El concesionario de Texas que subastará más de 9000 autos tras su bancarrota: luz verde

La quiebra de Tricolor Holdings, LLC, conocida comercialmente como Tricolor Auto, avanza hacia una etapa clave. Una jueza federal autorizó recientemente la subasta de cerca de 9500 vehículos que formaban parte del inventario de la empresa originaria de Dallas, Texas, al momento de su colapso financiero.

De acuerdo con Bloomberg, una resolución firmada por la jueza Michelle V. Larson dio luz verde a la venta de un total estimado de 9500 autos que nunca llegaron a manos de clientes.

No se incluyen las unidades que ya fueron adquiridas mediante contratos de financiamiento y aquellas que las familias o particulares continúan con el proceso de pago.

Según la documentación retomada por el medio estadounidense, Tricolor había invertido alrededor de US$125 millones en la compra de este inventario, con un valor promedio cercano a los US$11.500 por unidad. Sin embargo, en un contexto de quiebra, este tipo de activos suele venderse por debajo de su valor original o del precio habitual de mercado.

La logística del proceso estará a cargo de la empresa Holman, que colaborará con la organización y ejecución de las subastas. En paralelo, la firma Vervent continuará con la administración de los préstamos vigentes de los clientes que aún están con los pagos de sus vehículos adquiridos antes de la bancarrota, según lo informado por Univision.

El cronograma preliminar prevé que las ventas se extiendan durante varios meses, con posibilidad de continuar hasta abril de 2026. Esto dependerá del ritmo de colocación de los autos y de las condiciones del mercado mayorista.

Los fondos que se obtengan de la venta de los autos no serán distribuidos de forma inmediata. El dinero quedará depositado en una cuenta supervisada por el tribunal mientras se resuelven las disputas legales entre los distintos acreedores de Tricolor.

Bancos, fondos de inversión y otras entidades financieras reclaman prioridad sobre los activos, y será el juez a cargo quien determine el orden de pago conforme a la ley de quiebras. Este proceso puede extenderse en el tiempo y no garantiza que todos los acreedores recuperen la totalidad de los montos reclamados.

Tricolor presentó la solicitud al Capítulo 7 de la Ley de Quiebras el 10 de septiembre de 2025, lo que implicó la disolución total de la empresa y la venta de sus activos para intentar cubrir, en la medida de lo posible, las deudas acumuladas con acreedores financieros.

“Ya no ofrecemos servicios de financiamiento ni de ventas”, publicó la compañía en su sitio web tras darse a conocer su proceso de bancarrota. “Si usted es un cliente existente, por favor continúe con la realización de sus pagos como de costumbre”, señaló.

La bancarrota de Tricolor está directamente vinculada a una investigación penal federal por presunto fraude financiero a gran escala.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sostuvo que la compañía utilizó prácticas irregulares durante años para obtener financiamiento de múltiples prestamistas.

Una de las maniobras señaladas es la llamada “doble garantía”, que consistía en usar los mismos préstamos de clientes como respaldo para obtener dinero de diferentes instituciones al mismo tiempo, sin informar a ninguna de ellas sobre la existencia de las otras.

“Como se alega en la acusación formal, el director ejecutivo Daniel Chu lideró un elaborado plan para defraudar a los acreedores de Tricolor”, dijo el fiscal federal Jay Clayton.

“Bajo sus órdenes, la compañía mintió repetidamente a bancos y otros proveedores de crédito, incluso falsificando datos de préstamos para automóviles”, agregó.

Además, la acusación indica que se manipularon reportes internos y hojas de cálculo para presentar como saludables préstamos que estaban en mora o que carecían de valor real. De ese modo, Tricolor habría seguido recibiendo adelantos de efectivo de bancos y fondos de inversión.

Para agosto de 2025, según consta en la causa, la empresa habría comprometido garantías por unos US$2200 millones, pese a contar con activos reales por aproximadamente US$1400 millones, lo que generó un faltante cercano a los US$800 millones.

El fundador y exdirector ejecutivo de Tricolor, Daniel Chu, es señalado como el principal responsable del esquema. Enfrenta múltiples cargos federales, incluido el de dirigir una empresa de delitos financieros continuos, una figura que contempla penas mínimas obligatorias y hasta prisión perpetua.

También fue acusado David Goodgame, exdirector de operaciones, junto con otros ejecutivos. En su caso, los cargos incluyen conspiración para cometer fraude bancario y electrónico. Cada uno de estos delitos prevé condenas de hasta 30 años de prisión.

Otros exdirectivos, como Jerome Kollar y Ameryn Seibold, ya se declararon culpables y cooperan con el gobierno federal como parte de acuerdos judiciales.