El oficialismo insiste con privatizar Aerolíneas Argentinas pero asume que no es una urgencia para principios de 2026
Funcionarios y legisladores explican que la línea de bandera opera ahora con superávit; priorizan otras compañías estatales que ya están listas para el llamado a licitación
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LA NACIONPaula Rossi
El gobierno libertario no piensa abandonar su espíritu privatizador este 2026. Fuentes de la Casa Rosada afirman que, para este tercer año de gestión de Javier Milei, el ordenamiento del marco regulatorio y el “saneamiento” de empresas está más encaminado, y que a eso contribuye el rumbo de la política económica, la salida del cepo −pese a que sigue vigente el esquema de bandas− y que quedaron atrás las turbulencias del año electoral.
No obstante, fuentes ejecutivas y legislativas consultadas por LA NACION coinciden en que para la Casa Rosada ya no es una urgencia la privatización de Aerolíneas Argentinas, a pesar de que se sostiene la intención del Gobierno de desprenderse de esa compañía. Para este arranque de 2026 hay otras firmas estatales que aparecen como prioritarias, sobre todo porque ya cuentan con aval legislativo y están depuradas para entregarlas al mejor postor.
Aerolíneas
Funcionarios y legisladores que dialogaron con LA NACION notaron que no existe un intento de acelerar en el Congreso un proyecto de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas, al menos en el primer tramo de 2026.
A pesar de que todos los consultados adhieren con que solo bastaría una decisión política del Presidente para que ese proceso se active en cualquier momento, hay un entendimiento de que el superávit operativo que arroja la compañía la ubica en otro status, al contrario de otras firmas listas para privatizar que cerraron 2025 con déficit.
Todos los funcionarios que dialogaron con LA NACION insisten con que la privatización de la línea de bandera es siempre el fin último y que eso no cambió, pero que el tema está en congelado hasta próximo aviso.
“Los cielos están abiertos, Aerolíneas compite, está con superávit, comprando aviones y la gente está contenta con el funcionamiento. Privatizar siempre es prioridad, pero lo de Aerolíneas vendrá más adelante”, resume una fuente del Congreso al tanto de los movimientos de la Casa Rosada para esta primera mitad del año.
En el gobierno libertario hacen énfasis en que la compañía tiene superávit operativo: registró para 2024 una ganancia de US$20,7 millones. (La de 2025 se conocería en marzo). En noviembre pasado, en tanto, la empresa anunció que incorporará 18 aviones entre 2026 y 2027; una ampliación de al menos 20% en la cantidad total de naves que opera la línea aérea estatal, con una inversión final de US$65 millones.
“No necesitás salir corriendo a venderla porque no la estás asistiendo”, asegura otra voz que desde Aerolíneas sigue de cerca el funcionamiento diario.
Hay un factor más que influye. Fuentes de peso en el proceso de puesta a punto de las compañías a privatizar admiten que el desprendimiento de Aerolíneas no solo implica el traspaso a manos privadas de una empresa más, sino que conlleva una modificación troncal del sistema aerocomercial argentino, ya que la compañía es dominante y oscila en torno a 60% de la participación en el mercado local.
“La privatización implica una discusión más profunda. Cuando definís qué querés para esa empresa, definís qué querés para el país. Porque no es una simple compañía, es el sistema aerocomercial de la Argentina”, indica un funcionario al tanto.
En el Congreso, que es el encargado de habilitar o no al Gobierno la privatización, el tratamiento del proyecto se cayó a fines del año pasado. A pesar de que tenía dictamen de mayoría en comisión, la iniciativa nunca llegó al recinto por falta de votos para su aprobación.
Con la negativa manifiesta del kirchnerismo y la izquierda, los gobiernos provinciales también tienen fuerte peso en esta cuestión, ya que Aerolíneas vuela a 37 destinos dentro del país, con corredores federales que conectan territorios sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Es, además, la línea aérea que suelen usar los legisladores para trasladarse cada semana al Congreso.
En paralelo, los técnicos que trabajan en el saneamiento de la firma tampoco recomiendan a Milei activar la discusión por la privatización ya en el Congreso. Sin embargo, aseguran que “no queda mucho trabajo” por hacer en la compañía para dejarla lista, en caso de que el Presidente decida insistir con una privatización exprés.
“No es prioridad en este momento, pero todo depende del timing del Poder Ejecutivo”, resumen desde los organismos encargados de trabajar en la venta.
La privatización o no de Aerolíneas Argentinas forma parte de la discusión pública, sobre todo en las campañas electorales. Mientras un amplio sector de la oposición kirchnerista y de los aliados del Gobierno defienden su pertenencia al Estado como un símbolo de soberanía, sus detractores denuncian los desmanejos de la compañía en el pasado y su impacto en las cuentas públicas. Milei, convencido en achicar el Estado a la mínima expresión, dejó en claro que su intención era deshacerse de la empresa o, en todo caso, dársela a los empleados.
Las privatizables 2026
Para este 2026 sí hay una serie de empresas que pican en punta para entrar en licitación porque están −en palabras del Gobierno− “higienizadas”. Según contaron a LA NACION fuentes oficiales que participan en estas operaciones, en el primer semestre la idea es continuar con la privatización de rutas −como se hizo con la del Mercosur− e iniciar el desprendimiento de AySA, Intercargo, la parte de Enarsa que tiene participación en las termoeléctricas y los trenes de carga.
Sobre este último punto, en el Gobierno piensan hacer primero el llamado a licitación para el Belgrano Cargas −anunciado en 2025−, y quedarían para después el San Martín y el Urquiza.
En las rutas, lo que se busca es concesionar por tramos aquellos corredores controlados por el Estado.
Según informó ayer Clarín, las ocho empresas habilitadas para ser privatizadas por la Ley Bases (Enarsa, AySa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas y Corredores Viales) sufrieron un deterioro en sus balances. Entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo período de 2025 (último dato oficial disponible), pasaron de un superávit de $580.000 millones a un déficit de $160.000 millones).
Dicen también en el Gobierno que había firmas que debían “más de una década de balances”, por lo que no fue tarea sencilla ponerlas a punto. Afirman además que hay “curiosidad de los inversores”, más allá de que admiten que la infraestructura en algunos casos está “muy deteriorada”, lo que complica encontrar potenciales compradores. En consecuencia también aceptan que la fijación de precios es un proceso “sensible”.
En la Casa Rosada, de todos modos, muestran satisfacción por la adjudicación de las represas hidroeléctricas del Comahue, a fines de 2025, por US$707 millones.
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