Impuestos a la propiedad: la nueva medida de DeSantis que complica a las escuelas públicas de Florida

La administración de Florida abrió el debate sobre una reforma tributaria centrada en los impuestos a la propiedad. La iniciativa promovida por el gobernador Ron DeSantis, que propone ampliar las exenciones para las viviendas habituales y avanzar hacia una reducción más amplia de este gravamen, causa preocupación en los distritos escolares.

El texto de la resolución presentada en la sesión especial contempla elevar la exención fiscal para viviendas principales hasta US$150.000 en 2027 y hasta US$250.000 en 2028. DeSantis anunció cifras de US$250.000 y US$500.000 respectivamente en conferencia de prensa, pero el documento legislativo difiere de esos valores.

Según el esquema planteado, una gran parte de los residentes quedaría exenta del pago de impuestos sobre su vivienda habitual. Además, el plan incluye restricciones sobre el uso de los recursos que continúen con recaudaciones a través de este tributo.

Los gobiernos locales tendrían que destinar esos fondos únicamente a áreas consideradas prioritarias, entre ellas educación, seguridad pública, infraestructura y servicios relacionados con recursos naturales.

“Los ingresos por impuestos a la propiedad recaudados por los gobiernos locales casi se han duplicado en los últimos siete años y se espera que alcancen la asombrosa cifra de US$83.000 millones”, dijo DeSantis en un comunicado. “Los propietarios de viviendas en Florida necesitan alivio. Ahora es el momento de defender a los contribuyentes, promulgar una reforma histórica y salvar el hogar de cada floridano”, agregó.

Los impuestos a la propiedad representan una fuente relevante de financiamiento para las escuelas públicas de Florida. Estos recursos se utilizan para cubrir salarios, transporte estudiantil, programas académicos y gastos operativos.

Diversos distritos comenzaron a proyectar el impacto que tendría una reducción de la base tributaria. Las estimaciones indican que algunas regiones podrían registrar pérdidas de cientos de millones de dólares en ingresos vinculados a la educación.

“Tendría un efecto adverso significativo en la calidad de la educación aquí en Pasco”, dijo el superintendente John Legg a Tampa Bay Times.

Se estima que los distritos escolares de Hillsborough, Pinellas y Pasco podrían dejar de recibir más de US$500 millones durante el primer año de implementación de la medida. El superintendente del condado de Pinellas, Kevin Hendrick, calculó que su sistema escolar podría perder aproximadamente US$130 millones anuales.

“Si bien esto puede reducir los impuestos para los propietarios, también reduciría la base imponible de la propiedad de la que dependen los distritos escolares”, señaló la portavoz de las escuelas de Hillsborough, Tanya Arja, por correo electrónico a Tampa Bay Times.

“Esa es una reducción enorme. Se trata de una disminución de aproximadamente el 18% en el salario de los docentes, para darle una idea general”, dijo Legg.

Los responsables educativos sostuvieron que todavía no existe claridad sobre los mecanismos que compensarían la caída de la recaudación local. Esa incertidumbre complica la planificación financiera de los distritos.

Entre los rubros que dependen de estos ingresos figuran:

• El transporte escolar
• Los programas de apoyo a estudiantes
• Las actividades extracurriculares
• Los proyectos de infraestructura
• También forman parte de la estructura presupuestaria los salarios del personal educativo

“No creo que la gente piense que las escuelas públicas sean lugares de extravagancia de ninguna manera. Los residentes no han estado clamando por pagar menos a los maestros”, dijo Hendrick. “Cuando conozcamos todas las reglas, seremos muy transparentes sobre lo que significa”, anticipó.

Para amortiguar el impacto sobre municipios y condados, la propuesta prevé la creación de un fondo estatal de asistencia. A través de este mecanismo, el gobierno podría otorgar subvenciones destinadas a sostener servicios públicos considerados esenciales.

La iniciativa también incorpora medidas orientadas a las pequeñas empresas. Entre ellas figura la limitación de futuros incrementos en las valuaciones utilizadas para calcular impuestos sobre la propiedad comercial.

Además, quienes se conviertan en residentes de Florida después del 1° de enero de 2027 deberán cumplir un período mínimo de cinco años de residencia antes de acceder a las nuevas exenciones previstas para viviendas principales.

El proyecto, denominado “Save Our Homes”, es discutido este lunes 1° de junio durante una sesión legislativa especial convocada para definir el texto de una futura enmienda constitucional. Si el texto obtiene el respaldo necesario en la Legislatura, la propuesta será sometida a consideración de los votantes en las elecciones previstas para el 3 de noviembre.

Para convertirse en parte de la Constitución estatal, la medida necesitará aprobación legislativa y el apoyo de al menos el 60% de los electores.

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