Orrego le respondió a Quintela y crece el conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja por un proyecto minero
La iniciativa Vicuña está en territorio sanjuanino, pero para acceder se requiere pasar por tierras riojanas; Orrego sostuvo que defenderá “con la ley en la mano”
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LA NACION
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, le contestó este miércoles a su par riojano, Ricardo Quintela, en relación a la polémica limítrofe que surgió por el proyecto minero Vicuña.
Quintela había cuestionado la validez de los acuerdos limítrofes entre las provincias vigentes desde 1968. Ahora, Orrego aseguró que defenderá el territorio y los recursos de San Juan “con la ley en la mano”.
La disputa por el proyecto minero lleva ya cinco años y las tensiones por el territorio y los recursos de los yacimientos de cobre, oro y plata fueron escalando.
Este año la problemática llegó a la Justicia, cuando La Rioja solicitó un informe de impacto ambiental a la empresa Vicuña Corp con el argumento de que el impacto ambiental podría alcanzar a la provincia: el proyecto se realiza a cinco kilómetros de la frontera, pero las autoridades sanjuaninas deben pasar por parte del territorio riojano para acceder a la zona de la iniciativa.
Este miércoles la Justicia de La Rioja restringió el acceso del camino de Guandacol, en territorio de dicha provincia, hacia el proyecto.
En declaraciones radiales, Quintela redobló la apuesta sobre la soberanía de la zona al asegurar que el acuerdo limítrofe firmado en 1968 que no tiene validez democrática, ya que fue firmado durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Por ende, solicitó que el Senado nacional debería definir la pertenencia de la zona del yacimiento y del área de Ischigualasto (el parque provincial sanjuanino).
“El conflicto es con la empresa -afirmó Quintela-, pero la provincia de San Juan debe tener un gesto de generosidad. Lo he hablado antes con (Sergio) Uñac, no con el gobernador actual”, señaló en diálogo con AM750.
Este miércoles Orrego brindó una fuerte respuesta en un comunicado oficial. “El límite entre San Juan y La Rioja lo fijó la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso de la Nación. Es una ley, no un acuerdo de funcionarios. Está plenamente vigente, y lleva más de medio siglo de aplicación ininterrumpida, atravesando todos los gobiernos democráticos”, expresó.
Añadió que la soberanía de su provincia sobre el yacimiento es “clara, legal y reconocida”: “No existe ninguna norma en la Argentina que obligue a una provincia a compartir las regalías de sus recursos con otra. Lo que está en el subsuelo sanjuanino es de los sanjuaninos. Y lo vamos a defender con la ley en la mano, no con declaraciones en los medios”.
Sostuvo, además, que aunque tienen “el mayor respeto por La Rioja”, que no se debe “abrir debates que no tienen sustento jurídico”. “La ley es la ley, y las provincias no se corren con declaraciones”, arremetió.
La disputa por el proyecto Vicuña
La disputa comenzó en 2021. El megaproyecto minero es el más importante de San Juan y uno de los más significativos del país.
Está instalado en dicha provincia, pero su logística pasa por La Rioja. Además, la iniciativa está a cinco kilómetros del borde fronterizo. En ese entonces Quintela argumentó que el proyecto podía afectar a las cuencas riojanas debido al uso del río que divide a ambas provincias. Por ello, la empresa se decidió a usar aguas subterráneas.
El año pasado el conflicto escaló cuando Quintela afirmó que el territorio de los yacimientos de cobre, oro y plata es, en realidad, territorio riojano. El gobernador cuestionó los acuerdos territoriales establecidos en 1968. Sin embargo, el conflicto no escaló por la vía legal hasta 2026.
Esta semana se presentó el momento más importante, ya que los inversores debían firmar para comenzar el proyecto de forma oficial. Fue entonces que La Rioja solicitó que la empresa Vicuña Corp presente una evaluación ambiental integral del proyecto al gobierno provincial.
Uno de los argumentos de Quintela es que el impacto ambiental de la iniciativa llegaría también al territorio riojano. Cuando se negaron a presentar el informe a otro distrito, Quintela avanzó con una medida judicial.
La jueza María Greta Decker dio lugar al reclamo y, poco después, suspendió por 30 días las actividades vinculadas al proyecto porque la empresa no presentó el estudio correspondiente. También bloqueó el tránsito de maquinaria y suministros y cerró los caminos estratégicos en territorio riojano.
El proyecto avanzaba con tareas de reconstrucción. Las inversiones que se esperaban para 2026 se acercaban a los US$1.000 millones.
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