La Corte Suprema definirá la lucha de un veterano del Ejército por los beneficios por discapacidad
El máximo tribunal de Estados Unidos tomará el caso de un exmilitar con PTSD cuya compensación fue reducida al mínimo tras ir a prisión y podría marcar un precedente clave
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LA NACION
La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó este lunes 6 de abril incluir en su agenda el caso Johnson v. United States Congress, una disputa que definirá si los veteranos pueden cuestionar la constitucionalidad de las leyes de beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) ante un tribunal federal de distrito, o si están obligados a seguir el proceso administrativo especializado creado por el Congreso.
La Corte Suprema acepta el caso de un veterano con PTSD cuya compensación fue recortada por estar preso
Floyd Johnson sirvió en el Ejército entre 1983 y 1985 y fue dado de baja honorablemente tras un ejercicio de entrenamiento en combate en Alemania que terminó en tragedia. En 2013, fue condenado en Florida por varios delitos graves y sentenciado a 40 años de prisión. Mientras cumplía condena, le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático (PTSD) relacionado con su servicio militar, y obtuvo una calificación de discapacidad del 80% por parte de la Administración de Beneficios para Veteranos, reconstruyó SCOTUSblog.
Sin embargo, como consigna Justia U.S. Law, una ley federal —el artículo 5313 del Título 38 del Código de Estados Unidos— limita los pagos por discapacidad a los veteranos encarcelados por más de 60 días debido a una condena por delito grave. En la práctica, eso significó que la compensación de Johnson quedó reducida a la equivalente a una calificación del 10%: el nivel más bajo del sistema.
Johnson describió la situación como absurda: recibir la misma compensación que un veterano que perdió una ceja, mientras él perdió funcionalidad equivalente a la de quien perdió un brazo, según los argumentos presentados ante la Corte.
Qué dice la ley que recorta los beneficios de los veteranos encarcelados
Según las normas federales, cualquier persona que esté recluida en una institución penal —federal, estatal o local— por más de 60 días consecutivos como resultado de una condena por delito grave no puede recibir compensación por discapacidad que supere el monto mínimo establecido. La norma aplica a delitos cometidos después del 7 de octubre de 1980, informa Legal Information Institute.
El gobierno justificó esta disposición con el argumento de que el Congreso buscó evitar que quienes ya reciben financiamiento público a través del sistema penitenciario acumulen además beneficios gubernamentales por discapacidad al nivel completo.
Según información del propio VA, que figura en el Código de Regulaciones Federales, si la calificación de discapacidad de un veterano es del 20% o más, durante el encarcelamiento sus pagos quedan limitados al monto correspondiente a una calificación del 10%. Algunos beneficios no monetarios, como la atención médica o ciertos beneficios educativos, pueden mantenerse aunque el veterano esté preso, aunque con restricciones de acceso.
Por qué la división entre circuitos judiciales forzó la intervención del Supremo
Johnson presentó su demanda directamente en un tribunal federal de distrito en Florida, bajo el argumento de que la ley que redujo sus beneficios viola la cláusula Bill of Attainder y el principio de igualdad ante la ley contemplado en la Quinta Enmienda.
El tribunal de distrito desestimó la demanda, aunque reconoció tener jurisdicción para escucharla. Luego el Undécimo Circuito revirtió esa posición y sostuvo que la Ley de Revisión Judicial de Veteranos (VJRA, por sus siglas en inglés) —aprobada por el Congreso en 1988— despoja a los tribunales federales de distrito de jurisdicción sobre este tipo de impugnaciones constitucionales.
El problema es que esa interpretación no es uniforme en el país. Según los argumentos presentados ante la Corte, existe una división de seis circuitos contra dos: los tribunales de apelaciones de los circuitos 2°, 5°, 6°, 7°, 9° y del Distrito de Columbia reconocen que los tribunales de distrito conservan jurisdicción sobre impugnaciones constitucionales a las leyes de beneficios, mientras que solo los circuitos 8° y 11° sostienen que la VJRA desplaza esa jurisdicción, indicó SCOTUSblog.
Esa asimetría tiene consecuencias concretas para los veteranos: el acceso a un tribunal puede depender simplemente del estado en que residen.
En un punto poco habitual, tanto Johnson como el gobierno federal coincidieron en que la Corte Suprema debía intervenir. El procurador general John Sauer reconoció que la decisión del Undécimo Circuito es correcta en el fondo, pero admitió que entra en conflicto con la jurisprudencia de otros dos circuitos y que la cuestión es recurrente e importante.
Cuál es el precedente clave y qué podría cambiar con el fallo
El antecedente central es Johnson v. Robison (1974), en el que la Corte Suprema resolvió por unanimidad que los tribunales federales de distrito tenían jurisdicción para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes de beneficios para veteranos. Ese fallo se produjo catorce años antes de que el Congreso creara el sistema especializado de revisión judicial a través de la VJRA.
La disputa actual gira en torno a si la VJRA derogó implícitamente ese precedente o si ambos marcos pueden coexistir. Los abogados de Johnson advirtieron que el proceso administrativo de la VJRA puede resultar extremadamente lento: en 2024, incluso las revisiones más expeditas ante la Junta de Apelaciones de Veteranos, sin audiencias ni nuevas pruebas, tomaron en promedio 937 días, publicó The Center Square.
Johnson recibió asistencia legal de la Clínica de Litigación ante la Corte Suprema de la Escuela de Derecho de Stanford. El caso se espera que sea argumentado oralmente en el otoño de 2026.
El fallo que eventualmente emita la Corte no resolverá si la reducción de los beneficios de Johnson es o no constitucional. Lo que definirá es el foro adecuado para que esa discusión se lleve a cabo: si los tribunales federales ordinarios o el sistema especializado creado para los veteranos. La distinción es relevante porque determina el acceso a la justicia para decenas de miles de veteranos que enfrentan situaciones similares en todo el país.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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