Es residente legal de EE.UU., el ICE destrozó su auto para detenerla y la mandó al hospital: ahora exige US$1 millón

Una mujer con residencia legal permanente en EE.UU. y sus dos hijos, ciudadanos americanos, iniciaron acciones legales contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras un operativo ocurrido frente a un tribunal de Massachusetts. La demanda sostiene que la intervención fue irregular, incluyó uso de fuerza y provocó lesiones físicas, daños materiales y consecuencias psicológicas.

El caso se originó a partir de un operativo realizado en septiembre de 2025 frente al Tribunal de Distrito de Chelsea, en el área metropolitana de Boston. Allí, una mujer de origen latino, identificada como Hilda Ramírez Sanan y residente legal en EE.UU. desde hace más de 20 años, fue interceptada junto a sus hijos adolescentes cuando acompañaban a un familiar a una audiencia judicial.

Ninguno de ellos era el objetivo de una orden judicial ni de un procedimiento migratorio, de acuerdo con la denuncia presentada.

La acción legal fue impulsada por la organización Abogados por los Derechos Civiles (LCR, por sus siglas en inglés), que actuó en nombre de la familia bajo el marco de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA, por sus siglas en inglés).

La presentación fue dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el ICE y constituye un paso previo obligatorio antes de iniciar una demanda federal ante un tribunal de distrito.

“La crueldad extrema e insensata infligida a residentes de Chelsea desde hace mucho tiempo en el corazón de su comunidad debería conmocionarnos y alarmarnos a todos”, declaró Jillian Lenson, abogada principal de LCR, en un comunicado oficial.

“Los agentes de ICE ni siquiera se identificaron, y mucho menos dieron una explicación o una orden judicial, antes de agredir violentamente a la familia”, detalló.

Según el relato incluido en la denuncia, el hecho ocurrió en la mañana del 26 de septiembre de 2025, a pocos metros del edificio judicial de Chelsea.

La familia se encontraba dentro de su vehículo cuando varios automóviles sin identificación oficial bloquearon su paso. En cuestión de segundos, descendieron al menos ocho agentes armados, varios de ellos con el rostro cubierto.

“El comportamiento fue ilegal, descarado e inhumano”, señaló Lenson. De acuerdo con la acusación, los agentes no se identificaron ni explicaron el motivo de la intervención. Tampoco habrían solicitado documentación de manera previa.

En ese contexto, rompieron las ventanillas del lado del conductor, lo que provocó heridas por vidrios rotos en la conductora. El vehículo contaba con una credencial de discapacidad visible, colgada del espejo retrovisor.

La mujer fue retirada del automóvil por la fuerza. La denuncia sostiene que los agentes la esposaron, le torcieron los brazos y la arrojaron al suelo boca abajo.

Todo ocurrió delante de sus hijos, quienes permanecían dentro del vehículo. Uno de ellos, de 13 años, se encuentra dentro del espectro autista y, según el escrito, fue sacado de su asiento sin explicaciones.

Los representantes legales señalan que el menor fue interrogado sobre su estatus migratorio, su edad y su domicilio, mientras manifestaba signos visibles de angustia.

La denuncia agrega que un agente lo habría amenazado con detenerlo si no respondía o no presentaba documentación, a pesar de su condición y su ciudadanía estadounidense.

“Mi familia está destrozada y nunca volverá a ser la misma”, aseguró Hilda Ramírez Sanan. “No sé cómo explicarles a mis hijos por qué el ICE nos trató así”, agregó.

La situación se prolongó hasta que intervinieron agentes de la policía local de Chelsea. Según la denuncia, fueron ellos quienes exigieron a los oficiales federales que verificaran la identidad y el estatus migratorio de la mujer. Una vez confirmada su residencia legal permanente, fue liberada en el lugar.

Como consecuencia del uso de la fuerza, Ramírez Sanan no podía caminar por sus propios medios. Bomberos locales debieron asistirla y trasladarla en silla de ruedas para recibir atención médica. Posteriormente, una ambulancia la llevó junto a sus hijos a un hospital de la zona.

Los informes médicos citados en la presentación legal indican que la mujer sufrió una conmoción cerebral, múltiples hematomas y una lesión en el nervio radial, atribuida a la torsión del brazo durante la detención. Los hijos también fueron evaluados, principalmente por síntomas de shock y estrés agudo.

“Sigo sufriendo a diario por mis heridas”, contó Ramírez Sanan. “Como madre, lo más difícil es ver que mis hijos están asustados y traumatizados. Espero ayudar a evitar que esto les suceda a otras familias inocentes”, agregó.

Además de las lesiones físicas, el vehículo de la familia quedó inutilizado debido a las ventanas destrozadas durante el operativo. El automóvil permaneció estacionado e inutilizable durante varias semanas, lo que obligó a la familia a utilizar transporte alternativo para actividades cotidianas y citas médicas, por lo que asumieron costos adicionales.

La acción legal sostiene que los hechos constituyen violaciones a la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU., al haberse producido detenciones y uso de fuerza sin causa justificada ni orden judicial. También se argumenta que los agentes ignoraron regulaciones federales y estándares internos que rigen los procedimientos de ICE.

Entre los reclamos específicos se incluyen:

• Detención ilegal
• Encarcelamiento falso
• Agresión física
• Daños a la propiedad
• Imposición intencional
• Negligente de angustia emocional

Asimismo, se plantea una responsabilidad por supervisión negligente, al señalar un patrón de prácticas irregulares en operativos migratorios realizados en Massachusetts.

La presentación solicita una compensación económica de US$1 millón en concepto de daños físicos, psicológicos y materiales. La suma incluye gastos médicos, costos de reparación del vehículo, transporte alternativo y el impacto emocional de lo ocurrido.

“La familia merece justicia”, dijo la abogada Lenson. “Seguiremos luchando por la rendición de cuentas y la justicia en nombre de los inmigrantes y sus familias”, finalizó.