Triunfo migrante: una jueza federal bloquea la base de datos de ciudadanía pedida por Trump
El expediente incluyó casos en Texas donde votantes recibieron avisos para probar su nacionalidad estadounidense y evitar la baja del padrón
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LA NACION
La jueza federal Sparkle Sooknanan anuló el 22 de junio la ampliación del Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés). La reforma había sido impulsada tras una orden ejecutiva de Donald Trump y permitía usar registros del Seguro Social, información sensible y consultas masivas para revisar padrones electorales.
SAVE y Trump: qué decidió la jueza Sparkle Sooknanan
La decisión dictada por Sooknanan favoreció a League of Women Voters, sus filiales estatales y al Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC, por sus siglas en inglés), que cuestionaron el rediseño de la herramienta federal.
La magistrada dejó sin efecto el SAVE modificado de 2025. El caso había sido asignado originalmente al juez James Boasberg antes de pasar a manos de Sooknanan. También anuló los avisos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), que habían formalizado la expansión.
El fallo sostuvo que las agencias federales crearon un banco centralizado con información privada de ciudadanos estadounidenses. Entre esos registros figuraban números de Seguro Social, condición de ciudadanía y otros datos protegidos.
League of Women Voters celebró en un comunicado el fallo. Marcia Johnson, directora de activación y justicia de la organización, dijo: “Los esfuerzos para crear una base federal de votantes para facilitar purgas electorales amenazan el derecho fundamental en el corazón de nuestra democracia”.
Joan Porte, presidenta de League of Women Voters of Virginia, afirmó que la decisión protege a votantes frente a un sistema ilegal y propenso a errores. Según dijo, nadie debería temer que un registro incorrecto o un error burocrático ponga en riesgo su inscripción.
M. Christian Green, presidenta de la sede en Louisiana, afirmó que el fallo marca un límite al uso indebido de información personal por parte del gobierno federal. También remarcó que las agencias deben respetar la privacidad y la seguridad de todos los votantes.
Orden ejecutiva de Trump: origen del conflicto por SAVE
El conflicto comenzó tras una orden ejecutiva firmada por Trump el 25 de marzo de 2025. El texto se tituló “Preservar y Proteger la Integridad de las Elecciones Estadounidenses” y pidió a agencias federales facilitar herramientas para verificar la ciudadanía de personas registradas para votar o en proceso de inscripción.
A partir de esa instrucción, el DHS y la SSA firmaron un acuerdo para conectar SAVE con archivos del Seguro Social. La modificación se lanzó públicamente el 22 de mayo de 2025, sin aviso previo ni período de comentarios antes de su aplicación. Sooknanan aseguró que las agencias actuaron con prisa para cumplir la orden ejecutiva.
DHS y SSA: los cambios que ampliaron el sistema SAVE
SAVE existía desde 1986. Su uso tradicional apuntaba a confirmar estatus migratorio o nacionalidad para beneficios públicos, licencias, subsidios, credenciales oficiales o controles de antecedentes. La reforma de 2025 cambió ese alcance. La jueza identificó tres modificaciones principales en la herramienta:
- Registros de ciudadanos nacidos en Estados Unidos: la versión anterior no incluía de forma general a personas nacidas en el país norteamericano, salvo casos puntuales vinculados a trámites migratorios.
- Acceso a archivos del Seguro Social: la nueva modalidad incorporó datos de la SSA, con números completos o parciales de Seguro Social.
- Consultas masivas: los usuarios autorizados podían cargar listas con múltiples casos y revisar grandes grupos de personas.
Estos cambios permitían a autoridades estatales y locales usar la plataforma para revisar padrones. Para la jueza, esa ampliación transformó una plataforma migratoria en un mecanismo federal de verificación electoral.
Ciudadanos naturalizados: cómo los datos de la SSA podían afectar el padrón
Uno de los puntos centrales del caso fue el impacto sobre ciudadanos naturalizados. La jueza explicó que la SSA no siempre tiene información actualizada sobre cambios de estatus migratorio o ciudadanía. Una persona pudo pedir su número de Seguro Social antes de naturalizarse. Si luego no actualizó ese dato ante la agencia, el archivo podía marcarla como no ciudadana pese a su situación real.
Por eso, SAVE podía devolver resultados incorrectos. El fallo recalcó que esos errores podían activar pedidos de prueba adicional, cancelaciones de registros electorales o investigaciones estatales. La magistrada rechazó el argumento del gobierno de que una clasificación equivocada no causaba un daño grave porque la mera sugerencia de no ciudadanía puede generar consecuencias severas, tanto para ciudadanos naturalizados como para nacidos en Estados Unidos.
Texas y SAVE: los votantes que recibieron avisos de ciudadanía
La demanda incluyó testimonios de personas afectadas por los cruces de información. Entre ellas figuró J. Doe 1, una profesora universitaria de Texas y ciudadana naturalizada, cuyos datos del Seguro Social fueron incorporados a SAVE con una marca incorrecta de no ciudadanía.
La demanda original se presentó el 30 de septiembre de 2025. El expediente también mencionó a votantes que recibieron avisos para demostrar su ciudadanía. Algunos tuvieron que presentar documentos dentro de plazos fijados por autoridades electorales para conservar su inscripción. Otros casos llegaron a cancelaciones de registro. Para el tribunal, esas consecuencias demostraban que el uso de información inexacta no era un riesgo hipotético, sino un problema real dentro del proceso electoral.
Ley de Seguridad Social: el límite legal al uso de datos de la SSA
Sooknanan sentenció que el SAVE modificado violó la Ley de Seguridad Social. Esa norma protege los números de Seguro Social y registros relacionados frente a divulgaciones no autorizadas. A su vez, señaló que no había dudas de que la herramienta ampliada exponía esos archivos. El problema no era solo la consulta del número, sino también el empleo de información asociada que la SSA había recibido para otros fines.
El gobierno intentó justificar el intercambio con normas migratorias. La magistrada rechazó esa defensa porque esas leyes no autorizaban a crear un banco nacional ni a ignorar límites fijados por el Congreso.
Ley de Privacidad de 1974: por qué cayó la ampliación de SAVE
El veredicto también concluyó que las agencias violaron la Ley de Privacidad de 1974. Esa norma protege a las personas frente al uso y la divulgación de registros personales sin consentimiento. Para el tribunal, la SSA había recopilado datos con fines vinculados al Seguro Social, empleo y beneficios. Su reutilización para verificar padrones no era compatible con ese objetivo inicial.
La jueza subrayó que la ley exige avisos claros cuando una agencia crea o modifica un sistema de registros. También exige una oportunidad real de comentarios antes de aplicar un nuevo uso de la información.
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