María Migliore: “La muerte de la beba frente a Casa Rosada es un ejemplo de las restricciones que tenemos para trabajar con las personas en situación de calle”

En una entrevista con LA NACION, la ministra porteña de Desarrollo Humano y Hábitat se refirió a la niña de 3 meses que murió mientras dormía en la vereda junto a sus padres; cuestionó la ley de salud mental por limitar la posibilidad de que su área pueda actuar ante situaciones de consumo de drogas o cuadros psiquiátricos; y reconoció un nuevo aumento de personas que en la Ciudad duermen a la intemperie

LA NACIONLorena Oliva

Cuando la inflación en alza se combina con índices de pobreza que superan el 40%, el resultado puede ser muy triste: que los pobres se vuelvan cada vez más pobres. En la ciudad de Buenos Aires, a los más pobres entre los pobres se los puede encontrar en viviendas precarias como la que se derrumbó en Floresta, en algunos de los 15 o 30 (según cómo se midan) barrios populares distribuidos en territorio porteño o durmiendo en plena calle, como se hallaba la familia de J., la beba de tres meses fallecida el 31 de marzo a pocos metros de la Casa Rosada.

Buena parte de la asistencia de esta población recae sobre los hombros de María Migliore, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. Hace pocos días, su ministerio volvió a censar a las personas en situación de calle. El total de personas que vive en la calle o en alguno de los centros de inclusión social de los que dispone la Ciudad para esta población aumentó un 15% con respecto a 2022: pasó de 2611 personas a 3002. De esos totales, la proporción de quienes literalmente duermen en la vereda, bajo un puente, en paradas de colectivos o en un cajero automático, entre otros lugares, también aumentó: pasó de 1011 a 1247.

“Lamentablemente, esperábamos un crecimiento”, sostiene esta licenciada en Ciencias Políticas que se hizo cargo del ministerio pocos meses antes de que estallara la pandemia. El encuentro con LA NACION es en el Centro de Integración Social de Costanera Sur. Entre mate y mate, Migliore dice que está convencida de que la economía y la política social no tienen por qué ser antagonistas. “Cuando van juntas, pueden transformar mucho”, asegura durante un diálogo que tuvo respuestas para todo. Incluso para responder, en segunda persona, cómo impacta en su vida una muerte de una niña de apenas tres meses que dormía en la vereda: “Te mata. Te quedás helada. Te interpela, te conmueve, te lastima”.

—En el último trimestre de 2022, en la ciudad de Buenos Aires unas 237.000 personas estaban en la indigencia. Son prácticamente el doble de las que contabilizaron en 2017. Con la inflación creciente, ¿le preocupa que más porteños y porteñas no tengan los recursos como para comer lo indispensable?

—Por supuesto que me preocupa. Para poder resolver de manera estructural cualquier cuestión de pobreza, si no tenés la macroeconomía ordenada y un programa de crecimiento, no tenés condición de posibilidad.

—Pero, ¿alcanza con la economía ordenada para superar la pobreza?

—Obviamente que no, sobre todo en un país como Argentina, donde la pobreza tiene larga data. Por eso creo que la política social bien diseñada es un componente más dentro de un plan de desarrollo. Cuando la política social y la economía van juntas, pueden transformar mucho.

—El nuevo censo porteño de personas en situación de calle, hecho el mes pasado, revela que 3002 personas no tienen dónde dormir. Es decir, 391 personas más que en 2022. ¿Los tomó por sorpresa ese dato?

—Lamentablemente esperábamos un crecimiento, por todos estos factores de los que venimos hablando.

—¿Se sabe cuántos de ellos están por primera vez en calle?

—Todavía estamos analizando los resultados y haciendo los cruces correspondientes. Por ahora solo están disponibles datos preliminares cuantitativos.

—Entiendo que el ministerio llega a esta población con diferentes tipos de programas, como la asistencia inmediata en los centros de inclusión social (ex paradores), subsidios habitacionales y transferencias de ingresos como el Programa Ciudadanía Porteña. Es decir, lo fundamental es que la gente coma y tenga un techo. ¿Cuánto de lo que hacen apunta a la inclusión sociolaboral de estas personas para fomentar su autonomía?

—Tenemos una mirada de política social que siempre busca hacer eso. En el caso puntual de la gente que está en situación de calle, lo más importante es que puedan venir a un centro de inclusión porque ahí podemos, primero, acompañarlos con más de profundidad. Y después, entender por qué la persona llegó a esa situación, si tiene o no tiene documento, si tiene algún problema de consumo, si sufrió alguna situación de violencia, con qué habilidades cuenta. A partir de conocerla con un poco más de profundidad, empezamos un camino de reinserción.

