El proyecto de ley de California que prohibiría a los agentes del ICE en los centros de votación
El proyecto del Senado impide explícitamente operativos migratorios y presencia de oficiales en las inmediaciones de instalaciones vinculadas con los comicios
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LA NACION
Un nuevo proyecto de ley impulsado en el Senado de California busca blindar los comicios frente a lo que sus autores consideran intentos de injerencia y amedrentamiento. La iniciativa, presentada por los demócratas Tom Umberg y Sabrina Cervantes, propone ampliar el acceso al voto, reforzar la protección en torno a los centros de sufragio y, de manera explícita, prohibir la aplicación de leyes federales de inmigración —lo que alcanzaría a agentes del ICE— en las inmediaciones de los lugares donde se vota.
El paquete legislativo de California para “defender” las elecciones estatales
De acuerdo con el comunicado difundido el 20 de febrero de 2026 por el senador Tom Umberg, la propuesta forma parte de un paquete legislativo que avanza a través de dos iniciativas: el SB 884 (Umberg-Cervantes) y el SB 73 (Cervantes-Umberg).
Según se detalla en ese documento oficial, el objetivo es fortalecer las salvaguardas del sistema electoral californiano, ampliar el acceso de los votantes y proteger a los ciudadanos frente a lo que describen como una extralimitación federal.
En ese mismo comunicado, Umberg remarcó que la intimidación electoral no es una hipótesis abstracta para él. Recordó que el día de las elecciones de 1988, cuando se desempeñaba como fiscal federal adjunto en Santa Ana, presenció cómo una persona vestida como agente policial se ubicó fuera de un centro de votación con un cartel que advertía que los no ciudadanos no podían votar, e interrogó a votantes latinos.
El comunicado también indicó que el paquete legislativo surge como respuesta a una serie de movimientos y declaraciones a nivel federal que, según los senadores, buscan debilitar la autoridad de los estados en materia electoral.
Entre ellos se mencionaron llamados recientes del presidente Donald Trump a “nacionalizar” las elecciones, intentos del Departamento de Justicia y del FBI de acceder a registros electorales estatales, declaraciones públicas de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre la autoridad federal en infraestructura electoral, y exhortaciones de Steve Bannon para desplegar agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y personal militar en centros de votación.
En palabras de Umberg, California “tiene el derecho constitucional y la responsabilidad de administrar sus propias elecciones seguras y protegidas”, y advirtió que el estado protegerá a sus votantes y la autoridad local “independientemente de si el gobierno federal decide respetar esos principios”.
Por su parte, la senadora Cervantes sostuvo que, si bien en el último año se dieron pasos para reforzar las defensas frente a la interferencia federal, aún queda trabajo por hacer para resguardar la integridad de los comicios en el llamado “Golden State”.
Qué establece el SB 884 para 2026, 2027 y 2028
El alcance concreto de la prohibición a la aplicación de leyes federales de inmigración en los centros de votación se encuentra detallado en el texto del proyecto SB 884, enmendado en el Senado el 19 de febrero de 2026. La iniciativa crea un nuevo capítulo en el Código Electoral que regirá para las elecciones celebradas en 2026, 2027 y 2028, con excepción de la primaria estatal del 2 de junio de 2026.
En su sección 404, el proyecto establece que ninguna persona podrá realizar acto alguno con el propósito de, o en apoyo de, la aplicación de leyes federales de inmigración dentro de un radio de 200 pies (60,96 metros) de cualquier centro de votación, oficina electoral del condado o lugar donde se cuenten, auditen, certifiquen o recuenten boletas. La violación de esta disposición será exigible conforme a lo previsto en la sección 18582 del Código Electoral.
Esa redacción implica, en la práctica, que agentes federales encargados de la aplicación de normas migratorias —como los del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas— no podrían llevar adelante operativos o acciones vinculadas a sus funciones dentro de ese perímetro de 200 pies (60,96 metros) alrededor de los espacios electorales mencionados.
El mismo proyecto amplía además la zona de restricción para actividades de proselitismo. En la sección 405 se dispone que esas prácticas quedarán prohibidas dentro de 200 pies (60,96 metros) de la entrada a edificios que contengan centros de votación, oficinas electorales o sedes satélite, así como en sitios al aire libre —incluidas áreas de votación desde el automóvil— donde los ciudadanos puedan emitir o depositar su sufragio.
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