Entró en vigor la ley que obliga a todos los sheriffs de Carolina del Norte a cooperar con el ICE

Este 1° de octubre comenzó a aplicarse en Carolina del Norte la ley HB-318, que redefine la relación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración. Esta medida, aprobada tras un extenso debate político y social, impone a todos los alguaciles del estado la obligación de cooperar de manera directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluso en casos que antes quedaban fuera de ese marco.

El texto legislativo HB-318 fue impulsado por el bloque republicano de la Asamblea General y vetado inicialmente por el gobernador demócrata Josh Stein. Sin embargo, los conservadores alcanzaron la mayoría necesaria para revertir el freno y lograron que la medida se convirtiera en ley. Tras ese proceso, la fecha fijada para su entrada en vigor fue este miércoles 1° de octubre.

Según documentó Enlace Latino NC, la HB-318 establece una cooperación más estricta con el ICE, al ampliar el rango de delitos que obligan a la notificación migratoria. A diferencia de la HB-10, su antecesora, que solo cubría delitos graves, la nueva regla incorpora una lista mucho más extensa de infracciones que ahora activan el proceso de consulta con la agencia federal.

La norma establece que toda persona inmigrante detenida en Carolina del Norte podrá ser puesta a disposición del ICE si enfrenta cargos por un abanico de delitos considerablemente más amplio.

• Delitos graves (felonías): incluyen homicidio, robo con violencia, fraude financiero, agresión con arma, violación, explotación sexual infantil o lavado de dinero.
• Delitos sexuales: como agresión sexual o contacto no consentido.
• Delitos contra menores: abuso o explotación sexual infantil.
• Conducir bajo la influencia: toda detención por manejar bajo efectos de alcohol o drogas.
• Violencia doméstica: especialmente la violación de órdenes de protección.
• Delitos menores Clase A1: como fraude, suplantación de identidad y otras faltas de carácter serio.

El alcance de la ley también obliga a los alguaciles a retener hasta por 48 horas a una persona una vez que debería ser liberada, siempre que exista una orden administrativa del ICE. Este plazo comienza a contar desde el momento en que el detenido cumplió con los requisitos judiciales para recuperar su libertad.

La ley establece un protocolo minucioso que los alguaciles deberán cumplir en cada arresto.

• Verificación del estatus migratorio: si la persona fue detenida por alguno de los delitos mencionados, se deberá comprobar si es residente legal o ciudadano estadounidense. Esa verificación puede hacerse a través de entrevistas, revisión de documentos o ambos métodos.
• Consulta con el ICE: si el estatus no queda claro, el alguacil deberá enviar la información a la agencia federal.
• Notificación de arresto migratorio: si la agencia emite un detainer y una orden administrativa, el detenido deberá ser presentado ante un juez antes de quedar en libertad.
• Retención obligatoria: si el juez valida la orden, la persona será retenida hasta 48 horas adicionales, y el alguacil tendrá que notificar al organismo federal al menos dos horas antes de su liberación.
• Liberación en ausencia de ICE: si en ese plazo la agencia no solicita la custodia ni presenta la documentación necesaria, el detenido será liberado de acuerdo con la orden judicial.