—¿Alcanza con ofrecerles un trabajo para que salgan de la calle?

—La gran mayoría de las personas que están en situación de calle tienen algún otro problema asociado. Quedar en situación de calle no es solamente una cuestión de falta de ingresos. Son personas que están atravesadas por distintos problemas. Adicciones, por ejemplo. O han sido violentos o han sufrido violencia. Hay problemas de salud mental, no hay lazos familiares.

—Más allá de las 3002 personas en situación de calle que censaron, el presupuesto 2023 habla de 18.400 familias en situación de calle que serían beneficiarias de subsidios habitacionales. ¿En qué consiste esa diferenciación entre personas y familias en situación de calle?

—Lo que mide el censo son las personas que están ese día en la calle y adentro de los centros de inclusión. Eso nos permite calcular la capacidad de respuesta inmediata que necesitamos tener. Después, para reinsertar a algunas familias tenemos distintas herramientas. Una de esas es el programa de subsidio habitacional, que se lo damos a familias que han logrado reinsertarse. Muchas veces, a estas familias también se las puede acompañar con una cuestión alimentaria. Entonces, para cada intervención que hacemos, tenemos herramientas específicas.

—Lo que no me queda claro es qué diferencia hay entre una familia en situación de calle que vive en un centro de inclusión social y una familia en situación de calle que vive en una habitación de hotel que paga en parte con ese subsidio habitacional que le otorga el Estado.

—Lo que quiere decir es que son familias que han logrado salir de la atención inmediata de estos centros. La gran mayoría de las familias a las que les estamos dando un subsidio ha pasado por algún tipo de acompañamiento social y está en condiciones de tener cierta autonomía. Los centros son el primer lugar al que la persona llega. Una vez que lo hace, como parte de ese camino, a algunas puede ser que se las acompañe con un subsidio habitacional, a otras con la búsqueda de un trabajo o con un acompañamiento de adicciones o un tratamiento, dependiendo de lo que esa persona o familia necesite.

—De todos modos, en general el subsidio habitacional no logra cubrir el valor total del hotel o pensión.

—El monto promedio está en 25.000.

—Pero alquilar una habitación con cocina y baño compartidos, hoy no baja de los 40.000 pesos.

—Es que esto es un complemento.

—¿Cree que están las condiciones dadas para que estas familias puedan trabajar y conseguir el resto del dinero siendo que muchas son monoparentales y tienen hijos en edad de ir a la escuela? Muchas veces no lo pueden sostener y vuelven a la calle.

—Justamente trabajamos para que puedan sostenerlo. Esto es un acompañamiento más dentro de otra red de acompañamiento. Cuando a una familia, por ejemplo, la acompañamos con un subsidio y es una madre que tiene hijos, tratamos de acompañarla en el proceso de escolarización de los chicos, les hacemos un acompañamiento por el tiempo que esa familia lo necesite. No hay que mirar cada intervención aislada, sino todas las herramientas que en su conjunto ayudan a esa persona a una reinserción y una vida autónoma y con libertad.

—El mes pasado se conoció que se le quitó el beneficio de Ciudadanía Porteña (el monto promedio es de 21.818 pesos) a 1445 familias por falta de regularidad en la escolaridad de sus hijos. La medida fue muy criticada por algunos sectores porque supone desconocer la realidad de las familias beneficiarias: no siempre la escuela de sus hijos les queda cerca, en muchos casos son jefas de familia que tienen que trabajar… ¿Se trabaja con esas familias para ver por qué no pueden enviar a sus hijos con regularidad a la escuela?

—Ciudadanía Porteña es un programa de transferencia condicionada donde por una situación particular de vulnerabilidad una familia recibe una transferencia y por eso tiene que cumplir dos condicionalidades: cuando hay menores, es que los chicos estén escolarizados y tengan ciertos controles de salud. Así funciona la mayoría de programas en el mundo. Si diseñamos programas que tienen condicionalidades porque creemos que esas condicionalidades empoderan a las personas, hay que cumplirlas. Si no estamos de acuerdo con esas condicionalidades, que puede ser una discusión, saquémoslas de los diseños de los programas. Estas condicionalidades están. En el momento en que una familia las vuelve a cumplir, por supuesto que se le da de alta de nuevo. Mientras tanto se trabaja con la escuela, con el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y nuestro ministerio para acompañar a las familias en esa situación.

