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DeSantis arremete contra los inmigrantes en Estados Unidos y comparte un dato demoledor
Tras citar informes sobre el acceso a programas financiados por los contribuyentes, el republicano se refirió al uso de prestaciones públicas por parte de indocumentados
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LA NACION
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, volvió a centrar su discurso en la inmigración ilegal. En su cuenta en la red social X (antes Twitter), el mandatario estatal compartió cifras del Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés) relacionadas con el uso de prestaciones sociales por parte de extranjeros indocumentados en Estados Unidos.
Ron DeSantis reaviva el debate sobre inmigración ilegal y gasto social en EE.UU.
A través de su cuenta de X, DeSantis compartió datos de un informe publicado en marzo de 2025 que analiza la participación de este grupo en programas financiados con fondos públicos. Según el estudio, el 59% de los hogares encabezados por indocumentados utilizan al menos un programa de asistencia, frente al 52% de aquellos con residencia legal y el 39% de los ciudadanos nativos.
El gobernador de Florida sostuvo que estas cifras contradicen el principio establecido en la ley federal, que prohíbe la inmigración de personas que puedan convertirse en una carga para el estado. “La mayoría de los hogares de extranjeros legales utiliza prestaciones sociales financiadas por los contribuyentes. Los encabezados por indocumentados son aún peores”, escribió el funcionario.
Los datos sobre la asistencia social en hogares de inmigrantes
El análisis del CIS se basa en la Encuesta de Ingresos y Participación en Programas de 2022. Los datos muestran que los hogares con jefes de familia de extranjeros, incluso sin estatus legal, acceden a ayudas públicas a través de otros miembros de la vivienda, en muchos casos hijos nacidos en EE.UU. que califican para recibirlas.
De acuerdo con el estudio, los programas de asistencia alimentaria y médica son los más utilizados por estos hogares. En comparación con los ciudadanos nativos, los indocumentados presentan una mayor proporción de uso de Medicaid (39%) y de beneficios relacionados con la alimentación (48%).
El gobernador de Florida consideró que estas cifras reflejan una problemática estructural y agregó que la actual política migratoria federal “no respeta el principio de la ley que prohíbe la admisión de quienes dependan de recursos públicos”.
Qué dice la ley federal sobre inmigración y acceso a beneficios públicos en EE.UU.
La legislación federal sobre prestaciones sociales para inmigrantes tiene su base en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo (Prwora, por sus siglas en inglés), aprobada en 1996. Su Título IV establece que los extranjeros dentro del país no deben depender de los recursos públicos para cubrir sus necesidades básicas.
Sin embargo, desde su promulgación, distintas administraciones federales interpretaron la norma de manera diversa. Algunos gobiernos ampliaron el acceso a ciertos programas, mientras que otros lo restringieron.
En febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Poner fin a las subvenciones de los contribuyentes a las fronteras abiertas”, orientada a evitar el uso de beneficios públicos por parte de personas sin estatus legal.
La orden establecía que las agencias federales debían revisar todos los programas con financiamiento público y ajustar su funcionamiento para impedir el acceso de inmigrantes no calificados. Además, exigía mejorar los sistemas de verificación de elegibilidad y notificar al Departamento de Justicia los casos de uso indebido de recursos.
Aunque la medida de Trump buscaba reforzar las restricciones, los especialistas del CIS indicaron que tales acciones tienen un alcance limitado. Esto se debe a que, aunque los indocumentados no sean elegibles de forma directa para la mayoría de las prestaciones, pueden recibirlas a través de familiares con ciudadanía o residencia legal.
El informe señala que reducir el acceso a la asistencia social requiere abordar la inmigración ilegal de manera integral, ya que modificar las normas de elegibilidad no elimina la posibilidad de que los miembros ciudadanos de esos hogares sigan recibiendo apoyo público.
La política migratoria en Florida y las medidas de DeSantis
Durante su gestión, Ron DeSantis ha impulsado una serie de medidas estatales relacionadas con la inmigración. En mayo de 2023, promulgó una ley que exigió a los hospitales que reciben fondos de Medicaid incluir en sus formularios una pregunta sobre el estatus legal de los pacientes. La normativa también restringió los fondos estatales a organizaciones que emitan documentos de identificación a personas sin estatus legal.
La ley amplió las facultades del gobierno estatal para coordinar la reubicación de extranjeros y reforzar los mecanismos de verificación laboral, además de invalidar las licencias de conducir emitidas por otros estados a residentes que se encuentren de manera irregular en el país.
La posición de la administración de DeSantis se enmarca en un contexto de discusión nacional sobre el papel del Estado en el control migratorio y el gasto social. Las cifras publicadas por el CIS y los mensajes del gobernador reavivan un debate que ha estado presente durante décadas.
LA NACION
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