Preocupación en Texas: qué dice la política del ICE sobre detener a mujeres embarazadas
En un contexto de operativos migratorios más frecuentes, un reciente arresto reactivó el debate sobre el alcance de la política de la agencia federal
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LA NACION
La detención de Isabel Urdaneta Hernández en un puesto de control en McAllen, Texas, abrió interrogantes sobre la aplicación de las reglas que regulan las custodias migratorias de aquellas en estado de gestación, periodo posparto o lactancia. La mujer, con cuatro meses de embarazo, fue retenida por autoridades federales junto con su pareja, Manuel Alejandro López, cuando ambos se dirigían a retirar un vestido de novia.
Texas: polémica detención de una mujer embarazada por parte del ICE
Según denunciaron sus allegados, desde su ingreso a la custodia migratoria, Urdaneta Hernández no recibió las condiciones adecuadas para su estado. Relataron que duerme en el piso y que no accedió a una alimentación compatible con sus necesidades médicas.
La mujer fue trasladada a un centro de detención en Raymondville, mientras que su pareja quedó bajo supervisión de la Patrulla Fronteriza.
“Llamaba llorando y decía ‘no siento a la bebé’ y eso, no sabes cómo yo le pedía a Dios. Al día siguiente pidió ver a un médico, le tomaron la atención mientras hablaba con nosotros y luego tuvo que colgar”, dijo su mamá en una entrevista con Univision.
Este caso se desarrolla mientras organizaciones y especialistas en derecho migratorio advierten sobre un incremento en la detención de mujeres embarazadas, en posparto o en lactancia en diversas instalaciones.
Este aumento contrasta con una política del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que desde 2021 limita este tipo de arrestos.
Qué dice la política del ICE sobre detener a mujeres embarazadas, posparto o en lactancia
En 2021, el ICE adoptó una directiva que restringe la detención, arresto o custodia de personas embarazadas, en el primer año posparto o en periodo de lactancia por infracciones administrativas de inmigración.
Esta norma, identificada como Directiva 11032.4, busca garantizar criterios uniformes en instalaciones de detención y servicios de salud del organismo.
La regulación indica que la agencia no debe realizar estos arrestos, salvo en dos situaciones: cuando la ley impide la liberación o en circunstancias excepcionales. Esta última se define como aquellas en las que la persona represente un riesgo para la seguridad nacional o un peligro inminente para terceros.
En esos supuestos, la aprobación debe provenir del director de la oficina de campo o de un funcionario de nivel equivalente.
La política también ordena evaluaciones periódicas para determinar si el arresto sigue siendo necesario. Establece que las instalaciones deben contar con servicios médicos y de salud mental adecuados para la etapa prenatal o posnatal.
Además, indica que las alternativas al arresto no deben incluir dispositivos de monitoreo por radiofrecuencia o GPS para personas embarazadas o en lactancia.
El caso de la mujer embarazada arrestada por el ICE en Texas
Familiares de Urdaneta Hernández afirmaron que, al momento de la detención, las autoridades rompieron un permiso temporal de trabajo que llevaba consigo y le comunicaron que los procedimientos de asilo habían sido eliminados. “De que Trump quitó el asilo, eso no es verdad. No tienen que mentir y poner miedo a las personas y más a una que está embarazada”, señaló su madre.
De acuerdo con su entorno, la pareja administra un negocio de repostería en Texas y ambos mantienen procesos de asilo pendientes.
Aseguraron que contaban con una licencia de conducir vigente al momento del arresto. Sus allegados argumentan que estos elementos deberían haber permitido una revisión distinta del caso.
La ACLU alerta aumento de embarazadas detenidas pese a la política restrictiva del ICE
Diversas organizaciones de derechos civiles documentaron en los últimos meses un aumento de embarazadas en centros de detención migratoria.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) informó que se entrevistó con más de una docena de mujeres en distintas instalaciones que presentaron problemas similares: atención médica limitada, falta de seguimiento prenatal y condiciones que no cumplen con estándares mínimos.
En su informe, la ACLU señaló que algunas personas privadas de libertad describieron episodios de abortos espontáneos, falta de acceso a vitaminas prenatales, restricciones físicas durante incidentes médicos y ausencia de traductores en las consultas.
La organización sostuvo que estas prácticas contravienen la política interna del ICE y pidió la liberación de toda mujer embarazada, en posparto o en lactancia bajo custodia.
Datos proporcionados por la propia agencia reconocieron que, en abril de 2025, al menos 14 mujeres en gestación se encontraban detenidas en un centro ubicado en el sur de Luisiana. Según la ACLU, esta cifra se ajusta a una tendencia más amplia que afecta a personas que, según las normativas federales, deberían recibir una medida alternativa al arresto.
El abogado de inmigración, Pedro Chávez, indicó a Univision que algunas prácticas dentro de los operativos migratorios están modificando la interpretación de la directiva de 2021. Explicó que mujeres embarazadas o en lactancia deben estar preparadas.
“Prepare sus evidencias de su estatus físico. Si estás recién embarazada y todavía no es notorio, lleva contigo unas fotos de tu ultrasonido o una carta de tu médico”, recomendó el abogado.
Chávez también advirtió que las detenciones pueden producirse incluso si la persona ha informado su estado. Consideró que este escenario exige que las familias tengan a mano documentación médica de forma permanente para evitar traslados innecesarios a los centros.
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