—Hace pocos días se derrumbó en Floresta una propiedad que funcionaba como inquilinato. El año pasado se incendió un hotel que alojaba familias en pleno Microcentro. Es frecuente que las familias que habitan estos lugares hablen de suciedad, hacinamiento y condiciones indignas. ¿Está al tanto? ¿Sabe qué tipo de controles tienen estos espacios?

—Nosotros seguimos a las familias. El trabajo se hace con el grupo familiar y con nuestro equipo de asistentes sociales. Si hay menores, se trabaja para que estén en el colegio. O se trabaja con los mayores para ver en qué condiciones laborales están, si pueden recibir algún otro tipo de ayuda. Se trabaja de manera particular con cada persona, que a veces decide recibir esta ayuda y a veces no. Y ahí hacemos todo lo que está a nuestro alcance.

—Pero, ¿qué pasa si el hábitat de estas familias no cumple las condiciones mínimas?

—Nosotros tomamos contacto con estas familias (N. de la R.: se refiere a las familias de Floresta) a partir de este incidente y ahora vamos a trabajar en términos sociales para que puedan estar en un lugar adecuado.

—¿Usted cree que los hoteles e inquilinatos en donde viven estas más de 18.000 familias están en condiciones?

—Cuando una familia recibe un subsidio, nosotros hacemos el seguimiento social con las familias.

—¿Pero articulan con otras agencias para que estos espacios se controlen?

—Si vemos alguna irregularidad, por supuesto. Cuando hay denuncias o alguna irregularidad, obviamente que el gobierno interviene.

—Más allá del subsidio habitacional y teniendo en cuenta que no cubre el valor total de una habitación, ¿el ministerio cuenta con alguna otra política habitacional más permanente para esta población?

—Cuando una persona accede al subsidio, deja de estar en la calle. Accede a una solución de mediano plazo, sabiendo que con la situación económica es imposible solucionar lo estructural.

—A fines de marzo murió una beba de 3 meses en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, parte de una familia en situación de calle. El hijo mayor de esa pareja hoy está en situación de adoptabilidad, a partir de la intervención del ministerio y del Consejo hace dos años. Pero dos años más tarde, esa familia seguía en la misma situación y muere una de sus bebas. ¿Hay algo que podría haberse hecho diferente para prevenir esta muerte?

—Creo que mientras haya una persona que esté en la calle, siempre se puede hacer más. El Estado tiene que seguir generando mecanismos de interacción que permitan cruzar la información disponible de cada una de las personas. Este caso también puede servir como ejemplo de algunas de las restricciones que tenemos a la hora de trabajar con las personas que están en situación de calle. Por ejemplo, la ley de salud mental, que es una restricción. Nosotros podemos ofrecerle a una persona varias herramientas y si no quiere aceptarlas, puede no hacerlo.

—En muchos casos son personas que no están en posición de decidir. Porque están en situación de consumo de drogas o con alguna problemática de salud mental. Mientras existan restricciones con respecto a las internaciones, ¿deberían pensarse otras estrategias de acercamiento del Estado para estas personas para prevenir situaciones como la de esta familia?

—Lo que venimos haciendo hace años y nos viene dando buen resultado es trabajar de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, algunas iglesias que trabajan siempre en la misma zona logran establecer un vínculo con personas que están en esta situación y hacemos el traslado conjunto. A veces la intervención que hacemos adentro de los centros también tiene estas distintas miradas.

—Justamente la organización “Amigos en el Camino”, que trabaja en la asistencia de personas en situación de calle, le acerca esta pregunta: ¿cuentan con algún programa que brinde atención y contención a personas en situación de calle con padecimientos de salud mental? No tanto consumo sino patologías psiquiátricas, como pueden ser esquzoofrenia, paranoia, demencia senil o trastorno bipolar.

—Hay un programa bajo la órbita del Ministerio de Salud, el área de Salud Mental. Ante diferentes situaciones, trabajamos con profesionales del Ministerio de Salud, acompañando a las personas que estén sufriendo problemas de salud mental.

—En este contexto, ¿qué sintió usted cuando se enteró de la muerte de la beba?

—Te mata. Te quedás helada. Te interpela, te conmueve, te lastima. Te llama, al menos a mí, a mejorar todos los días lo que hacemos. No me pasa inadvertido, para nada.

