En Texas: quiénes son los empresarios mexicanos acusados de dar millonarios sobornos en EE.UU.
Uno ya se encuentra detenido y compareció ante la Justicia, mientras que el otro permanece prófugo; ambos habrían realizado transferencias y regalos costosos para asegurar contratos
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Dos empresarios mexicanos que residían en Texas quedaron en el centro de un escándalo judicial en Estados Unidos tras ser acusados de pagar sobornos millonarios para asegurar contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial Pemex Exploración y Producción (PEP). Según el Departamento de Justicia, la maniobra incluyó regalos de lujo, dinero en efectivo y vínculos con grupos delictivos, en una trama que habría distorsionado el proceso de licitación para favorecer a empresas vinculadas a uno de los acusados.
Quiénes son los empresarios mexicanos y de qué se los acusa
La Fiscalía del Distrito Sur de Texas reveló que Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, residente en The Woodlands, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, de 61 y con domicilio en Spring, enfrentan cargos por conspirar y violar de manera sustantiva la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), la ley federal que prohíbe a personas y empresas sobornar a funcionarios extranjeros para obtener ventajas comerciales.

De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2019 y 2021, los empresarios habrían coordinado pagos por al menos 150 mil dólares en efectivo y obsequios costosos a tres funcionarios de Pemex y PEP para que manipularan procesos internos y adjudicaran contratos a compañías asociadas con Rovirosa.
- Rovirosa Martínez: ciudadano mexicano, residente legal permanente en Estados Unidos, es señalado como el principal beneficiario de los contratos y con presuntos vínculos con integrantes de carteles mexicanos. Fue arrestado y ya compareció ante un juez.
- Ávila Lizárraga: también ciudadano mexicano y residente permanente en EE.UU., acusado de participar directamente en la entrega de pagos y en la planeación de la operación. Permanece prófugo y es buscado por las autoridades, informaron desde el Departamento de Justicia.
Ambos enfrentan un cargo de conspiración y tres cargos por violaciones sustantivas de la FCPA. Cada uno podría recibir hasta cinco años de prisión por cada cargo si se los declara culpables.
El mecanismo por el cual se habrían llevado a cabo los sobornos
La investigación, liderada por el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), detalla que los acusados recurrieron a diversos métodos para encubrir las transferencias ilegales y ofrecer beneficios indebidos a funcionarios mexicanos.
Entre los regalos y pagos documentados se incluyeron:
- Artículos de lujo de marcas como Louis Vuitton y Hublot.
- Transferencias en efectivo por montos significativos.
- Otros bienes valiosos cuya entrega buscaba influir directamente en decisiones de contratación.
Estos beneficios, según la acusación, aseguraron contratos con PEMEX y PEP por un valor mínimo de US$2,5 millones, lo que otorgó ventajas competitivas a empresas vinculadas con Rovirosa y alteró la libre competencia en licitaciones internacionales.
El rol de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
La FCPA, promulgada en 1977 y modificada en 1998, prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses —así como a extranjeros que actúen dentro del territorio de EE.UU.— ofrecer o entregar dinero o bienes de valor a funcionarios de gobiernos extranjeros con el objetivo de obtener o mantener negocios.
Además, exige que las corporaciones mantengan registros contables precisos y sistemas de control interno que prevengan irregularidades.
Según la definición del Departamento de Justicia, esta ley busca:
- Evitar que las empresas obtengan contratos mediante pagos indebidos.
- Garantizar transparencia en los registros financieros.
- Aplicar sanciones tanto a personas físicas como jurídicas involucradas en prácticas corruptas.
En este caso, la Fiscalía sostiene que Rovirosa y Ávila violaron repetidamente la FCPA al utilizar medios de comercio interestatal, entre los que se incluyen transferencias y comunicaciones electrónicas, para facilitar sobornos a funcionarios mexicanos.
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