertas el 1° de julio de 2025 en un terreno estatal ubicado sobre una antigua pista de aterrizaje. Su capacidad proyectada era de hasta 3000 detenidos, con la intención de reforzar las políticas de detención y deportación de la administración Trump.
Desde su apertura, el lugar fue objeto de demandas por parte de defensores ambientales, abogados de derechos civiles y familiares de internos. Se argumentó que el proyecto violó la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) al no realizar estudios de impacto previos. También se denunció que la instalación se construyó en un área estratégica para la restauración ecológica de los Everglades.
Además de los señalamientos ambientales, surgieron críticas sobre si era legal. Documentos judiciales sugirieron que la instalación fue administrada directamente por el estado de Florida bajo una declaración de emergencia, sin claridad sobre la supervisión del DHS en materia de procesos de detención.
¿Cerrará definitivamente Alligator Alcatraz?
El 22 de agosto de 2025, la jueza federal Kathleen Williams determinó que la instalación incumplía con normas ambientales federales y ordenó el retiro de cercas, generadores, postes de iluminación y otras estructuras añadidas al terreno. La medida incluyó la prohibición de ampliar la infraestructura o de recibir nuevos detenidos.
El fallo también estableció que el desmantelamiento debe completarse en un plazo de 60 días. La jueza aclaró que la orden no equivale a un cierre inmediato, pero sí restringe de manera drástica su operación.
En su resolución, Williams señaló que las autoridades no aportaron pruebas que justificaran la peligrosidad de los detenidos ni la necesidad de mantener la instalación en funcionamiento.
El estado de Florida y el gobierno federal apelaron la decisión y solicitaron que el fallo se suspendiera hasta que la apelación fuera resuelta. No obstante, la jueza rechazó esa petición y mantuvo su postura.
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