La nueva ley firmada por DeSantis que entra en vigor el 1° de julio y afecta a funcionarios y candidatos de Florida
La normativa apunta contra los vínculos con países “de preocupación” en el Estado del Sol
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LA NACION
El gobernador de Ron DeSantis promulgó una nueva ley en Florida que comenzará a regir desde el 1° de julio de 2026 y que introduce restricciones más severas sobre posibles influencias extranjeras dentro de la administración pública del Estado del Sol. La normativa apunta contra países considerados “de preocupación”.
Nuevas restricciones para funcionarios y candidatos en Florida
Según el texto oficial de la ley HB 905, la legislación modifica la sección 112.313 de los estatutos de Florida, que regula los estándares de conducta de funcionarios públicos, empleados estatales y abogados de gobiernos locales.
Allí se incorpora una penalidad dirigida específicamente a quienes reciban beneficios provenientes de organizaciones terroristas extranjeras designadas o de países considerados “de preocupación”.
La norma establece que ningún funcionario público, empleado de una agencia estatal, abogado de gobiernos locales o candidato a nominación o elección podrá solicitar ni aceptar “nada de valor” si existe un entendimiento de que su voto, acción oficial o criterio podrían verse influenciados por ese beneficio.
Entre los elementos incluidos por la legislación aparecen:
- Regalos
- Préstamos
- Recompensas
- Promesas de empleo futuro
- Favores
- Servicios
El cambio más importante es que la ley agrega una sanción económica específica para los casos vinculados con actores extranjeros señalados por Florida. De acuerdo con el texto legislativo, cualquier funcionario o candidato que viole esta disposición deberá devolver el doble del valor económico recibido, además de afrontar posibles sanciones civiles o penales.
Qué países “de preocupación” quedan incluidos en la ley firmada por DeSantis
La normativa enumera cuáles son los gobiernos catalogados por Florida como “foreign countries of concern”. Entre ellos aparecen:
- China
- Rusia
- Irán
- Corea del Norte
- Cuba
- Venezuela
- Siria
La ley también aclara que las restricciones alcanzan no solo a esos gobiernos, sino además a agencias, subdivisiones y entidades bajo control significativo de esos países.
Capacitación obligatoria sobre influencia extranjera en Florida
Otro de los cambios relevantes incluidos en la legislación afecta directamente la formación ética de determinados funcionarios. El proyecto modifica la sección 112.3142 de los estatutos floridanos y obliga a la Comisión de Ética estatal a actualizar el contenido mínimo de las capacitaciones obligatorias antes del 1° de noviembre de 2026.
El texto legislativo señala que los nuevos cursos deberán incorporar contenidos específicos relacionados con estrategias de influencia extranjera sobre gobiernos locales y estatales. Entre los temas obligatorios figuran:
- Intentos conocidos de países extranjeros para influir en gobiernos subnacionales.
- Estrategias atribuidas al Partido Comunista Chino, entre las que se incluye la denominada “United Front Strategy”.
- Mecanismos para identificar campañas de influencia extranjera.
- Procedimientos para reportar sospechas.
- Explicación de las nuevas penalidades vinculadas con regalos o beneficios provenientes de gobiernos considerados de preocupación.
La intención de la ley es que los funcionarios y representantes públicos reciban entrenamiento específico para detectar posibles operaciones de influencia política o institucional.
Cambios en acuerdos internacionales de organismos públicos en Florida
El proyecto firmado por DeSantis también introduce restricciones en los acuerdos internacionales impulsados por organismos públicos de Florida. La legislación modifica la sección 288.860 y prohíbe que agencias estatales, subdivisiones políticas o escuelas públicas celebren tratos o acepten subvenciones provenientes de países considerados de preocupación o de entidades controladas por ellos.
Además, la norma ordena la terminación, desde el 1° de julio de 2026, de determinados acuerdos existentes que limiten la libertad contractual de entidades públicas, permitan que un país extranjero controle programas educativos o currículas o promuevan agendas consideradas perjudiciales para la seguridad de Estados Unidos o de sus residentes.
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