“Robo de propiedades a migrantes”: la dura crítica de Crockett a Trump por su plan de multa de casi US$1000 diarios
La congresista acusó de promover medidas autoritarias al presidente de Estados Unidos, que plantea castigos económicos para quienes permanezcan en el país norteamericano pese a órdenes de deportación
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LA NACION
Donald Trump propuso aplicar multas de hasta 998 dólares diarios a migrantes con orden de deportación que permanezcan en Estados Unidos. En la misma propuesta mencionó la confiscación de propiedades de quienes no paguen. La congresista por Texas, Jasmine Crockett, criticó duramente esta iniciativa, que forma parte del nuevo plan migratorio del mandatario, y sostuvo: “Fomenta el fascismo”.
Trump planea multas diarias de casi US$1000 para migrantes con orden de deportación
La administración Trump prevé cobrar multas de hasta US$998 por día a migrantes con orden final de deportación que no abandonen EE.UU. La medida afectaría a 1,4 millones de personas, según documentos a los que accedió Reuters. El plan contempla aplicar las sanciones de forma retroactiva por hasta cinco años.
Un alto funcionario del gobierno federal que solicitó anonimato, confirmó a la agencia internacional de noticias que los montos podrían superar el millón de dólares por persona. La base legal se remonta a una ley de 1996, utilizada por primera vez en 2018, durante el primer mandato de Trump.
Confiscación de propiedades: una estrategia que ya genera rechazo
La Administración Trump analiza confiscar bienes de quienes no paguen las multas. Según correos electrónicos revisados por Reuters, la Casa Blanca presiona a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para ejecutar esta acción. También considera involucrar a la División de Incautación de Bienes del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).
La medida podría afectar a hogares con estatus migratorio mixto, donde conviven ciudadanos estadounidenses y migrantes sin papeles. Según la organización FWD.us, en Estados Unidos viven aproximadamente 10 millones de personas en estas condiciones.
La crítica de Jasmine Crockett: “No se trata de seguridad fronteriza”
La congresista demócrata Jasmine Crockett acusó a Trump de impulsar una retórica fascista. En su cuenta de X escribió: “Seamos claros: el plan de Trump de multar a los migrantes con US$998 al día y robarles sus propiedades no tiene que ver con la seguridad fronteriza”.
Crockett integra la Cámara de Representantes por Texas y sus declaraciones se suman a las críticas de activistas y expertos en políticas migratorias. “Se trata de promover una retórica basada en el miedo, y está fomentando el fascismo”, concluyó.
Las multas diarias afectarían principalmente a migrantes de bajos ingresos. Un análisis del Migration Policy Institute, basado en datos del Censo 2019, indicó que el 26% de los hogares con inmigrantes no autorizados viven por debajo del umbral de pobreza.
Disputa entre agencias federales por la aplicación de las multas
La CBP y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) discrepan sobre quién debe aplicar el plan de multas y confiscaciones. Correos internos revelaron que el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y Stephen Miller, asesor clave de Trump, impulsan que CBP administre el sistema. Sin embargo, la agencia argumentó que no cuenta con los recursos necesarios.
Un memorando de esa agencia, fechado el 1 de abril, advirtió que deberían contratar al menos 1000 especialistas legales, cuando actualmente tienen 313, por lo que consideró que el ICE debería ocuparse. También mencionó que actualizar sus sistemas implicaría costos altos y demoras importantes.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) instruyó a los migrantes a usar la aplicación móvil CBP Home para abandonar el país norteamericano por cuenta propia.
Tricia McLaughlin, vocera del DHS, explicó que quienes no se autodeporten enfrentarán las consecuencias. “Esto incluye una multa de US$998 diarios por cada día de permanencia tras la orden final de deportación”, dijo a Reuters.
Más allá de la amenaza, el gobierno de Trump no fijó una fecha para iniciar la aplicación de las multas. El DHS evitó hacer comentarios sobre la participación de Miller ni sobre las dificultades técnicas del sistema. Sin embargo, los documentos internos muestran una presión creciente desde la Casa Blanca para acelerar su implementación.
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