Condenaron a cinco años de prisión al gasista que trabajó en los arreglos de la escuela que explotó en Moreno durante la gobernación de Vidal
Junto al operario que hizo reparaciones antes del estallido que provocó la muerte de la vicedirectora y de un auxiliar del establecimiento, también fueron hallados culpables dos consejeros escolares y el interventor del Consejo Escolar, que recibieron dos años en suspenso; la exgobernadora no declaró
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
El Tribunal en lo Criminal Nº4, de Mercedes, finalizó este martes por la tarde el juicio oral por la explosión de la escuela Nº49, de Moreno, un hecho que se produjo el 2 de agosto de 2018 y que provocó la muerte de la vicedirectora, Sandra Calamano, y del auxiliar Rubén Rodríguez. Fueron condenados un gasista, dos consejeros escolares y el interventor del Consejo Escolar de Moreno. Aunque se especuló con que pudieran declarar como testigos la exgobernadora María Eugenia Vidal y su exdirector de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, los exfuncionarios no comparecieron.
La pena más importante recayó sobre el gasista Cristian Ricobene, que fue condenado a cinco años de prisión. Se retiró esposado de los tribunales de Mercedes, pero cumplirá la condena de manera domiciliaria, monitoreado con una tobillera electrónica, según pudo saber LA NACION. Ricobene había trabajado en arreglos en las conexiones de gas de la escuela antes de la explosión. Se lo condenó por homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas.
El resto de los acusados recibió penas de dos años de prisión en suspenso. Son Sebastián Nasif (interventor del Consejo Escolar de Moreno al momento de los hechos), Mónica Berzoni (presidenta del Consejo Escolar, que fue electa consejera por el Frente para la Victoria, en 2015) y Jorge Galian (consejero escolar a cargo del área de infraestructura, que había resultado electo también en 2015, desde la boleta de la alianza massista Unidos por una Nueva Alternativa). Los tres fueron juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La sentencia será apelada. “Al expresarme en las palabras preliminares, sostuve que los responsables del hecho jamás fueron investigados. Había graves irregularidades en el sistema educativo. Una conexión de gas irregular, no había planos. ¿Dónde iba el dinero?, ¿Dónde están los planes de contingencia? Es muy triste toda la situación, y que se se busquen chivos expiatorios para tapar las falencias de un sistema político”, afirmó a LA NACION Pablo Roa, el abogado de Ricobene.
A Nasif, Berzoni y Galian se los responsabilizó por la contratación del gasista, realizada antes y después de la intervención del Consejo Escolar. “Las condenas son injustas. La escuela no explota por el gasista, ni por los consejeros, que fueron destituidos en 2017. En 2018 ya no eran consejeros. Cuando estaban en el cargo, en teoría nombraron al gasista, pero la intervención después lo volvió a tomar. El que más responsabilidades tenía era el director de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario″, afirmó a LA NACION Joaquín Nogueira, abogado de la consejera Berzoni.
Para Walter Bonavera, abogado del interventor Nasif, “el tribunal fue ecuánime”, aunque subrayó: “A mi cliente lo acusan de incumplir decretos y leyes derogadas”.
El juicio comenzó el 28 de agosto, en un tribunal presidido por la jueza Patricia Guerrieri. Durante las audiencias, los particulares damnificados (las familias de Calamano y Rodríguez, representadas por los abogados Rosa Merlo y Horacio Casalla), hicieron un pedido expreso para incluir a Vidal y Sánchez Zinny en el juicio, pero, finalmente, la exgobernadora no fue convocada. “Esperamos que se remita efectivamente la causa a la Fiscalía Federal y que se continúe con la investigación por las potenciales posibles responsabilidades de funcionarios del gobierno provincial de aquel entonces”, subrayó Casalla a la agencia Télam. En su alegato, el abogado pidió además que se abra una nueva causa para investigar la responsabilidad de los exfuncionarios políticos bonaerenses.
El Suteba y otros gremios se movilizaron a los tribunales de Mercedes. El abogado Bonavera solicitó que, en caso de habilitarse un nuevo juicio, se incluya “a todos los inspectores de la provincia de Buenos Aires y a los intendentes de Moreno” en ese proceso.
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