Retrocede el ICE en Virginia: la primera orden de Abigail Spanberger tras asumir la gobernación
La medida derogó la norma anterior, que requería que las fuerzas del orden estatales y locales destinaran sus recursos a la aplicación de las leyes federales de inmigración civil
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LA NACION
En su primer día al mando de Virginia, la gobernadora Abigail Spanberger tomó varias medidas. Entre ellas, hay una que apunta a frenar la colaboración con las fuerzas de seguridad de la administración Trump. Al derogar la orden ejecutiva 47, firmada por Glenn Youngkin, la demócrata puso fin al envío de recursos para la aplicación de las leyes federales de inmigración.
Abigail Spanberger asumió como gobernadora de Virginia y frenó la colaboración con el ICE
Spanberger tomó posesión del cargo el sábado 17 de enero para convertirse en la primera mujer gobernadora de Virginia. Durante esa jornada, avanzó con varias propuestas y derogó la Orden Ejecutiva 47, que exigía a los policías locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Sé que muchos de ustedes están preocupados por la imprudencia que surge en Washington D.C. Les preocupan las políticas que perjudican a nuestras comunidades, recortan el acceso a la atención médica, ponen en peligro los hospitales rurales y aumentan los costos”, expresó durante su asunción.
La derogación de la Orden Ejecutiva 47, según especificó su oficina en el sitio web oficial, interrumpe la medida que exigía y alentaba a las fuerzas del orden estatales y locales a destinar sus recursos a la aplicación de las leyes federales de inmigración.
En el mensaje, sostuvo que “garantizar la seguridad pública en Virginia requiere que las fuerzas del orden estatales y locales se concentren en sus responsabilidades principales”. De esta manera, los agentes se enfocarán en:
- Investigar y disuadir la actividad delictiva.
- Dotar de personal a las cárceles.
- Fomentar la participación comunitaria.
“En Virginia, nuestros vecinos inmigrantes que trabajan duro y respetan la ley sabrán que cuando decimos que nos centraremos en la seguridad de todos nuestros vecinos, nos referimos a ellos también”, manifestó en un mensaje a la comunidad migrante que reside en la jurisdicción.
En esa línea, expresó que “no se debería obligar a las fuerzas del orden estatales y locales a desviar sus limitados recursos para hacer cumplir las leyes federales de inmigración civil“.
Las críticas a la decisión de Spanberger de frenar la colaboración con el ICE en Virginia
En la semana previa a la asunción de Spanberger, el entonces gobernador Youngkin aseguró en diálogo con ABC News7 que la colaboración con el gobierno federal hizo que “Virginia sea mucho más segura”. Luego, destacó los logros de su gestión mediante la alianza con la administración Trump.
“La colaboración con el gobierno federal ha sido clave para todos nuestros logros en la reducción de muertes por sobredosis de fentanilo, donde hemos liderado a la nación, y ha sido fundamental para arrestar a delincuentes violentos. Esas colaboraciones son cruciales, y no colaborar con el gobierno federal sería un error”, aseguró.
Por su parte, el fiscal general saliente, Jason Miyares, cuestionó la decisión de la gobernadora. “Al ordenar a nuestras fuerzas del orden locales que dejen de colaborar con las agencias federales, nuestras calles se han vuelto menos seguras de un plumazo. Esto es un desastre para la seguridad pública de la Mancomunidad”, escribió en un mensaje en su cuenta de X.
En tanto, consideró que a partir de la decisión de Spanberger “habrá virginianos que serán robados, violados y asesinados”.
Las órdenes ejecutivas de Abigail Spanberger para reducir el costo en Virginia
Al margen de la decisión de limitar la cooperación con el ICE, la gobernadora también firmó otras órdenes ejecutivas que se centran en reducir el costo de vida para los virginianos.
Según detalló en un comunicado de prensa, la primera es la Directiva de Asequibilidad Estatal. Esta ordena a los secretarios de gobierno y a todas las agencias del poder ejecutivo que presenten informes en un plazo de 90 días para identificar cambios presupuestarios, regulatorios o de políticas inmediatos y viables que reducirían los costos para los virginianos.
Allí se deben abordar los ahorros en áreas como vivienda, atención médica, energía, educación, cuidado infantil y gastos básicos, como los alimentos.
Además, la Revisión del Reglamento de Desarrollo de Vivienda encarga una verificación para eliminar requisitos innecesarios, agilizar las aprobaciones y flexibilizar las barreras a la producción de casas.
También establece una Comisión para el Desbloqueo de la Producción de Viviendas, que asesorará a la gobernadora sobre estrategias para aumentar la oferta de inmuebles.
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