La nueva ley que se aplica en California y que impacta en los trabajadores: sin importar el estatus migratorio
El objetivo central de la norma es asegurar el conocimiento de las protecciones que ya existen en la legislación estatal y federal
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LA NACION
A partir de febrero de 2026, los empleadores en California están obligados a entregar un aviso escrito anual que informe derechos laborales y constitucionales a toda su plantilla. La ley, identificada como SB 294 y conocida como “Conozca sus derechos en el lugar de trabajo”, se aplica sin considerar el estatus migratorio e incorpora sanciones económicas ante incumplimientos.
Qué establece la ley SB 294 para empleadores y trabajadores
La SB 294 determina que los jefes deben entregar el aviso por escrito al utilizar los canales habituales de comunicación interna. Entre ellos se incluyen la entrega en mano, el correo electrónico o los mensajes de texto, siempre que estos medios sean empleados regularmente en la relación laboral.
El documento debe proporcionarse en el idioma que el empleador use de forma habitual para comunicarse con el trabajador, siempre que exista una versión oficial disponible. Las plantillas aprobadas están accesibles en varios idiomas, entre ellos:
- Inglés
- Español
- Chino
- Tagalo
- Vietnamita
- Coreano
- Hindi
- Urdu
- Punjabí
Además de la entrega anual, la ley dispone que el aviso debe proporcionarse en el momento de la contratación de nuevo personal. Si el trabajador cuenta con un representante autorizado, este también debe recibir la notificación correspondiente.
La norma deja en claro que las protecciones informadas se aplican a todas las personas que laboren en California, independientemente de su situación migratoria, y que ningún empleador puede condicionar el acceso a estos derechos por ese motivo.
Contenido obligatorio del aviso anual de derechos laborales en California
El texto que deben entregar los jefes incluye información específica sobre distintas áreas del derecho laboral:
- Compensación de trabajadores: abarca el acceso a atención médica y beneficios económicos en caso de lesiones o enfermedades relacionadas con el empleo.
- Derecho a organizarse sindicalmente: esto incluye la posibilidad de formar, unirse o colaborar con un sindicato, así como participar en acciones colectivas relacionadas con salarios, horarios, seguridad o condiciones laborales, sin enfrentar represalias.
- Protección frente a prácticas migratorias consideradas injustas: el documento debe explicar que los empleadores no pueden amenazar con denunciar a un trabajador o a su familia ante autoridades federales como forma de castigo o presión.
- Derecho a recibir notificaciones: en caso de inspecciones de documentos laborales, como los formularios I-9, cuando estas sean realizadas por agencias de inmigración.
Derechos constitucionales y contacto de emergencia en caso de arresto
Una de las incorporaciones relevantes de la SB 294 es la obligación de informar al personal sobre derechos constitucionales durante interacciones con fuerzas del orden en el lugar de trabajo. Esto incluye garantías previstas en la Cuarta y la Quinta Enmiendas de la Constitución de EE.UU.
Entre estos derechos se encuentran la posibilidad de negarse a registros de pertenencias personales sin una orden judicial válida y el derecho a guardar silencio para evitar la autoincriminación, incluso ante preguntas relacionadas con el estatus migratorio.
La ley también introduce el derecho de cada trabajador a designar un contacto de emergencia específico para casos de arresto o detención. Los empleadores deben permitir que su personal actual realice esta designación antes del 30 de marzo de 2026.
Si un jefe tiene conocimiento de que un empleado fue arrestado en el lugar de trabajo, debe notificar al contacto designado. Esta obligación se activa únicamente cuando tiene conocimiento efectivo de la detención.
Multas y consecuencias por incumplir la ley SB 294
El incumplimiento de la obligación de entregar el aviso anual puede derivar en sanciones económicas. Para infracciones generales, la normativa prevé multas de hasta US$500 por empleado por cada violación detectada.
Las sanciones son mayores cuando se incumplen las disposiciones relacionadas con el contacto de emergencia. En esos casos, la multa puede alcanzar los US$500 por trabajador por cada día que persista la infracción, con un tope máximo de US$10.000.
Las penalizaciones pueden ser recuperadas directamente por el empleado afectado como una sanción estatutaria, o bien ser reclamadas por la Comisionada Laboral o por un fiscal público como multa civil. La normativa establece que no pueden aplicarse ambos mecanismos por una misma violación.
En situaciones donde el incumplimiento derive en acciones civiles, el jefe también puede ser obligado a cubrir honorarios legales y costos judiciales. La ley refuerza que cualquier intento de represalia frente a una queja constituye una infracción adicional.
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