—Hace un tiempo, en un centro de inclusión social que recorrí una coordinadora me había dicho que alrededor del 40% de las personas que estaban ahí, dejaban el lugar, tal vez con una perspectiva de trabajo, pero al tiempo reingresaban. ¿Por qué le parece que pasa eso? ¿Están pensando en generar nuevas estrategias de cara a disminuir los reingresos?

—Lo que nosotros hicimos durante los últimos años fue reforzar mucho el acompañamiento social, la reconstrucción del tejido comunitario. Esto de entender cuál es la historia de esa persona. Muchas veces, esas personas piensan que no son ni dignas de tener una segunda oportunidad. Mirá, hace unos años, yo estaba en una plaza con mis dos hijas y había una persona que estaba en situación de calle. Estaba medio borracho y empezó a molestar a algunas personas. Dejé a las chicas con una mamá amiga que estaba ahí, llamé a los chicos del BAP para que vinieran y le pregunté: “¿Cómo te llamás?”. “Juan”, me contestó. Le dije: “Bueno, Juan, quedate tranquilo que yo me quedo con vos hasta que venga el móvil”. El hombre se pone a llorar y me dice: “¿Sabés hace cuánto que nadie me llama por mi nombre?”. Esto demuestra lo lastimada que está una persona que está en la calle. El otro día, alguien me contaba de un estudio que marcaba que el día de una persona en situación de calle está marcado por todos los “no” que recibe. Y eso en algún lado te queda.

—¿Cómo se supera esa situación?

—Hay que acompañar a esa persona para que pueda revincularse, rehacer su historia, que pueda superar lo que le está pasando. Pero recomponer eso lleva un montón de tiempo y requiere de profesionales que estén dispuestos a acompañar ese camino. Una vez que eso está, el foco pasa a lo laboral, que también es importante, porque el trabajo tiene una dimensión no solamente de ingresos, sino de recuperar tu autoestima. De alguna manera, yo siento que todos necesitamos que alguien crea en nosotros para reafirmar lo que podemos ser y lo que podemos dar. Lo que buscamos en los centros es eso. Acompañar a esas personas a que se animen a tener una segunda oportunidad.

—En los centros, las personas suelen estar tres meses. Tal vez seis. Me imagino que debe de ser muy difícil revertir tantos “no” en tan poco tiempo. Cuando dejan este lugar, ¿las personas reciben algún tipo de seguimiento?

—Tenemos un programa donde nosotros seguimos en contacto con ellos. Por eso te decía que el subsidio habitacional es parte de un acompañamiento de egreso. Es eso más un acompañamiento psicológico, dependiendo el caso. Pero en muchas veces, la mayoría te diría, tratamos de seguir en contacto.

—Hace unos años, la Ciudad pasó del modelo de parador al de centro de inclusión social. Los avances son notables. Pero todavía mucha gente los evita. ¿Por qué cree que alguien preferiría seguir en la calle en lugar de venir a un espacio como este?

—Por muchas cosas. Primero, hay que seguir mejorando la capacidad que nosotros tenemos de recibir a esas personas para que nuestra propuesta sea lo más adecuada posible de acuerdo a lo que esa persona transita. Después me parece que no es menor la cuestión de salud mental. La gente que está hace más años situación de calle, que nuestro equipo la tiene superidentificada, por ahí tiene una resistencia asociada a otros problemas. También es importante el trabajo conjunto con la sociedad civil. Si estos espacios se difunden de otra manera, creo que las chances de que cada vez más gente quiera venir van a ser mejores.

—A partir de este resquemor a venir por parte de la población en calle, ¿están desplegando nuevas estrategias para acercarlas?

—En la sede de la calle Entre Ríos, donde está la sede central del BAP, abrimos hace dos o tres meses un dispositivo de primer acercamiento. Cualquier persona, de manera espontánea durante el día, se puede acercar y recibir atención médica, psicológica, se puede cortar el pelo, bañarse. Y esto es también una estrategia. Por ahí te dicen: yo a un centro no quiero ir. Bueno, vení acá, podés bañarte, va a haber una psicóloga para hablar de lo que te pasa. Y si querés podés irte y volver mañana. Después creo que hay que seguir explorando nuevas maneras de trabajar. En San Pablo están implementando un programa donde están haciendo centros para familias muy específicas por los primeros dos meses: Son como casas transitorias y ellos están apostando a ello para tener una mejor tasa de aceptación, porque este problema no es solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino que está presente en casi todas las capitales del mundo, por eso con algunas de ellas, sobre todo las de América Latina, venimos conversando, para compartir estrategias y ver cómo podemos seguir mejorando.

