Tierra del Fuego lleva a la Justicia Federal la intervención del puerto de Ushuaia
La noticia fue confirmada por el mandatario provincial Gustavo Melella; la provincia interpondrá una acción judicial para “defender la autonomía provincial”
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Redactora en Breaking NewsAilén Rocío Vila
El gobierno de Tierra del Fuego llevó este miércoles a la Justicia Federal la intervención nacional del puerto de Ushuaia y presentó una demanda por inconstitucionalidad. La administración provincial solicitó una cautelar para el inmediato cese de la intervención prevista para los próximos doce meses luego de que el Gobierno Nacional afirmara que detectó “irregularidades financieras”, “desvíos de fondos” y “riesgo operativo” en las instalaciones. El mandatario provincial, Gustavo Melella, había calificado a la intervención de un “acto irresponsable”.
La demanda argumenta que la resolución nacional es inconstitucional porque usurpa competencias locales, vulnera la autonomía provincial y arrebata de forma ilegítima la administración de recursos económicos propios.
“Vamos a la Justicia Federal por la intervención del Puerto de Ushuaia. Es un atropello a la autonomía provincial y al federalismo: una intervención federal encubierta”, detalló Melella en X. “Los argumentos del Gobierno Nacional son falsos. No hay malversación, no hay desvío de fondos ni desinversión. Todo lo que ingresa al puerto se reinvierte y está auditado. Hoy lo hacen con el puerto. Mañana pueden hacerlo con cualquier institución o provincia”, remarcó.
La acción judicial de inconstitucionalidad a la que accedió LA NACION cae sobre la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), actualmente a cargo de la administración del puerto bajo el mando de Iñaki Arreseygor, con el objetivo de anular la intervención y buscar la restitución plena del dominio, administración, explotación y percepción de recursos de la provincia.
La cautelar, expresaron, es una medida urgente para “evitar un daño institucional grave e irreparable, dada la sustracción diaria de recursos provinciales y la generación de hechos consumados de difícil reversión”.
La demanda, redactada a través del secretario legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, y el equipo de esa secretaría, fue presentada ante la Justicia Federal y ataca directamente la resolución 4/2026 del Ministerio de Economía, que formalizó la decisión de la gestión libertaria.
Allí el Gobierno informaba que, tras una serie de inspecciones, concluyó que el puerto tenía un deterioro significativo en sectores estructurales, deficiencias en la señalización e incumplimiento de protocolo y la falta de observancia de mínimos estándares nacionales e internacionales de la tecnología y seguridad.
También hablaba de un “desbalance entre los préstamos otorgados” y una baja inversión en infraestructura. Denunciaba que la administración “destinó un 33% de su presupuesto a subvenciones y solo un 1,3% para la ejecución de obras e iniciativas que optimicen las prestaciones actuales”. Esto último, aseguraba, podía comprometer la disponibilidad futura de recursos para ejecutar obras.
La intervención tiene una duración de un año. Finalizado ese período, harán una nueva inspección para determinar si se debe mantener o terminar la intervención.
En su presentación judicial de este martes, el gobierno de Tierra del Fuego argumentó que la intervención representa una violación de la autonomía provincial y el régimen federal, ya que se trata de una “intervención federal indirecta o encubierta” que evita el procedimiento constitucional previo para dicha decisión, que es la sanción de una ley en el Congreso.
El principal argumento es que la gestión integral de un puerto provincial es una competencia propia e indelegable de la provincia. El gobierno fueguino consideró que la administración libertaria desconoció el Convenio de transferencia de puertos Nación-Provincia, donde el Gobierno Nacional “le transfirió a título gratuito el dominio, la administración y la explotación del Puerto de Ushuaia a la provincia”.
La administración provincial denunció que, a través de la resolución, la ANPyN creó un esquema de recaudación y administración financiera paralelo, donde centralizaron los recursos en cuentas nacionales y los sustrajeron del control del Tribunal de Cuentas provincial, ordenando el depósito de fondos en una cuenta nacional. “El sistema sustrae recursos del circuito presupuestario fueguino”, explicaron.
Para Melella y su gobierno, la medida implica una desviación de poder y un exceso de las facultades de control y fiscalización conferidas por la Ley de Puertos, debido a que el Gobierno Nacional toma funciones de la administración directa.
“Esta acción judicial trasciende el caso específico del Puerto de Ushuaia. Se erige como un caso testigo para la defensa del sistema federal argentino, reafirmando que las provincias son preexistentes a la Nación y conservan todos los poderes no delegados expresamente. El Gobierno de Tierra del Fuego actúa con la firme convicción de defender los derechos soberanos de su pueblo y de sentar un precedente claro sobre los límites del poder central, en estricto cumplimiento y defensa del orden constitucional”, concluyeron.
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