¿Puedo conducir en Florida en marzo 2026 con una licencia de otro estado si soy migrante?

Bajo la ley SB 1718, Florida dejó de reconocer ciertas licencias de conducir emitidas en otros estados cuando fueron otorgadas a personas sin presencia legal comprobada en Estados Unidos. La medida forma parte de un endurecimiento de las políticas migratorias estatales y coloca a algunos conductores en riesgo de sanciones si circulan por el llamado “Estado del Sol” con esos permisos.

¿Pueden los migrantes conducir en Florida con una licencia de otro estado?

Para conducir en Florida, la situación de los migrantes depende de cómo se emitió la licencia y del estatus legal. Bajo la ley SB 1718, el estado ya no reconoce las licencias de conducir emitidas por otros estados a personas que no pueden demostrar su presencia legal en el país, señaló Univision.

Si la licencia proviene de un estado que otorga permisos a personas indocumentadas, Florida la considera inválida. Sin embargo, si se trata de un migrante con estatus legal (como asilo aprobado, residencia o un permiso de trabajo válido), generalmente se puede usar la licencia de otro estado para conducir temporalmente, aunque se espera que se cambie por una de Florida si se establece la residencia.

¿Cuáles son las licencias de conducir que no se reconocen en Florida?

De acuerdo con la Ley SB 1718, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) oficializó una lista de las licencias de conducir de otros estados emitidas a personas sin presencia legal comprobada en EE. UU., que no están permitidas en Florida.

Los cinco estados en la lista inicial son Connecticut, Delaware, Hawái, Rhode Island y Vermont; y los tipos de licencias de esos estados que ahora no son válidas incluyen lenguaje como “no para identificación federal” o “tarjeta de privilegio de conducir”.

El detalle de las licencias que no se aceptan en Florida, según CNN:

• Connecticut: emite una licencia de “solo conducir” que es específicamente para personas indocumentadas que tienen 16 años o más y que no pueden establecer una presencia legal en EE.UU. Dicha licencia no es válida para fines de identificación federal y no se puede usar para votar.
• Delaware: la Ley 59 del Senado autoriza y permite que la División de Vehículos Motorizados de Delaware (DMV por sus siglas en inglés) emita una Tarjeta de Privilegio de Conducir a los residentes indocumentados de Delaware de cualquier nacionalidad. La tarjeta tendrá una frase distintiva que dice: “Solo privilegio de conducir” y “No es válido para la identificación”.
• Hawái: una licencia de conducir provisional no requiere prueba documental de presencia legal o prueba de un número de seguro social. Estas licencias se emiten para operar un vehículo de motor en las vías públicas, no se aceptan para fines federales oficiales y no establecen la elegibilidad para empleo, registro de votantes o beneficios públicos.
• Rhode Island: disponibles para aquellas personas que no pueden establecer una presencia legal en Estados Unidos, pero que son residentes de Rhode Island, que presentaron una declaración de impuestos sobre la renta personal en el año fiscal anterior o que se reclaman como dependientes de uno.
• Vermont: se trata de una licencia o permiso que no cumple la función de Real ID y que está disponible para cualquier residente del estado. No requiere prueba de presencia legal o ciudadanía estadounidense y tiene una validez de entre dos a cuatro años después de su emisión.

¿Cuáles son las consecuencias o las multas de no cumplir con la Ley SB 1718?

Bajo el estricto cumplimiento de la Ley SB 1718, cualquier migrante que opere un vehículo con una licencia inválida se expone a severas consecuencias legales.

En términos prácticos, las autoridades de Florida no reconocen estos documentos como permisos de conducción legítimos, lo que resulta en la emisión inmediata de una citación judicial por conducir sin una licencia válida, de acuerdo con Americans for Immigrant Justice.

En Florida, esta acción se considera un delito menor de segundo grado, por lo que la persona puede enfrentar una multa de hasta US$500 o hasta 60 días de cárcel.

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