—Suponiendo que las 1.247 personas que todavía siguen en la calle quisieran ingresar a alguno de los centros de inclusión, ¿hay plazas suficientes?

—Sí, hay plazas suficientes. Justamente para esto realizamos el censo, para tener información actualizada y poder tener todas las herramientas necesarias para asistir a estas personas.

—¿Cuántos barrios populares hay en la CABA?

—Depende de cómo los midas. Tenés aproximadamente 300.000 personas viviendo en barrios populares en CABA, casi el 10 % de su población. El barrio Mugica, el 21-24, la 1-11-14, la 15 y la 20 concentran más del 50% del total de esa población. Y después tenés distintos asentamientos chicos. Pero tenés entre 15 y 30 dependiendo de cómo los midas.

—Actualmente la gestión hace foco en la integración sociourbana de algunos de ellos: Fraga, Rodrigo Bueno, 31 y 20. ¿Qué factores los volvieron prioritarios con respecto al resto? ¿Tiene que ver la zona?

—No. Diseñamos un modelo nuevo de intervención que tiene que ver con mejorar lo habitacional, con tener muy en cuenta el tema de acceso a la infraestructura urbana: servicios de agua, infraestructura, transporte, calles, electricidad. Y lo socioproductivo, y ahí hablamos de mejorar indicadores de salud, educación y laborales. Todo ese modelo decidimos probarlo en cuatro lugares. Elegimos un barrio grande del norte de la Capital, el 31; un barrio grande del sur, el barrio 20; y dos barrios chicos: Rodrigo Bueno y Chacarita. Obviamente, en los demás barrios tenemos presencia, no es que no estamos haciendo nada. Tenemos el compromiso de seguir avanzando con esta política. Estamos diseñando un proyecto para poder intervenir en la 1-11-14. Nos gustaría que el próximo gobierno, más allá de quien sea que lo lidere, tome el proyecto de la 1-11-14 para la próxima gestión

—A propósito de este tema, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) les acerca una pregunta: En la Villa 21-24, de Barracas, hay una causa por el riesgo eléctrico en el barrio, con sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia, ¿por qué en una década el Gobierno porteño no ha presentado (ni mucho menos implementado) un plan integral para paliar el déficit de acceso al servicio, que ya tuvo consecuencias fatales en varias oportunidades?

—En el barrio 21-24 se hicieron distintas obras. En los últimos años se avanzó mucho en el cumplimiento de la causa ACUMAR, que está en el borde de la 21-24. Se trabajó con todas las familias que estaban a orillas del Riachuelo, se hicieron intervenciones de agua y se hicieron intervenciones eléctricas justamente para mejorar la provisión y prevenir el riesgo eléctrico dentro de lo que es esta causa, así que intervenciones en el barrio hubo. De hecho, en los últimos años fue el período en el que más se avanzó en el cumplimiento de la causa ACUMAR. Por supuesto, hay que seguir profundizando la intervención, más bien que hay muchos desafíos por delante, pero hubo presencia del Estado.

—¿En qué medida está garantizado el acceso a los servicios básicos en todos los barrios?

—Los niveles varían en cada uno. Con estos proyectos de integración sociourbana, lo que hacemos es regularizar la provisión de esos servicios para que sean dados de manera formal. Y de esta manera, mejoran la calidad de esas prestaciones. En los barrios que te digo estamos avanzando para llegar al 100% de esa provisión. En los otros, va variando el nivel de acceso.

—Está muy claro que le toca gestionar un área muy sensible, con urgencias que ponen en juego la vida de las personas. ¿Hay algo que le angustie especialmente cuando se va a dormir?

—Te lo relaciono con la anterior, cuando me preguntaste qué sentí cuando se murió esta nena. Yo hago política porque creo que esto se puede transformar. Y sigo creyendo todos los días que la política es la mejor herramienta para nivelar la cancha y dar oportunidades. Creo todos los días en eso y es lo que me compromete a seguir estando acá. Sí, la capacidad de acción que uno tiene y la complejidad de los problemas tiene una cierta distancia con lo cual creo que el desafío siempre es mejorar lo que tenemos por delante, garantizar las cosas que no están garantizadas, y hacer que las personas por las que trabajamos tengan cada vez más voz.

Por Lorena Oliva

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