Avanza la Patrulla Fronteriza en Illinois: la orden que favorece las redadas contra migrantes en Chicago

El Séptimo Circuito de Apelaciones suspendió temporalmente una orden que obligaba a Gregory Bovino a presentarse diariamente ante una jueza para rendir cuentas sobre el uso de la fuerza durante los operativos antimigrantes en Chicago. El comandante de Patrulla Fronteriza de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fue acusado de usar gas lacrimógeno contra manifestantes en el barrio Little Village.

• La jueza federal Sara Ellis había dispuesto que Bovino compareciera cada día al finalizar la jornada para reportar directamente sobre las acciones de sus agentes.
• Su decisión se basó en una serie de incidentes recientes, entre ellos el uso de gases lacrimógenos en cuatro barrios de Chicago en un lapso de tres días consecutivos.

La magistrada dictó esta medida como parte de una orden temporal que limitaba el uso de la fuerza contra civiles, tras recibir múltiples denuncias de excesos cometidos durante las redadas migratorias.

Sin embargo, apenas dos horas antes de que Bovino cumpliera con su primera presentación, el Séptimo Circuito de Apelaciones decidió frenar la orden. En su resolución, los jueces consideraron el requerimiento como una “exigencia extraordinaria y disruptiva”, según argumentó el Departamento de Justicia, que representa al Ejecutivo federal.

Los abogados del gobierno sostuvieron que Ellis había “excedido su rol judicial” al intentar supervisar de manera directa las operaciones de una agencia federal, una defensa que finalmente convenció al tribunal de apelaciones. La orden de comparecencias diarias, que debía regir hasta el 4 de noviembre, quedó en suspenso mientras se evalúa si el tribunal de primera instancia actuó fuera de sus atribuciones.

Según Capitol News Illinois, la jueza Ellis había aclarado que su intención no era “microgestionar” la labor de Bovino, pero insistió en que la supervisión directa era necesaria tras los informes de uso de gas lacrimógeno en vecindarios residenciales.

La controversia judicial se originó en torno a la llamada Operación Midway Blitz, una campaña federal de control migratorio que provocó más de 1800 detenciones en las últimas semanas en Chicago y sus alrededores.

Los operativos, llevados a cabo por la Patrulla Fronteriza con apoyo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), generaron numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza, especialmente en barrios con alta presencia latina.

Según Fox News, la jueza Ellis tomó su decisión después de que los agentes intensificaran las redadas en zonas como Little Village, un barrio del suroeste conocido por su numerosa comunidad mexicano-estadounidense. Allí, las imágenes difundidas por el propio DHS mostraron a los agentes rodeados por manifestantes durante un operativo que el gobierno calificó como “uno de los días más violentos” de la operación.

Bovino, quien se presentó en los tribunales de Chicago el 28 de octubre, declaró en ese momento que estaba dispuesto a cooperar con la Justicia, pero que las condiciones impuestas eran, a su juicio, “inviables”. El funcionario defendió la actuación de sus agentes, al asegurar que actuaban “bajo la ley” y que la seguridad de los efectivos federales estaba en riesgo ante las protestas.

Mientras tanto, el propio Bovino reforzó su postura en una entrevista con Fox News, donde sostuvo que las redadas formaban parte de un plan “necesario para restablecer el orden” en zonas donde, según sus palabras, “los agentes federales enfrentan una resistencia organizada”.

Además, el comandante aseguró que la operación en Chicago continuaría “con o sin las restricciones judiciales”, aunque reafirmó su respeto por las decisiones de los tribunales.

A pesar del alivio temporal que significó la suspensión de las comparecencias diarias, Bovino aún deberá presentarse a una extensa declaración judicial prevista para este jueves 30 de octubre. La audiencia será decisiva para determinar si las restricciones impuestas a la Patrulla Fronteriza —en especial sobre el uso de armas antidisturbios y gases químicos— se transforman en una medida permanente.

De confirmarse la suspensión de las limitaciones, el fallo podría sentar un precedente que refuerce la autonomía operativa de la Patrulla Fronteriza y del DHS en todo el país norteamericano, en un contexto de crecientes tensiones por las políticas antimigrantes aplicadas en las principales ciudades santuario, según indicó Capitol News Illinois.