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Pity Álvarez: un juicio atravesado por pedidos de suspensión y una sucesión de eventos desafortunados que entorpecen el avance de la causa
Desde que el músico comenzó a ser juzgado se acumularon planteos de nulidad, recusaciones y pedidos de suspensión, una descompensación durante una audiencia, un choque, un intento de fuga hospitalaria y una internación psiquiátrica forzosa
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LA NACIONPablo Lisotto
El juicio contra Cristian Gabriel “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz comenzó el 10 de agosto pasado, pero desde entonces el debate estuvo marcado por una sucesión de episodios que obligaron a suspender audiencias, modificar la modalidad de participación del acusado y volver una y otra vez sobre la misma discusión: si el músico está en condiciones de afrontar el proceso.
En poco más de un mes y medio hubo pedidos de suspensión, un cambio de abogados, un planteo de nulidad, recusaciones contra los jueces y el fiscal, una descompensación durante una audiencia, una internación hospitalaria, un choque y, finalmente, un episodio dentro del Hospital Tornú que derivó en una internación psiquiátrica forzosa ordenada por la Justicia.
No todos esos hechos fueron provocados por la defensa. Algunos fueron episodios médicos o situaciones protagonizadas por el propio Álvarez. Pero prácticamente todos terminaron teniendo consecuencias sobre el normal desarrollo del juicio y, en distintos momentos, fueron utilizados por sus abogados para insistir en su postura de que el debate debía detenerse.
El resultado es un proceso que, ocho años después del asesinato ocurrido en 2018, todavía avanza espasmódicamente.
Un comienzo con tropiezos
El primer día del juicio, el 10 de agosto pasado, ya hubo señales de las dificultades que vendrían. Álvarez se presentó ante el tribunal, saludó al fiscal Sandro Abraldes y tuvo dificultades para responder algunas preguntas básicas. Entre otras cosas, no recordó su número de DNI.
Durante la audiencia cerró los ojos y pareció quedarse dormido; en un momento se escucharon ronquidos.
La defensa (entonces a cargo del defensor oficial Javier Aldo Marino) utilizó ese comportamiento para cuestionar la posibilidad de que Pity pudiera seguir el debate en esas condiciones y pidió la suspensión de la audiencia. El planteo no prosperó.
La discusión sobre su estado de salud no era nueva. El juicio había sido suspendido anteriormente porque se había considerado que Álvarez no estaba en condiciones psíquicas de afrontar un proceso oral. Posteriormente se realizaron nuevos estudios que permitieron determinar que contaba con capacidad suficiente para participar del debate.
Cambio de abogados y pedido de nulidad
Nueve días después se produjo otro movimiento importante. Álvarez cambió de defensa y pasó a ser representado por los abogados particulares Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro.
La nueva defensa pidió que el juicio fuera postergado para poder asumir la representación y preparar su estrategia. Pero además cuestionó las condiciones en las que se había iniciado el proceso.
Baños planteó que el juicio debía realizarse con jurados populares y reclamó su nulidad. El objetivo era que el debate no continuara tal como había comenzado y que el proceso pudiera reiniciarse bajo otras condiciones. El planteo generó una nueva interrupción de la agenda judicial.
La escena de aquella jornada tuvo un detalle particular: Álvarez repartió estampitas de San Francisco de Asís antes de ingresar a la sala.
Una descompensación en plena audiencia
El 2 de septiembre ocurrió un nuevo episodio que volvió a poner en riesgo la continuidad del debate. Durante una audiencia, mientras se exponían detalles relativos a la autopsia de Cristian Díaz, Álvarez pidió permiso para ir al baño. Como no regresaba, una de sus defensoras fue a buscarlo y lo encontró descompensado.
Tenía dificultades para respirar y finalmente fue asistido, retirado en silla de ruedas y trasladado en ambulancia al Hospital Fernández. La audiencia debió suspenderse.
Cinco días después, el 7 de septiembre, sus abogados volvieron a reclamar la suspensión del juicio, pero esta vez agregaron un nuevo planteo: recusaron a los integrantes del tribunal y al fiscal.
