El Indio Solari en Olavarría: a seis meses de la tragedia, la investigación tiene pocas certezas

MAR DEL PLATA. Dos muertos. Más de 50 de lesionados y medio millar de damnificados. Varios funcionarios en la mira por incumplimientos rayanos con el delito, el propio artista en la lista de sospechados y apenas dos productores imputados, aunque aún sin acusación definida. En estos primeros seis meses de pesquisa la causa que investiga el trágico recital de Carlos Indio Solari en Olavarría tiene esas pocas certezas, transcurre sin responsables detenidos y espera por un dato crucial aún a determinar: cuánto público hubo en un campo desbordado que, entre avalanchas y falta de espacio, se terminó convirtiendo en arma mortal.

Abogados de las familias de Juan Francisco Bulacio y Javier León, ambos fallecidos casi a los pies del músico y su banda que daba –y quizá dio- su último show en vivo, están convencidos que hay pruebas suficientes para considerar estos casos como homicidio. Y en tal sentido anticiparon que pedirán acusación y detención tanto de Solari como del intendente de Olavarría, Ezequiel Galli.

A la espera del peritaje ocupacional, que se acaba de ordenar en simultáneo al Instituto Tecnológico de Buenos Aires y a la Unidad Criminalística de la Policía Federal Argentina para mensurar con mayor precisión la asistencia de espectadores, el fiscal David Carballo continúa recibiendo testimonios.

El último y más que relevante, el del joven cordobés Matías Agustín Cabrera Ledesma, el primero entre más de 100 testigos que dice haber intentado a asistir a una de las víctimas fatales. “Me acerco a ayudarlo porque lo estaban pisando como a un trapo de piso”, relató de su intento por rescatar a Bulacio, al que vio caer “temblando”, con “espuma y luego sangre en la boca”. “(El predio) fue una trampa mortal”, afirmó en su declaración.

La Colmena, un espacio abierto alquilado por la organización con el visto bueno de la comuna, fue habilitado para un máximo de 155.000 asistentes. En la causa judicial consta que tanto los organizadores como Sadaic reconocen que por Internet y boleterías se vendieron no menos de 196.000 tickets. A los que deben sumarse quienes ingresaron sin entrada, que se estiman en varios miles. “Decenas de miles”, arriesgó una fuente de la investigación.

A la fecha la fiscalía solo confirmó la condición de imputados a los empresarios Marcos y Matías Peuscovich, propietarios de la productora En Vivo, habitual organizadora de los recitales de Solari. Ya les allanaron sus oficinas y se les incautó documentación que está incorporada a la causa.

“Se comentaba que sería el último recital de Solari y debían haberse previsto medidas que comprendan la seguridad de tanta gente”, dijo a LA NACION el fiscal Carballo, a cargo de la Unidad de Delitos Especiales en la jurisdicción de Azul.

Los 13 cuerpos que ya tiene la causa acumula testimonios de quienes padecieron los inconvenientes de un espectáculo que tuvo sus víctimas fatales en los primeros quince minutos, cuando apenas se habían interpretado tres canciones y el propio Solari impuso una pausa para marcar que había gente “pisoteada” por otra. Entre ellos, Bulacio y León.

El común denominador de esos relatos confirma fallas en el operativo de seguridad: no se advertían pasillos de evacuación ni vallas que impidieran las avalanchas que, se presume, fueron causa de ambas muertes y lesiones de varias decenas. Las autopsias confirmaron que Bulacio y León no murieron por aplastamiento sino por asfixia, final en el que se entiende que incidió el complicado contexto.

Carballo requirió a Cruz Roja un informe sobre el operativo que brindó en el predio. Quiere saber qué labor realizó, a cuántas personas asistieron y en qué condiciones. También se recabaron historias clínicas en hospitales que atendieron a los lesionados y afectados, en su mayoría asistentes que se ubicaron más cerca del escenario.

La carátula de la causa se mantiene como averiguación de causales de muerte. Con el peritaje ocupacional se podría tener la prueba que permitiría la fiscal perfilar la acusación. La querella, representada por el estudio que encabeza Fernando Burlando, se inclinaría por alguna variante de homicidio. En el ministerio público consideran que lo ocurrido se podría caratular como estrago. Culposo o doloso, se verá en función de lo que derive esta investigación. Recién entonces se citaría a indagatoria a los Peuscovich.

Las viudas de ambas víctimas fatales pasaron hace una semana por la fiscalía de Olavarría. Se interiorizaron del avance de la causa y pidieron celeridad en la pesquisa. “Saben que estamos trabajando con diligencias continuas”, asegura Carballo, que también pide a la querella que aporte más pruebas a la causa. La defensa de los productores acercó varios testigos, pero en todos los casos para demostrar que la organización funcionó sin problemas.