El Gobierno trató de “ilegal e ilegítima” la explotación petrolera en Malvinas y advirtió que tomará “acciones pertinentes”
La administración local de las islas autorizó el proyecto de una empresa británica para extraer 55.000 barriles; Cancillería sostuvo que quienes intervengan en dichas actividades quedarán expuestas a sanciones e inhabilitaciones
5 minutos de lectura'
LA NACION
La Cancillería argentina rechazó este martes la autorización del gobierno local de las Islas Malvinas a una empresa británica para la explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion. Calificaron al proyecto y a las empresas involucradas de “ilegítimas e ilegales” y advirtió que tomará las acciones pertinentes en el asunto basándose en el derecho internacional.
“Quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales. La República Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, publicaron en un comunicado.
La iniciativa estará a cargo de las empresas Rockhopper, del Reino Unido, y Navitas, de Israel. El Programa de Desarrollo del Área Norte del yacimiento representa una inversión de US$2100 millones en su primera etapa. La idea surgió luego de que las compañías anunciaran el hallazgo de un “yacimiento de clase mundial” hace casi una década. Tras ello, se desarrollaron una serie de proyectos para iniciar la extracción, que estaría habilitada a partir de 2028.
El yacimiento se encuentra ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las islas. Desde la cartera liderada por Pablo Quirno aseguraron que las empresas no cumplen con los permisos de la autoridad competente argentina para dicho desarrollo. Además, advirtieron de la gravedad del proyecto debido a que permitiría la explotación de recursos no renovables, algo con “efectos futuros potencialmente irreversibles”.
“La Argentina recuerda que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización”, detallaron. Según la cartera, las normativas reconocen que hay una disputa de soberanía entre Reino Unido y la Argentina.
El comunicado de Cancillería rechazó todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, lo que incluye “la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de explotación y exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las islas”.
Rockhopper anunció que su directorio aprobó la inversión para la Fase 1 -decisión que fue tomada por Nativas Petroleum, su socia y operadora- y recibió todas las autorizaciones necesarias. En tanto, el gobierno isleño aprobó el programa de desarrollo para las Fases 1 y 2, y las licencias ahora pasarán a la etapa de explotación. Su duración será de 35 años o más.
“Estas medidas constituyen acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido, incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación recomendado por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas“, señalaron desde el Gobierno. También consideraron que es contrario al ordenamiento jurídico argentino.
La cartera mencionó que tanto Rockhopper como Navitas fueron sancionadas previamente. Rockhopper fue “declarada clandestina y sus actividades ilegales” en una resolución de la Secretaría de Energía en 2012 y, un año después, fue inhabilitada para operar en la Argentina por 20 años en otra resolución. En tanto, Navitas tuvo las mismas sanciones en 2022 por el desarrollo de operaciones hidrocarburíferas en territorio argentino sin la autorización pertinente.
“El Gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, remarcaron.
Y cerraron: “Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos. La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.
Más temprano, el gobierno de Tierra del Fuego había reclamado que la gestión libertaria tome “las cartas más duras en el asunto” y cuestionaron la postura de la Casa Rosada sobre la cuestión Malvinas. El secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary, había pedido a Cancillería que adopte “todas las medidas diplomáticas y jurídicas posibles en lo foros internacionales”. Además, reclamó, en diálogo con LA NACION, que el gobierno de Milei no convoca al Consejo de Asuntos Relativos a las Malvinas desde hace más de un año.
El comunicado de esta noche de la cartera no brinda detalles respecto al tipo de medidas que se tomarán de carácter legal, judicial o administrativo. Sin embargo, su postura se resalta en medio de un contexto marcado por el alineamiento político del Gobierno con Israel y una negociación con Gran Bretaña para levantar un veto para comprar armas.
