SCAM Act: qué dice el proyecto de ley respaldado por la Casa Blanca para revocar la ciudadanía estadounidense
Se trata de una propuesta del senador republicano Eric Schmitt y se apoya en fallos previos de la Corte Suprema
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LA NACION
Una iniciativa impulsada por el senador republicano Eric Schmitt, denominada Stop Citizenship Abuse and Misrepresentation Act, siglas de SCAM Act, propone ampliar y clarificar las causales que habilitan al gobierno federal a iniciar procesos de desnaturalización. La propuesta apunta contra aquellos que, tras haber jurado lealtad, incurran en delitos graves, fraudes a gran escala o vínculos con organizaciones terroristas.
Qué propone el SCAM Act sobre la desnaturalización ciudadanos estadounidenses
El núcleo del proyecto apunta a expandir las bases legales que permiten al Estado iniciar un proceso de revocación de la ciudadanía. La ley no crea el mecanismo de desnaturalización, que ya existe en la legislación estadounidense, sino que redefine y amplía los supuestos bajo los cuales determinadas conductas posteriores a la naturalización pueden ser utilizadas como prueba de que el beneficio fue obtenido de manera ilegal.
El proyecto establece que ciertas acciones cometidas dentro de los diez años posteriores a la naturalización podrán considerarse evidencia suficiente de que la persona nunca cumplió con los requisitos exigidos al momento de convertirse en ciudadano. Entre ellas figuran:
- Participar en actos vinculados a un fraude sustancial contra programas de asistencia o bienestar financiados por gobiernos federales, estatales o locales.
- Afiliarse a una organización terrorista extranjera oficialmente designada.
- Cometer actos relacionados con delitos agravados o espionaje.
Según el texto del SCAM Act, estas conductas funcionarían como prueba suficiente de que el proceso de naturalización estuvo viciado por ocultamiento de información relevante o por tergiversaciones deliberadas.
Según indicaron desde Fox News, la legislación propuesta cuenta con el respaldo de la Casa Blanca. Stephen Miller, subjefe de gabinete de políticas y asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, elogió el proyecto de ley.
El contexto que impulsó la iniciativa de desnaturalización
El proyecto fue presentado el 19 de enero de 2026 en el Senado y, según el material de prensa difundido por la oficina de Schmitt, surge como respuesta directa a lo que el legislador define como “fraude rampante” detectado en Minnesota.
En particular, se menciona el escándalo conocido como Feeding Our Future, un esquema que involucró a más de 70 acusados, entre ellos varios ciudadanos naturalizados, que defraudaron al menos 250 millones de dólares de un programa federal de nutrición infantil.
De acuerdo con el resumen de la norma, parte de esos fondos terminó en gastos de lujo irrecuperables, como viajes, o fue transferido al exterior mediante remesas hacia los países de origen de algunos de los implicados.
Para Schmitt, estos hechos no son episodios aislados, sino la evidencia de un problema más amplio. “La ciudadanía estadounidense es un privilegio”, sostuvo el senador al presentar la ley.
El fundamento legal del proyecto de ley para ampliar condiciones de desnaturalización
El resumen de la norma dedica un extenso apartado a explicar cómo encaja la iniciativa dentro del marco jurídico vigente. La legislación estadounidense exige que todo aspirante a la ciudadanía demuestre tres condiciones básicas: buen carácter moral, adhesión a los principios de la Constitución y disposición favorable al buen orden y la felicidad de Estados Unidos.
El documento recuerda fallos históricos de la Corte Suprema que sostienen que ningún extranjero tiene derecho automático a la naturalización y que todo certificado de ciudadanía está condicionado a que haya sido otorgado conforme a la ley.
En ese sentido, la desnaturalización es concebida como un proceso civil mediante el cual el gobierno puede anular un trámite anterior si demuestra, con pruebas claras y convincentes, que fue obtenido ilegalmente o mediante engaño.
SCAM Act retoma un mecanismo probatorio ya validado por la Corte Suprema, según el cual ciertas conductas posteriores a la naturalización pueden utilizarse como indicio suficiente de que el solicitante ocultó información relevante al momento de jurar como ciudadano. La propuesta amplía ese criterio para incluir fraudes masivos a programas de asistencia, vínculos con organizaciones terroristas y delitos de extrema gravedad.
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