Atención, choferes de Uber en California: la nueva ley firmada por Newsom que cambia lo que pasa al sufrir un choque

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la ley SB 623 para reformar el sistema de demandas por lesiones personales, que impacta directamente en los accidentes automovilísticos. La legislación surge de un acuerdo entre la empresa Uber y la Asociación de Abogados de Consumidores del estado.

La normativa establece topes para las tarifas que los proveedores de salud pueden exigir cuando los pacientes utilizan la modalidad de pago por adelantado. Bajo este esquema, la compensación profesional deriva directamente de la indemnización final, lo que evita la intervención de seguros tradicionales.

De acuerdo con Los Angeles Times, el propósito de la norma consiste en erradicar prácticas que fomentan la inflación de facturas a través de acuerdos entre letrados y facultativos. Diversos informes señalan que la elevación de estos costos incrementa exponencialmente las reclamaciones contra las aplicaciones de transporte.

Estas disposiciones rigen de forma exclusiva para aquellos siniestros ocurridos a partir del 1° de enero de 2027. Según las autoridades, la intención de la norma es obtener mayor transparencia y responsabilidad en los procesos legales vinculados con estos incidentes.

La ley combate las tácticas de fondos de inversión que adquieren derechos de retención sobre lesiones personales con la compra de participaciones médicas con descuentos. Estas entidades financieras suelen exigir el pago total de los montos tras la resolución del litigio.

La regulación impone restricciones a las ganancias que los actores financieros pueden capturar a través de cobros por atenciones médicas. Según Los Angeles Times, la intención es que los ajustes frenen el peso del sector financiero en los procesos de compensación por lesiones sufridas en transportes.

La SB 623 obliga a Uber a ejecutar sistemas de chequeo de antecedentes criminales anuales para la totalidad de su personal en la aplicación. Esta medida pretende elevar las garantías de seguridad y minimizar los riesgos para los usuarios de la plataforma en California.

La reforma amplía la lista de delitos que derivan en una exclusión automática para quienes deseen prestar servicios. En ese sentido, la plataforma pierde cualquier margen de discrecionalidad en la admisión de conductores si el historial delictivo contiene crímenes específicos.

Las empresas de transporte deberán adaptarse obligatoriamente a este nuevo estándar para mantener su operatividad en el estado. El incumplimiento de estos requisitos dejará a las compañías expuestas a sanciones severas por parte de las autoridades.

La norma firmada por Newsom provocó diversas perspectivas sobre la importancia de este acuerdo y sus implicancias para la seguridad pública. Nicholas Rowley, abogado que participó en las negociaciones, declaró en Los Ángeles Times: “Vamos a tener un estado mucho más seguro tanto para los pacientes como para los pasajeros de Uber”.

Por su parte, Ramona Prieto, ejecutiva de Uber, señaló que la ley brinda garantías necesarias para todas las partes. “Esta legislación establece salvaguardias para proteger mejor a las víctimas de accidentes, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas”, aseguró.

Sin embargo, ciertos abogados mantienen una postura cautelosa respecto a los motivos detrás de estas reformas. Douglas Saeltzer, presidente de la Asociación de Abogados de Consumidores de California, cuestionó la intención de la norma y el interés de las plataformas de viajes: “Creo que su objetivo inicial no era proteger a las víctimas, sino proteger a Uber”.

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