La policía vigila la lujosa quinta de Pilar que se les adjudica a las autoridades de la AFA
Lo dispuso el juez Rafecas; esta semana se define qué magistrado se queda con el caso que tiene en la mira a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino
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LA NACIONHernán Cappiello
Por disposición de un juez, un grupo de efectivos de la Policía Federal vigila una lujosa quinta de Villa Rosa, en Pilar, que está en la mira de la Justicia para determinar si es propiedad de Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia, autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A partir de una denuncia de la Coalición Cívica, se investiga una presunta maniobra de lavado de dinero.
El juez federal Daniel Rafecas dispuso reforzar la seguridad hasta que se defina quién será el magistrado que finalmente se quede con este causa, iniciada por la denuncia de Elisa Carrió y los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo del Gaiso.
La orden a la Policía Federal fue poner consignas en entradas y salidas de la mansión para la identificación de las personas que entren o salgan. Además, se pidió fotografiar y registrar bienes, por ejemplo, vehículos que lleguen o salgan del lugar.
El juez Rafecas enviará la causa este martes a la Cámara Federal, que esta semana decidirá si el caso se queda en el fuero federal o en el Penal Económico.
La denuncia originaria se presentó el lunes 1° de diciembre en Comodoro Py. Rafecas se declaró incompetente y la envió al fuero en lo penal económico, dado que no hay funcionarios públicos implicados y se trataría de un delito económico, como es el lavado o la evasión.
El juez Javier López Biscayart se declaró incompetente y le devolvió la causa a la justicia federal, previo pedido de la Coalición Cívica de que coloque una custodia policial.
El mismo viernes regresó el caso al juzgado de Rafecas, que le dio intervención del fiscal Ramiro González. El fiscal impulsó la causa y pidió una batería de medidas de prueba para investigar a quienes aparecen como titulares de la casa quinta de Pilar.
Rafecas dispuso el viernes pasado las medidas y ordenó colocar una consigna policial para evitar que se lleven evidencias del lugar, como denunció la Coalición Cívica, sobre el relato de vecinos. Desde la noche del viernes los uniformados controlan el lugar.
La sospecha de la Coalición Cívica es que la fastuosa casa quinta con helipuerto pertenece a las autoridades de la AFA o está a nombre de testaferros.
Rafecas ordenó peritar y tasar la casona y dispuso investigar a Luciano Nicolás Pantano y a Ana Lucía Conte, como también a la empresa Real Central SRL, mencionados como responsables del inmueble.
Pantano y Conte serían los dueños de Real Central SRL, una empresa que habría adquirido una propiedad, ubicada en Villa Rosa, Pilar, compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados, según la denuncia de la CC.
Pantano tiene lazos con el mundo del fútbol. Fue presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown.
Se tratarían de personas con un perfil económico que no se condice con la propiedad adjudicada a Tapia y Toviggino.
La casa quinta cuenta con pista de entrenamiento para caballos, un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera y un helipuerto. Además, la denuncia mencionó la existencia de 120 automóviles de colección o de lujo, muchos radicados en Santiago del Estero, patria chica de Toviggino.
El juez no dispuso el allanamiento de la vivienda, ya que no está acreditado un vínculo entre la sociedad y la casa y no hay elementos mínimos para ordenarlo.
El juez le pidió a ARCA un perfil de quienes aparecen como dueños, y a la Inspección General de Justicia (IGJ), que remita toda información sobre la firma Real Central SRL y si surge en sus registros que Pantano y Conte integran alguna sociedad más allá de esta.
El juez quiere saber si los dos investigados, Pantano y Conte, tienen otras propiedades, autos, aviones, o embarcaciones. También quiere conocer sus cuentas bancarias, movimientos de fondos, transferencias, o productos y servicios adquiridos.
El juez levantó el secreto bancario de ambos y le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que le informe si existen en su base de datos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre ellos.
Con respecto a la propiedad, el juez ordenó “un exhaustivo peritaje sobre el inmueble que se individualiza en la denuncia y toda la infraestructura existente en dicho lugar, con objeto de establecer una valuación económica del mismo, conforme los valores actuales del mercado inmobiliario”.
Además, el juez pidió al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que designe un perito tasador y lo mismo Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro.
También solicitó informes sobre Lucas Juan Labbad, otro de los mencionados en la denuncia de la Coalición Cívica. Con respecto a este último se dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil.
El juez pidió además a la Administración Nacional de Aviación Civil que informe si en sus registros obra que en la quinta de Misiones 4097, de Villa Rosa, en Pilar, existe un helipuerto habilitado.
Ana Lucía Conte fue monotributista hasta el año 2012 y que, durante la pandemia, percibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la Anses. Posteriormente, la mujer obtuvo su jubilación y quedó registrada bajo la cobertura de PAMI.
En mayo de 2022 pasó a registrarse como trabajadora autónoma con ingresos por un monto irrisorio de $15.000 mil pesos. Ese trámite coincidió en tiempo con su constitución como accionista mayoritaria de la empresa que compró el lote en Pilar, siempre de acuerdo a lo denunciado.
Por su parte, Luciano Pantano figuró inscripto en el régimen simplificado de impuestos, con una facturación anual de $40 millones -como tope- y deudas bancarias registradas hasta septiembre de este año. Para los legisladores que impulsaron la acción penal, resultó inverosímil que una persona con su nivel de ingresos pudiera afrontar la compra de una mansión.
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