Las últimas actualizaciones sobre el plan para eliminar la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.
El tribunal supremo concedió emitir un fallo sobre el fondo de la cuestión, pero faltan algunos meses para conocer la decisión
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LA NACION
La iniciativa de la administración Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres migrantes sin estatus regular permanece en suspenso, en plena disputa judicial. En específico, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió que abordará el fondo de la cuestión, en un caso que podría tener resolución durante el verano boreal de 2026.
Los detalles del debate sobra la ciudadanía por nacimiento, en manos de la Corte Suprema
La Corte Suprema anunció que analizará la constitucionalidad de la orden ejecutiva con la que el presidente Trump intentó restringir la ciudadanía por nacimiento a los hijos de personas que carecen de estatus legal o que solo poseen permisos temporales.
Esta decisión del tribunal, confirmada por Court House News, instaló un debate profundo sobre la interpretación del principio conocido como jus soli, un pilar de la tradición jurídica estadounidense desde fines del siglo XIX.
Según lo estipulado por la propia Enmienda 14, “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción de este país son ciudadanas”. La Casa Blanca, sin embargo, defendió que quienes se encuentran en territorio norteamericano en forma irregular o temporal no estarían plenamente “bajo la jurisdicción” estadounidense, por lo que sus hijos no deberían recibir el beneficio del estatus de ciudadano al nacer.
La administración Trump justificó esta postura al asegurar que la práctica del “turismo de nacimiento” y la llegada de inmigrantes sin autorización redujeron el valor simbólico y legal de la ciudadanía.
Esta interpretación reavivó una controversia que se creía resuelta desde 1898, cuando el caso United States v. Wong Kim Ark estableció que los hijos de inmigrantes no ciudadanos nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos plenos.
El camino judicial de la ciudadanía por nacimiento: fallos adversos, apelaciones y un escenario incierto
La orden ejecutiva de Trump fue emitida el mismo 20 de enero, día en que asumió su nuevo mandato. Su implementación inmediata desencadenó demandas en todo el país norteamericano: madres afectadas, gobiernos estatales y organizaciones defensoras de inmigrantes solicitaron que se frenara la medida antes de que causara daños irreparables, según explicó NBC News.
En reacción, varios tribunales federales dictaron medidas cautelares de alcance nacional que paralizaron el funcionamiento de la orden.
Sin embargo, la Corte Suprema intervino por primera vez meses después, sin pronunciarse sobre el fondo: la constitucionalidad del plan. En un fallo dividido de seis contra tres, la mayoría conservadora anuló los llamados "universal injunctions" o medidas cautelares, que permitían que un solo juez federal bloqueara medidas ejecutivas en todo el territorio.
Con esa decisión, el tribunal máximo abrió la puerta para que la administración Trump pudiera intentar aplicar las restricciones, al menos de manera parcial.
Lejos de facilitar su entrada en vigor, los tribunales inferiores respondieron con nuevas estrategias jurídicas para mantener la orden suspendida. Un tribunal de Maryland, por ejemplo, certificó una clase integrada por los niños que serían afectados por la política, lo que permitió aún frenar la medida sin violar el fallo de la Corte Suprema. En tanto, otros jueces bloquearon la orden dentro de los estados que la impugnaron.
El golpe más fuerte para la administración, según NBC, llegó desde un tribunal de apelaciones, que declaró que la orden ejecutiva violaba la Constitución al despojar de ciudadanía a menores que, según la Enmienda 14, tienen derecho pleno a ella. Frente a esa avalancha de fallos adversos, el gobierno volvió a solicitar la intervención de la Corte Suprema.
En su escrito, el procurador general John Sauer defendió que el plan representa una parte esencial de la política migratoria de la administración y que, como ocurrió con otros programas de gran alcance, el tribunal debe evaluar su validez.
Lo que puede suceder en los próximos meses con la ciudadanía por nacimiento
El caso que analizará la Corte Suprema proviene de New Hampshire y se espera un fallo para fines de junio de 2026. La definición podría conceder al presidente Trump una victoria legal que altere la tradición constitucional o, por el contrario, reafirmar uno de los principios más antiguos y estables del sistema jurídico estadounidense.
Mientras tanto, el escenario permanece congelado: la política anunciada el primer día de mandato no pudo ser aplicada debido a los fallos adversos acumulados. Los demandantes de este caso en particular, que incluyen a dos bebés que serían alcanzados por la medida, esperan que el tribunal confirme la invalidez de la orden y cierre definitivamente el debate.
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