Avanza la causa para determinar si una quinta de Pilar con helipuerto es de los directivos de la AFA
El juez Rafecas levantó el secreto bancario de supuestos testaferros y tasar y peritar la casa sospechosa
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LA NACIONHernán Cappiello
El juez federal Daniel Rafecas avanzó este viernes por la noche con la denuncia de la Coalición Cívica (CC) para determinar si una fastuosa casa quinta con helipuerto situada en Pilar y una bodega, pertenecen de autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o están a nombre de testaferros. Rafecas ordenó peritar y tasar la casona de Villa Rosa, en el municipio del norte de la provincia de Buenos Aires.
A instancias del fiscal Ramito González, y actuando como juez provisorio, hasta que se defina definitivamente la competencia, Rafecas dispuso investigar a Luciano Nicolás Pantano y a Ana Lucía Conte, como también a la empresa Real Central SRL, mencionados como responsables del inmueble.
Pantano y Conte serían los dueños de Real Central SRL, una empresa que habría adquirido una propiedad, ubicada en Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados, según la denuncia de la CC.
Se tratarían de personas con un perfil económico que no se condice con la propiedad adjudicada a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA, o al tesorero, Pablo Toviggino. La casa quinta cuenta con pista de entrenamiento para caballos, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera, un helipuerto propio y múltiples instalaciones deportivas. Además, la denuncia mencionó la existencia de automóviles de colección.
El juez no dispuso el allanamiento de la vivienda, ya que no está acreditado un vínculo entre la sociedad y la casa y no hay elementos mínimos para ordenarlo.
El juez le pidió a ARCA un perfil de quienes aparecen como dueños, y a la Inspección General de Justicia (IGJ), que remita toda información sobre la firma Real Central SRL y si surge en sus registros que Pantano y Conte integran alguna sociedad más allá de esta.
El juez quiere saber si los dos investigados, Pantano y Conte, tienen otras propiedades, autos, aviones, o embarcaciones. También quiere conocer sus cuentas bancarias, movimientos de fondos, transferencias, o productos y servicios adquiridos.
El juez levantó el secreto bancario de ambos y le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le informe si existen en su base de datos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre ellos.
Con respecto a la propiedad, el juez ordenó “un exhaustivo peritaje sobre el inmueble que se individualiza en la denuncia y toda la infraestructura existente en dicho lugar, con objeto de establecer una valuación económica del mismo, conforme los valores actuales del mercado inmobiliario”.
Además, el juez pidió al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que designe un perito tasador y lo mismo Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro.
Como levantó el secreto fiscal, bancario y bursátil, pidió a ARCA un informe individual de cada uno de los investigados desde 2021 hasta la actualidad con sus ingresos, bienes en el país y en el exterior, vinculación con otras personas (físicas y/o jurídicas).
Y si ellos se adhirieron al blanqueo de fondos, lo mismo que con respecto a Lucas Juan Labbad, otro de los mencionados en la denuncia de la CC.
Con respecto a este último se dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil.
El juez pidió además a la Administración Nacional de Aviación Civil que informe si en sus registros obra que en la quinta de Misiones 4097, de Villa Rosa, en Pilar, existe un helipuerto habilitado.
Los perfiles fiscales de los supuestos dueños no mostraron capacidad económica suficiente para justificar semejante inversión, dice la denuncia de Elisa Carrió, junto a los legisladores Juan Facundo del Gaiso y Matías Yofe, en la que pide investigar supuesto lavado de activos.
La denuncia expuso que Ana Lucía Conte fue monotributista hasta el año 2012 y que, durante la pandemia, percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES. Posteriormente, la mujer obtuvo su jubilación y quedó registrada bajo la cobertura de PAMI.
En mayo de 2022 pasó a registrarse como trabajadora autónoma con ingresos por un monto irrisorio de $15.000 mil pesos. Ese trámite coincidió en tiempo con su constitución como accionista mayoritaria de la empresa que compró el lote en Pilar, siempre de acuerdo a lo denunciado.
Por su parte, Luciano Pantano figuró inscripto en el régimen simplificado de impuestos, con una facturación anual de $40 millones -como tope- y deudas bancarias registradas hasta septiembre de este año. Para los legisladores que impulsaron la acción penal, resultó inverosímil que una persona con su nivel de ingresos pudiera afrontar la compra de una mansión.
Además, la Coalición Cívica expuso lazos de Pantano con el mundo del fútbol. Fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown.
Rafecas se declaró incompetente y envió el caso al fuero penal económico. Pero el juez Javier López Bizcayart dijo que no le correspondía investigar el caso.
El caso volvió a Rafecas que, con el impulso del fiscal Ramiro González, decidió avanzar provisoriamente, sobre todo porque la Coalición Cívica denunció que camiones ingresaban a la casa para sacar materiales allí depositados.
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