Familias latinas en Los Ángeles piden ayuda a Karen Bass para que no las desalojen: “Me dijeron que tenía 24 horas”

Un grupo de familias latinas del sur de Los Ángeles volvió a levantar su voz públicamente para frenar lo que consideran una amenaza inminente contra sus hogares. En medio de la incertidumbre y el temor a perder el lugar donde vivieron durante décadas, los inquilinos apelaron directamente a la alcaldesa Karen Bass y a las autoridades locales de vivienda para intervenir en un conflicto que arrastra años de tensiones y denuncias.

El edificio de Los Ángeles con décadas de historia y familias en riesgo

De acuerdo con el informe presentado por Telemundo 52, la manifestación tuvo lugar frente a la propiedad ubicada en el 1080 de la calle 39, en el área cercana a la Universidad del Sur de California (USC), dentro del barrio Exposition Park. Allí, residentes afectados decidieron hacer público su pedido de ayuda luego de recibir nuevas notificaciones relacionadas con un posible desalojo.

Según relataron los propios inquilinos, en el edificio viven actualmente 11 familias, muchas de ellas con una permanencia prolongada en el lugar. Algunos residentes aseguran haber habitado las unidades durante más de 50 años, mientras que otros llevan tres décadas o al menos 15 años viviendo allí. Para ellos, la casa representa mucho más que un alquiler: es el espacio donde crecieron sus hijos y consolidaron redes familiares y vecinales.

Uno de los residentes explicó que los intentos de expulsión no son recientes. Según su testimonio, desde 2017 enfrentan presiones para abandonar los inmuebles. “Hasta ahora han sido dos órdenes de desalojo”, afirmó, para luego señalar que la primera pudo frenarse gracias a la intervención de autoridades municipales y organizaciones comunitarias.

Inquilinos denuncian presiones y contratos irregulares

Los testimonios recogidos por Telemundo 52 describen situaciones que los residentes consideran intimidatorias. Uno de los afectados relató que el propietario lo obligó a firmar un segundo contrato acompañado del pago de un nuevo depósito inicial. Posteriormente, aseguró que el dueño se presentó junto a su esposa, golpeó la puerta de su unidad y exigió que abandonara el lugar de inmediato.

“Me dijeron que tenía que salir, que tenía 24 horas”, contó el inquilino, al describir el momento que vivió como uno de los episodios más angustiantes desde que comenzó el conflicto habitacional.

Sin embargo, los residentes sostienen que poseen documentación que establece otro plazo. Según indicaron, en enero recibieron una carta donde se les notificaba que debían dejar las viviendas recién en julio, lo que abre un período de aproximadamente cinco meses de incertidumbre mientras intentan definir cuál será su futuro.

Hasta el cierre del reporte televisivo, representantes de Barabas Investment, empresa propietaria del inmueble y señalada como impulsora del proyecto de reconstrucción del complejo de apartamentos, no habían emitido declaraciones públicas sobre el caso.

Qué establece la ley de desalojos en Los Ángeles en 2026

Según las normas vigentes explicadas por el Los Angeles Housing Department (LAHD), desde el 27 de enero de 2023 todos los inquilinos residenciales de la ciudad cuentan con protecciones contra desalojos arbitrarios bajo el principio de “causa justificada”.

Esto implica que un propietario solo puede iniciar un proceso de expulsión si existe un motivo legal específico. Entre los desalojos considerados responsabilidad del inquilino se incluyen situaciones como el incumplimiento del pago del alquiler, violaciones graves del contrato o el uso ilegal de la vivienda. En esos casos, generalmente debe otorgarse un aviso de tres días para corregir la falta o abandonar el inmueble.

Por otro lado, existen procesos de desocupación sin culpa del residente, conocidos como “No-Fault”, que se aplican cuando el dueño busca recuperar la unidad para mudarse personalmente, cumplir órdenes gubernamentales, demoler el edificio o retirar la propiedad del mercado de alquiler. Bajo estas circunstancias, la normativa exige que el arrendador entregue asistencia económica para la reubicación.

Además, el LAHD establece que ningún propietario puede recurrir a amenazas, cambio de cerraduras, interrupción de servicios o expulsiones sin orden judicial. Todo proceso debe pasar obligatoriamente por una demanda formal de desalojo ante un tribunal, conocida como unlawful detainer, garantizando al residente la posibilidad de defensa legal.

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