El sheriff de Florida que se desmarca de DeSantis por la deportación de migrantes: “Vinieron para mejorar sus vidas”

La postura de línea dura contra la inmigración en Florida enfrenta una división interna inesperada. El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, aliado del gobernador Ron DeSantis, encabezó una manifestación pública para solicitar que se detengan las deportaciones masivas de personas indocumentadas que no han cometido delitos.

Durante una reunión del Consejo Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración, seis de los ocho miembros del organismo coincidieron en que el sistema actual afecta a familias integradas a la comunidad.

Según reportó Florida Phoenix, el sheriff Judd anunció la redacción de una carta dirigida al presidente Donald Trump y a los líderes del Congreso para exigir directrices que protejan a quienes “solo vinieron para mejorar sus vidas”.

“Estamos en la planta baja con esto día tras día, mirando a los ojos a estas personas”, afirmó Judd. El jefe policial dijo que, aunque ingresaron de forma inapropiada, muchos trabajan, asisten a la iglesia y tienen a sus hijos en la escuela.

El consejo expresó su preocupación por el impacto de las redadas de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por su parte, CBS News destacó que los miembros del consejo han suavizado su postura para aquellos inmigrantes que no poseen antecedentes criminales, y marcaron una distancia con las políticas de remoción total de DeSantis.

Actualmente, los informes correspondientes notifican:

• Fuerza letal: Florida Phoenix indica que agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza dispararon contra 14 personas en operativos recientes.
• Errores fatales: se confirmó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis durante procedimientos de deportación masiva.
• Falta de acción legislativa: el sheriff del condado de Charlotte, Bill Prummell, señaló en CBS News que el Congreso debe “hacer su trabajo” y reparar el sistema.

En lugar de la deportación, el consejo sugirió implementar un sistema de sanciones civiles y requisitos de integración.

La propuesta busca diferenciar entre el “delincuente problemático” y el migrante trabajador que ya vive el “sueño americano”:

• Multas civiles: pago de una sanción económica por el ingreso ilegal al país.
• Requisitos idioma: obligatoriedad de aprender inglés en un plazo de cinco años.
• Independencia fiscal: prohibición de vivir de fondos públicos y exigencia de empleo activo.
• Educación: garantizar que los hijos de los migrantes estén escolarizados.

Este posicionamiento representa una contradicción a la política de Ron DeSantis. El gobernador ha sostenido históricamente que cualquier migrante en situación irregular “debe irse”.

Bajo su mandato, Florida se convirtió en el primer estado en crear centros de detención como “Alligator Alcatraz”, una medida que ahora es cuestionada indirectamente por sus propios asesores de seguridad.

La congresista María Elvira Salazar respaldó públicamente la postura del sheriff Judd. A través de su perfil de X, la representante agradeció el “sentido común” aportado a la conversación y urgió al Congreso a actuar para reparar un sistema que, según sus palabras, no funciona.

La iniciativa de los sheriffs se produce semanas después de que la Casa Blanca sugiriera de forma privada a los legisladores republicanos moderar el discurso sobre las expulsiones masivas.

El consejo espera que la misiva conjunta influya en la administración federal para establecer una distinción clara entre criminales y residentes productivos.