Miami-Dade vs. DeSantis: la alcaldesa alerta por el impuesto a la propiedad y una pérdida de US$696 millones

La propuesta del gobernador Ron DeSantis para ampliar las exenciones del impuesto a la propiedad en Florida abrió un debate sobre el financiamiento de los gobiernos locales. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, alertó que la iniciativa podría generar una reducción de más de 696 millones de dólares en recursos destinados a servicios públicos.

Mientras el gobierno estatal sostuvo que la medida reducirá la carga impositiva de millones de residentes, autoridades locales comenzaron a expresar inquietudes sobre las consecuencias financieras que podría generar en los presupuestos municipales. En una carta dirigida a los legisladores estatales, Daniella Levine Cava manifestó preocupación por el efecto que tendría la propuesta sobre los ingresos del condado.

“Apoyo un alivio fiscal significativo para las familias de Florida, pero cualquier propuesta para eliminar o reducir significativamente los impuestos a la propiedad merece una conversación completa y honesta sobre su impacto en los servicios de los que dependen los residentes todos los días”, dijo la alcaldesa en redes sociales.

Según las estimaciones presentadas por la administración del condado, la disminución de recursos alcanzaría aproximadamente:

• US$385,8 millones en 2027
• La cifra ascendería a cerca de US$696,7 millones en 2028

La alcaldesa señaló que esos fondos representan una parte significativa del presupuesto local. “Los impuestos sobre la propiedad financian los servicios esenciales en los que nuestros residentes confían todos los días”, detalló en la carta dirigida específicamente al presidente del Senado, Ben Albritton y al presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez.

De acuerdo con el análisis presentado, una reducción de esa magnitud obligaría a revisar partidas presupuestarias o a buscar fuentes alternativas de financiamiento para mantener las operaciones habituales.

Entre las áreas identificadas con posibles impactos figura el sistema de salud pública Jackson Health System. Según las estimaciones del condado incluidas en la carta de Levine Cava, el sistema podría enfrentar una disminución de recursos cercana a los US$389 millones.

El transporte público también aparece entre los sectores más expuestos. Los cálculos elaborados por el condado contemplan una reducción de aproximadamente US$298 millones, situación que podría afectar recorridos, frecuencias y horarios de servicio.

Las estimaciones incluyen además menores asignaciones para:

• Servicios de policía y rescate de bomberos
• Escuelas públicas
• Bibliotecas
• Parques
• Programas de recreación
• Operaciones de tránsito y mantenimiento de carreteras
• Gestión de aguas pluviales
• Servicios para animales
• Operaciones del médico forense
• Coordinación de respuesta a desastres y servicios sociales

“Eliminar estos ingresos sin un reemplazo claro y estable desestabilizaría a los gobiernos locales y forzaría consecuencias graves e inmediatas“, señaló.

Uno de los principales argumentos planteados por Levine Cava es que la eliminación gradual del tributo para propietarios de viviendas principales podría generar una redistribución de la carga fiscal hacia otros sectores.

Según esta postura, los propietarios de inmuebles comerciales o destinados al alquiler podrían asumir una mayor proporción de los costos tributarios. Luego, esos gastos podrían trasladarse a arrendatarios, comerciantes y consumidores mediante ajustes en rentas o precios.

“Esto perjudica especialmente a las pequeñas empresas que ya luchan con los costos de seguros y nómina”, aseguró la mandataria municipal.

Desde el gobierno estatal argumentaron que los ingresos generados por impuestos locales han aumentado de forma sostenida durante los últimos años y que existe margen para reducir la carga sobre los propietarios de viviendas.

“Los propietarios de viviendas en Florida necesitan alivio. Ahora es el momento de defender a los contribuyentes, promulgar una reforma histórica y salvar el hogar de cada floridano”, dijo DeSantis en un comunicado.

El plan denominado “Save Our Homes” plantea una implementación gradual. En una primera etapa, la exención aumentaría hasta US$250 mil y posteriormente alcanzaría el objetivo de US$500 mil para las propiedades que califiquen dentro del programa.

DeSantis afirmó que, una vez completado el proceso, una amplia mayoría de los propietarios de viviendas principales quedaría exenta del pago de este impuesto. Como parte de la propuesta, el gobernador planteó la creación de un fondo fiduciario estatal destinado a asistir financieramente a condados y municipios que enfrenten menores ingresos por la reforma tributaria.

Los recursos se distribuirían mediante subvenciones orientadas a sostener áreas consideradas prioritarias, entre ellas seguridad pública, educación, infraestructura y gestión de recursos naturales. Sin embargo, autoridades locales sostuvieron que aún existen interrogantes sobre la capacidad del fondo para reemplazar de manera permanente los ingresos que actualmente provienen de los impuestos a la propiedad.

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