Freno al ICE: el fallo legal que favorece a los migrantes que enfrentan la deportación en Nevada
La política que ahora quedó sin efecto obligaba a mantener bajo custodia a gran parte de esas personas, sin permitirles pedir una revisión de su detención
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LA NACION
Un juez federal bloqueó en Nevada una política que permitía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantener detenidos a migrantes en proceso de deportación sin acceso a una audiencia de fianza. La decisión impacta sobre cientos de casos y reabre la posibilidad de pedir libertad mientras avanza el trámite migratorio.
Juez bloquea política del ICE en Nevada: qué cambia para los migrantes
La política cuestionada había sido impulsada durante el primer año de la segunda administración Trump y se aplicaba a personas que habían ingresado a Estados Unidos sin inspección, incluso si llevaban años en ese país y no tenían antecedentes penales.
Bajo esa interpretación, muchos residentes de larga data eran tratados como si recién hubieran llegado a la frontera, lo que permitía a las autoridades migratorias mantenerlos detenidos durante todo el proceso de deportación.
Con la reciente decisión judicial, esa lectura quedó anulada en Nevada. El fallo estableció que esas personas no pueden ser privadas de manera automática de la posibilidad de pedir una fianza ante un juez de inmigración.
“El debido proceso es un valor fundamental del derecho y la democracia estadounidenses”, señaló el director de la Clínica de Inmigración de la UNLV, Michael Kagan, en un comunicado en conjunto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una de las partes demandantes en el caso.
La resolución fue firmada por el juez de distrito Richard Boulware II, quien concluyó que ese esquema de detención obligatoria vulnera la legislación federal y afecta garantías vinculadas al debido proceso.
La medida devuelve a muchos migrantes en Nevada la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza, también conocida como audiencia de redeterminación de custodia, para intentar recuperar la libertad mientras sus casos siguen abiertos.
“Nuestra victoria legal de hoy contra el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia es crucial”, dijo el director ejecutivo de la ACLU de Nevada, Athar Haseebullah.
Quiénes pueden salir bajo fianza tras el fallo contra el ICE
La resolución alcanza a cientos de personas detenidas en el estado y, según estimaciones retomadas por Telemundo, podría permitir que más de 60 migrantes por semana soliciten su liberación.
Eso incluye a personas sin condenas penales, trabajadores, padres de familia y residentes que, hasta ahora, quedaban encarcelados por meses o incluso años mientras esperaban una definición en sus expedientes migratorios.
La importancia del fallo no está en que garantice la salida automática de todos los detenidos, sino en que vuelve a abrir una instancia judicial para discutir caso por caso si corresponde o no mantener a una persona bajo custodia.
“Durante casi un año, el DHS ha causado estragos en las comunidades de Nevada al detener a cualquier persona que ingresara a EE.UU. sin inspección”, señaló la abogada principal de la ACLU, Sadmira Ramic. “Este fallo envía un mensaje claro: el gobierno no puede modificar la ley de inmigración para llevar a cabo su agenda de deportaciones masivas”, agregó.
La demanda que originó el fallo contra el ICE
El caso fue presentado como una demanda colectiva bajo el nombre Jacobo-Ramirez et al. v. Noem. La acción judicial fue impulsada por la ACLU de Nevada, junto con la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada en Las Vegas (UNLV).
Entre los ejemplos citados aparecieron los de Víctor Ramírez y Edgar Alcántar, dos personas que habían llegado al país norteamericano como menores de edad y que no contaban con antecedentes penales. Aun así, fueron privadas de una audiencia para solicitar fianza.
Tras la presentación de la demanda, ambos pudieron acceder a esa instancia, y el caso terminó por convertirse en un cuestionamiento más amplio contra la política aplicada por el gobierno federal.
“Dos de nuestros clientes ahora están en casa con sus familias en lugar de en un centro de detención de inmigrantes gracias a este caso”, dijo Haseebullah. “Seguiremos luchando por las libertades civiles y un sistema legal funcional que trate a las personas con la dignidad que todo ser humano merece”, agregó.
Qué deberá hacer ahora el gobierno tras la orden del juez
La sentencia no solo frena la política, sino que también impone pasos concretos para su implementación dentro de los centros de detención migratoria en Nevada.
- Antes del 7 de abril, el gobierno federal debe colocar avisos visibles en áreas comunes de esos establecimientos para informar a los detenidos sobre el contenido del fallo y sus posibles efectos sobre sus casos.
- Además, para el 14 de abril, las autoridades deberán facilitar formularios y recursos para que las personas privadas de libertad puedan impugnar su detención y reclamar revisión judicial, incluso a través de acciones de habeas corpus.
Previo a la decisión del juez, el gobierno federal buscaba ampliar su capacidad de detención con nuevos recursos presupuestarios y una política orientada a sostener bajo custodia a inmigrantes durante todo el trámite de expulsión.
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