Freno judicial a Abbott en Texas: desde la ley de apps hasta la frontera, así quedaron las normas suspendidas en 2025
Distintos fallos pusieron un alto parcial o total a la implementación de disposiciones migratorias, religiosas, electorales y de consumo
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LA NACION
Durante 2025, varias de las iniciativas legislativas promulgadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quedaron atrapadas en una compleja batalla judicial. Algunas fueron frenadas por la Justicia de manera definitiva y otras quedaron suspendidas de forma provisoria.
SB 4: freno judicial a una de las leyes migratorias más duras de Texas
Una de las apuestas más fuertes de la administración Abbott fue la Senate Bill 4, una ley de inmigración aprobada en 2023 que pretendía otorgar a la Policía local la facultad de detener a personas sospechadas de haber cruzado de manera irregular la frontera entre Texas y México. Sin embargo, fue bloqueada de inmediato, lo que dio inicio a una extensa batalla judicial.
En julio de 2025, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, determinó que la norma es inconstitucional y mantuvo bloqueada su aplicación.
El fallo, adoptado por dos votos contra uno, sostuvo que la SB 4 entraba en conflicto directo con la legislación federal y con el rol exclusivo del gobierno nacional en materia migratoria.
En su resolución, los magistrados remarcaron que, desde hace casi 150 años la Corte Suprema reconoce que el control del ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros corresponde únicamente al ámbito federal, una definición que dejó sin margen a la iniciativa texana.
Qué establecía la SB 4 y por qué fue frenada
- Convertía en delito estatal el cruce de la frontera fuera de los puertos de entrada oficiales.
- Permitía a agentes locales arrestar a personas si consideraban que existían pruebas de un cruce irregular del Río Grande.
- Preveía sanciones de hasta seis meses de cárcel para una primera infracción y penas que podían llegar a 20 años de prisión en casos reincidentes.
- Obligaba a los jueces, tras el cumplimiento de la condena, a ordenar el traslado del migrante a un puerto de entrada para su expulsión del país.
La norma fue impugnada inicialmente por la administración Biden, que obtuvo un fallo favorable en primera instancia.
Aunque el gobierno federal retiró luego su demanda, el litigio continuó por la acción del condado de El Paso y de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como American Gateways y Las Americas Immigrant Advocacy Center.
Según informó The Texas Tribune, ese frente judicial resultó clave para mantener viva la causa y lograr que la SB 4 siguiera bloqueada.
SB 10: los Diez Mandamientos en las aulas públicas
Otra ley impulsada en el entorno político de Abbott fue la SB 10, que obligaba a exhibir los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas de Texas. A lo largo de 2025, esta iniciativa acumuló reveses judiciales que pusieron en duda su viabilidad constitucional y derivaron en órdenes concretas para retirar los carteles religiosos.
El primer freno llegó en agosto, cuando el juez Fred Biery ordenó una restricción preliminar de la implementación de la ley. Esto se produjo luego de que un grupo de 16 familias presentaran una demanda colectiva.
Para noviembre, el juez federal Orlando L. García dictó una medida cautelar que obligó a varios distritos escolares a quitar las exhibiciones antes del 1° de diciembre y prohibió la colocación de nuevos afiches.
El fallo, comunicado por ACLU, fue categórico al señalar que mostrar los Diez Mandamientos en un aula pública, tal como lo establecía la SB 10, violaba la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda.
A su criterio, resultaba “impracticable” evitar que las familias demandantes quedaran expuestas a símbolos religiosos no deseados sin bloquear la aplicación de la ley.
- Las demandas fueron presentadas por familias religiosas y también no religiosas.
- Dos jueces federales calificaron la ley como “claramente inconstitucional”.
- Organizaciones como la ACLU de Texas y Americans United for Separation of Church and State representaron a los demandantes.
A principios de diciembre, el conflicto escaló con la presentación de una demanda colectiva que buscó impedir la aplicación de la SB 10 en todos los distritos escolares que no estaban alcanzados por las medidas cautelares previas.
Las familias argumentaron que el Estado no podía imponer una versión oficial de un texto religioso y que esa práctica generaba exclusión y presión indebida sobre los estudiantes.
Mientras tanto, las órdenes judiciales siguen vigentes a la espera de una revisión más amplia por parte del Quinto Circuito.
Mapas electorales: bloqueo inicial y aval de la Corte Suprema
El rediseño de los mapas congresionales fue otro frente de conflicto legal. En 2025, la Legislatura de Texas aprobó un nuevo esquema de distritos con el objetivo de otorgar a los republicanos hasta cinco bancas adicionales en la Cámara de Representantes.
La iniciativa fue impulsada tras una instrucción directa de Abbott para redibujar las líneas a mitad de la década.
Un tribunal federal de tres jueces en El Paso consideró inicialmente que el mapa constituía un caso de manipulación racial del trazado electoral y ordenó su bloqueo.
Sin embargo, el estado apeló rápidamente y la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que el esquema entrara en vigencia para las elecciones de medio término de 2026.
- La Corte Suprema priorizó la cercanía de los plazos electorales y la necesidad de reglas claras.
- Se evitó volver al mapa de 2021 para no generar confusión administrativa.
SB 2420: restricciones al uso de tiendas de aplicaciones
El último gran revés judicial de 2025 para una ley firmada por Abbott fue la SB 2420, destinada a regular el acceso de menores a las tiendas de aplicaciones digitales.
La norma establecía verificación de edad y exigía consentimiento parental para descargas o compras dentro de las apps, con el argumento de proteger a los niños en entornos digitales.
Un juez federal, Robert Pitman, dictó una orden que suspendió su entrada en vigencia al considerar que varios de sus artículos eran vagos y excesivamente amplios.
En su fallo, comparó la ley con un hipotético requisito que obligara a todas las librerías a verificar la edad de cada cliente al ingresar, una analogía que subrayó el impacto desproporcionado sobre la libertad de expresión, según indicó ABC12.
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