Diputados de la oposición dialoguista expresan reparos a la baja de la edad de imputabilidad

Diputados de la oposición dialoguista expresan reparos a la reforma del régimen penal juvenil que el Gobierno incluyó en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. Los cuestionamientos se centran en la edad de imputabilidad –que el oficialismo propone reducir de 16 a 13 años, mientras distintas bancadas plantean fijarla en 14– y en el esquema de financiamiento y los dispositivos de contención que acompañarían la nueva normativa.

Los legisladores que rechazan la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años plantean modificarla a 14 y recuerdan el dictamen de comisión alcanzado en mayo de 2025, tras extensos y complejos debates. Aquel despacho, que reunió 77 firmas con el respaldo pleno de los bloques de Pro, la Unión Cívica Radical (UCR) e Innovación Federal, establecía la reducción hasta los 14 años. Sin embargo, el proyecto nunca llegó al recinto, por lo que el trámite parlamentario deberá iniciarse nuevamente. Fuentes del oficialismo deslizaron que la iniciativa ingresaría por la Cámara de Diputados.

Bajo esta postura se expresaron diputados de los bloques de Pro, la UCR, la Coalición Cívica (CC) y Adelante Buenos Aires, el monobloque de la radical Karina Banfi (provincia de Buenos Aires), en diálogo con LA NACION.

La diputada Florencia De Sensi (provincia de Buenos Aires), integrante del bloque Pro, advirtió que buscarán que el proyecto se modifique para establecer el piso de responsabilidad penal en 14 años. A su vez, indicó que tienen como objetivo determinar un financiamiento, dado que “hay que alojar a los detenidos de más de 14”. La bancada cuenta con 12 legisladores.

Por su parte, luego de debatir este jueves la postura del bloque, la UCR concluyó que pretende trabajar sobre el dictamen firmado el año pasado. Según comentó una diputada radical de peso a LA NACION, consideran que el Gobierno “apuesta por tensionar” para bajarla a 13, y de esta forma arriesga que se caiga el proyecto y permanezca vigente la legislación actual que la fija en 16. La UCR cuenta con seis bancas y forma parte del interbloque Fuerza del Cambio, junto a Pro, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz.

Ante la consulta de LA NACION, Banfi sostuvo que apoya una reducción hasta los 14 años y manifestó otro reparo: “Si el planteo de la opinión pública es mantener el debate en la baja y no en la falta de recursos para emprender un sistema penal especial, le están prometiendo algo a la gente que nunca funcionará. Es una ley que no fija de dónde saldrán los fondos para avanzar con su implementación”.

Y agregó: “Si [el financiamiento] corresponde a las provincias debe estar bien claro en la ley. Si no, distorsionará más el problema. Lo menos importante es a partir de cuándo es imputable. Lo que deben preguntar es cuánto sale el sistema y quién pone la plata”.

En la misma línea, Maximiliano Ferraro (ciudad de Buenos Aires), jefe del bloque de la CC, sostuvo que “lo primero y central en este momento es saber cuáles van a ser los recursos e infraestructuras que se van a destinar y su implementación”. Advirtió que no se trata de un planteo “meramente fiscal”, sino de conocer “qué recursos se destinarán para que se pueda cumplir” un régimen penal juvenil “verdadero”.

Con este fin solicitó al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, y a su par en Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, “contar con el informe de estimación presupuestaria con carácter previo al inicio del debate de los proyectos a partir del mes de febrero”.

En paralelo, en la CC se inclinan por una baja de la edad de imputabilidad hasta los 14 o 15 años, al tomar como antecedente lo trabajado en 2019 como Juntos por el Cambio.

En contraste, Oscar Zago (ciudad de Buenos Aires), titular del bloque del MID, dijo a LA NACION: “Nos da lo mismo el tema de la edad: pueden ser 10, 11, 12, 13 años”. Considera que el debate central es que se trate de una normativa integral. “El tema es el contenido de la construcción de un aparato que permita dar una salida al final del túnel. La discusión es qué va a hacer el Estado –o las instituciones privadas que se hagan cargo de alguna cuestión– para tratar el tema del futuro [por la reinserción a la sociedad luego de la condena]”.

El titular del bloque de Innovación Federal, Alberto Arrúa (Misiones), bancada que cuenta con siete diputados, indicó a LA NACION que no tienen una postura definida respecto de la edad y que la centralidad de la discusión la ocupa cómo se garantiza la contención. “La ley prevé tener a disposición recursos para la reinserción del chico, capacitación, educación, talleres y contención psicológica para sacarlo de la situación que lo llevó a delinquir. En un contexto en el que el gobierno nacional recorta todo, ¿cómo garantiza estos recursos?”, cuestionó.

Por otra parte, Provincias Unidas no cuenta con una postura unificada de sus 18 diputados, según dieron cuenta cuatro fuentes del espacio, incluida la jefa del bloque, Gisela Scaglia (Santa Fe). La titular de la bancada dijo, de todos modos, que tanto para ella como para el santafesino José Núñez “es importante la baja de imputabilidad”, en línea con la postura que fijó el gobernador Maximiliano Pullaro tras el crimen de Jeremías Monzón, adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe por tres menores de 14 a 16 años.

Por Denise Chmois

• Pro (Propuesta Republicana)
• UCR
• Cámara de Diputados

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