La nueva orden financiera de Trump que podría complicar el envío de remesas a países latinos
Bancos, apps y cooperativas quedarían bajo mayor escrutinio por reglas sobre ITIN, estatus migratorio y autorización laboral
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LA NACION
La administración de Donald Trump emitió una nueva orden ejecutiva que podría tener consecuencias sobre millones de inmigrantes que usan bancos y plataformas digitales para enviar dinero a familiares en países de América Latina. La medida ordena a las entidades financieras reforzar controles sobre clientes extranjeros y personas sin autorización laboral.
Qué establece la orden financiera de Trump para bancos, migrantes e ITIN
Según la orden ejecutiva titulada “Restoring Integrity to America’s Financial System”, la administración republicana sostiene que ciertos movimientos financieros transfronterizos de bajo monto fueron utilizados para financiar actividades ilegales, entre ellas el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la trata de personas y el financiamiento del terrorismo.
El documento afirma, además, que existen riesgos para el sistema financiero derivados de otorgar créditos y servicios bancarios a personas consideradas “inadmisibles” o sujetas a deportación.
La normativa indica que el Departamento del Tesoro deberá emitir, dentro de los próximos 60 días, una advertencia formal a las instituciones financieras sobre posibles señales de fraude asociadas a trabajadores sin autorización laboral y a empresas que los empleen.
Entre los puntos mencionados aparecen estructuras de pagos fuera de los sistemas tradicionales, uso de compañías pantalla, movimientos repetitivos de efectivo y utilización de plataformas de pago entre particulares para evitar controles regulatorios.
La orden también pone el foco sobre el uso del ITIN, el Número de Identificación Personal del Contribuyente que utilizan muchos inmigrantes para pagar impuestos cuando no poseen un número de Seguro Social.
El texto señala que el uso de ese documento para abrir cuentas o acceder a productos financieros podría considerarse un factor de riesgo que justifique una “debida diligencia reforzada”.
Cómo la orden de Trump podría afectar las remesas
Aunque la orden ejecutiva no menciona directamente las remesas enviadas a países latinoamericanos, especialistas y organizaciones migratorias consideran que las nuevas exigencias podrían dificultar las operaciones bancarias de millones de trabajadores extranjeros que transfieren dinero regularmente a sus familias.
De acuerdo con la cobertura de Associated Press, la medida ordena a bancos y reguladores buscar señales de que personas sin estatus legal abran cuentas, obtengan tarjetas de crédito o soliciten préstamos. Esa vigilancia más estricta podría generar mayores controles sobre transferencias internacionales.
El texto firmado por Trump sostiene que incluso servicios financieros básicos pueden ser utilizados para actividades ilícitas si no existen adecuados procesos de “conocer al cliente”.
En esa línea, la Casa Blanca argumentó que el Gobierno no permitirá riesgos para el sistema financiero derivados de otorgar servicios a personas que puedan ser deportadas o que no cuenten con autorización de trabajo.
En muchos países latinoamericanos, las remesas provenientes de Estados Unidos representan una parte central de la economía familiar.
Millones de trabajadores inmigrantes utilizan bancos tradicionales, cooperativas o aplicaciones digitales para enviar dinero a destinos como México, Guatemala, Honduras, El Salvador y República Dominicana.
Según datos analizados por The Dialogue a principios de este año, el 2025 registró un crecimiento en el envío de remesas. Los flujos hacia nueve países de América Latina y el Caribe (Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica y Nicaragua) totalizaron US$158 mil millones.
Qué deberán revisar los bancos sobre estatus migratorio y autorización laboral
La orden ejecutiva instruye además a los reguladores financieros federales a revisar normas vinculadas con la Ley de Secreto Bancario. Entre las medidas que deberán analizarse aparecen:
- Verificación más estricta de la identidad de clientes y beneficiarios de cuentas.
- Posibilidad de solicitar información adicional sobre situación migratoria y autorización laboral.
- Revisión de documentos consulares extranjeros utilizados para abrir cuentas.
- Nuevos criterios de evaluación de riesgo para préstamos y productos financieros.
La administración republicana sostiene que personas sujetas a deportación podrían representar riesgos crediticios porque una eventual pérdida de empleo o expulsión del país norteamericano afectaría su capacidad de pago.
El documento afirma que esa situación puede generar “deficiencias estructurales” en la capacidad de repago de créditos hipotecarios, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito.
Organizaciones migratorias alertan por más personas no bancarizadas tras la orden de Trump
Según señalaron defensores de inmigrantes a Associated Press, existe preocupación por un posible aumento de personas “unbanked”, es decir, individuos que dejan de utilizar bancos por temor a controles migratorios o revisiones de documentación.
Ese escenario podría incrementar el uso de efectivo y de canales informales para enviar dinero al exterior. También podría complicar el acceso a servicios básicos como cuentas corrientes, tarjetas de débito, créditos o transferencias digitales.
Además, un estudio del Urban Institute, citado por Associated Press, estimó que entre 5000 y 6000 hipotecas fueron otorgadas a clientes con ITIN. El informe remarca además que los bancos ya muestran fuertes reticencias a otorgar préstamos a este grupo de personas.
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