Una salida y mil preguntas
El 18 de septiembre ocurrió un episodio que no produjo una suspensión, pero que agregó un elemento llamativo a la discusión sobre el estado de Álvarez.
Según pudo reconstruir LA NACION, el músico fue a ver el show de los Funky Torinos a La Carbonera, local situado en San Telmo. Bailó, disfrutó del recital y, al finalizar, bajó a conversar con los músicos.
En el lugar hubo personas encargadas de evitar que se tomaran o difundieran fotografías del músico.
La escena contrastaba con las dificultades que se habían observado durante las audiencias y con el argumento de la defensa acerca de su imposibilidad de afrontar normalmente el proceso.
El choque y una nueva internación
Cuatro días después, el 22 de septiembre, apareció un nuevo imprevisto. Álvarez protagonizó un choque en una estación de servicio. Según pudo reconstruir LA NACION, impactó con su VW Bora contra un Peugeot 308 que estaba detenido mientras cargaba combustible; se fue del lugar sin darle al damnificado los papeles para que pudiera gestionar el resarcimiento ante la aseguradora. Al día siguiente fue internado en el Hospital Tornú.
La nueva situación volvió a afectar la planificación del juicio. El acusado ya no estaba en condiciones de concurrir físicamente a los tribunales y la defensa volvió a quedar en condiciones de argumentar que su estado de salud impedía continuar con normalidad.
El tribunal buscó entonces una alternativa: que Álvarez pudiera seguir las audiencias desde el hospital mediante una conexión por Zoom.
La intención era evitar que una internación volviera a paralizar el proceso, pero la solución duró poco.
El lunes de esta semana estaba previsto que Álvarez siguiera el juicio desde el Hospital Tornú. Había siete testigos citados para declarar.
Sin embargo, cuando debía ser trasladado dentro del hospital para conectarse con la audiencia, protagonizó un nuevo episodio. Según informaron sus abogados, sufrió un “brote psiquiátrico”.
Además, intentó abandonar el hospital. Una cámara registró el momento en que llevaba una mochila y forcejeaba con una agente de la Policía de la Ciudad que intentaba impedir que se fuera.
El resultado fue que Álvarez no pudo conectarse con el tribunal y los testigos previstos para esa jornada no pudieron declarar.
La defensa volvió a poner sobre la mesa el argumento que había sostenido desde el comienzo y Javier Baños, uno de sus abogados, planteó: “No puedo comenzar mi interrogatorio sin que mi asistido esté presente”.
Finalmente, este martes la Justicia tomó una decisión destinada a evitar que la situación volviera a repetirse: ordenó la internación psiquiátrica forzosa de Álvarez y dispuso la continuidad del juicio.
La medida se tomó después del episodio protagonizado en el Tornú y de los informes médicos incorporados al expediente. La internación no significó la suspensión del debate, pero lo complica.
La Justicia quedó así frente a una situación particularmente compleja: Álvarez se encontraba internado y bajo una medida de carácter restrictivo, pero el juicio debía continuar y no podía quedar suspendido indefinidamente cada vez que apareciera un nuevo inconveniente.
La solución buscada fue mantener el proceso en marcha y adaptar, cuando fuera necesario, la forma en que el acusado participara.
La sucesión de eventos desafortunados expone cómo el juicio quedó atravesado por una discusión que excede el hecho principal: el asesinato de Cristian Díaz.
La última escena ocurrió este martes. Desde el Hospital Tornú, Álvarez habló con Moria Casán en una entrevista televisiva. Allí se refirió al juicio y dijo: “No me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron”.
El asesinato ocurrió en 2018. Ocho años después, el tribunal todavía debe atravesar una etapa previa que se volvió casi tan compleja como el propio debate: conseguir que el proceso pueda desarrollarse de manera continua, con el acusado en condiciones de participar y sin que cada nuevo episodio obligue a empezar todo otra vez.
Del otro lado del estrado, una familia aguarda. Jacqueline Guzzardi, hija de Cristian Maximiliano Díaz, fue contundente ante el Tribunal: “Que se haga justicia, que decidan como tienen que decidir con las pruebas que tienen. Que se haga bien, sin ningún tipo de beneficio”.
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