El gobierno de Alberto Fernández pasó a 7500 empleados a la planta permanente en sus dos últimos años

En el centro de la escena por el choque entre el Gobierno y los gremios de estatales se encuentra la aceleración de despidos en áreas públicas implementada en las últimas semanas. Pero hay otro reclamo entremedio: el de los pases a planta permanente. La gestión de Alberto Fernández implementó, a partir de 2021, un llamado “plan de regularización” que apuntaba a efectivizar a 29.000 personas en el régimen laboral más estable del país. LA NACION confirmó, con fuentes de la administración anterior y sindicales, cuántos llegaron a ser designados.

De los 29.000 pases a planta permanente que se puso el gobierno anterior como objetivo, lograron abrirse cerca de 16.500 vacantes. En la administración pública nacional (que incluye los ministerios y secretarias, la administración desconcentrada, como el Indec, y la administración descentralizada, como el Conicet) habían cerca de unos 130.000 empleados con estabilidad. Esto significaba, entonces, un aumento del 12% de la planta permanente del Estado.

Los procesos continuaron hasta casi finalizada la gestión. Dos de las últimas designaciones ocurrieron en los días previos a la entrega de mando, el 10 de diciembre. Un caso fue el del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que efectivizó a 80 empleados el 30 de noviembre. El 23, se publicó el pase de once personas en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Los concursos tienen procedimientos que demoran meses, por lo que de esas 16.500 vacantes abiertas lograron efectivizarse, a diciembre del año pasado, unos 7500 trabajadores, lo que terminó representando una suba real cercana al 6%. Las otras 8100 no lograron ser designadas antes de finalizar la gestión o bien sus concursos quedaron desiertos. Al cuadro de situación, que genera un limbo para los que quedaron con el proceso a mitad de camino, se le suma que aquellas personas que fueron designadas en 2023 tienen que cumplir un año entero en el cargo para gozar de la estabilidad, según la ley que regula el régimen de empleo público.

Los números no son los que la gestión anterior o los gremios hubiesen esperado, pese a que en los últimos meses de gobierno aceleraron sustancialmente los trámites alrededor del plan. Como dio a conocer LA NACION en septiembre del año pasado –incluso antes de las elecciones generales–, un análisis de más de mil documentos dio cuenta de que hubo un crecimiento del 199,35% en los cargos en cuestión en los expedientes administrativos entre julio y agosto. En julio, entre apertura de nuevas vacantes y puestos confirmados, se movieron 17 procesos que contenían 924 lugares de planta permanente. En agosto, y especialmente después de las PASO, ese número creció a 28 expedientes, con 2766 cargos en juego. Lo mismo ocurrió de cara a diciembre.

La incertidumbre de los que fueron designados tiene que ver con que son pasibles de ser despedidos antes de cumplir los 12 meses en el cargo. Pasada esa fecha, el Estado debería iniciar un sumario y probar que aquel trabajador cometió delitos, como la falsificación de documentos públicos o robos, para poder ser despedido. Los que están en planta transitoria sí pueden ser echados, con indemnización.

El Gobierno todavía no confirmó qué ocurrirá con los concursos abiertos ni con los designados en 2023. Fuentes oficiales explicaron, sin embargo, que se busca retrotraerlos. Javier Milei, durante la campaña electoral, envió una carta dirigida a Alberto Fernández en la que reclamaba que cesen algunas decisiones gubernamentales, entre las que se encontraban los pases a planta en el Estado.

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