Qué inmigrantes pueden recibir Medicaid legalmente: la medida que los pone en riesgo de deportación

La agenda migratoria del presidente Donald Trump avanza en Estados Unidos, y legisladores republicanos en varios estados comenzaron a impulsar medidas vinculadas a Medicaid como parte de la agenda migratoria del gobierno federal. En ciertas jurisdicciones, se aprobaron medidas que obligan a agencias estatales de salud a transferir información a las autoridades federales cuando los migrantes beneficiarios tienen un estatus legal “no satisfactorio”, lo que los pone en riesgo de deportación.

Quiénes califican para Medicaid en Estados Unidos según su estatus migratorio

En el país norteamericano, no todos los inmigrantes pueden recibir Medicaid, pero ciertos grupos sí califican bajo reglas federales y estatales. Si bien muchos deben esperar cinco años antes de recibir los beneficios del programa, algunos grupos humanitarios están exentos de ese requisito.

En líneas generales, según el sitio web oficial de Medicaid, los grupos de no ciudadanos que califican para cobertura médica pública incluyen a:

• Titulares de green card.
• Refugiados.
• Asilados.
• Personas con determinadas protecciones humanitarias.
• Algunos extranjeros con categorías migratorias específicas en trámite.

Además, los inmigrantes indocumentados generalmente no reciben beneficios federales, aunque sí pueden utilizar “Emergency Medicaid” para emergencias médicas.

Actualmente, más de 75 millones de personas están inscritas en Medicaid y en el programa relacionado Children’s Health Insurance Program (CHIP), destinado a menores de 19 años de familias de bajos ingresos.

Estados republicanos reportan datos de Medicaid al DHS: qué riesgo enfrentan los inmigrantes

En el marco de la agenda migratoria del presidente Trump, estados liderados por republicanos comenzaron a utilizar sus agencias de salud pública como herramientas de aplicación de la ley.

En esos estados, las autoridades exigen que las agencias públicas informen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sobre los beneficiarios de Medicaid cuyo estatus legal sea “no satisfactorio”.

Esta categorización se refiere a las personas que no cumplen los requisitos legales para obtener ciertos beneficios públicos federales, según la Ley del Seguro Social.

La categoría puede incluir a personas sin estatus legal verificable o que no cumplen los requisitos migratorios para Medicaid; no debe confundirse con todos los inmigrantes legalmente presentes que atraviesan períodos de espera o restricciones de elegibilidad.

El caso más reciente es el de Carolina del Norte, donde, a partir de octubre, los empleados estatales de salud tendrán la obligación de solicitar a los no ciudadanos que reciben Medicaid pruebas sobre su estatus migratorio, según un informe del Miami Herald.

En cuanto a las personas que no cuenten con un estatus legal “satisfactorio”, las agencias deberán reportarlas al DHS.

Además de Carolina del Norte, las otras jurisdicciones que utilizan el sistema de salud para deportar migrantes corresponden a:

• Indiana, Louisiana, Montana y Wyoming: aprobaron leyes similares que requieren que sus agencias de salud pública informen al DHS sobre los beneficiarios bajo sospecha. En Louisiana, la ley entró en vigor el año pasado.
• Tennessee: el proyecto de ley, que ya pasó por la legislatura, espera la firma del gobernador Bill Lee. La política obligaría a todas las agencias estatales (no solo las de salud) a reportar a cualquier persona sospechosa de carecer de estatus legal.
• Oklahoma: los legisladores de este estado también están considerando medidas similares.
• Florida y Texas: implementan políticas dirigidas a los hospitales. En Florida, una ley de 2023 exige al personal hospitalario preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio. En Texas, el gobernador emitió una orden ejecutiva similar en 2024.

Medicaid, DHS y deportaciones: el temor que puede alejar a familias inmigrantes de la atención médica

A partir de las nuevas normas establecidas en los estados mencionados, la principal preocupación es que los migrantes eviten acceder a la atención médica por temor a ser deportados.

La abogada migratoria de Carolina del Norte, Yesenia Polanco-Galdamez, advirtió que estas disposiciones incrementan el miedo entre familias inmigrantes.

“Preveo que esta ley llevará a que más familias se pregunten si es seguro buscar atención médica, si su información puede ser compartida con autoridades migratorias y si inscribir a un hijo o buscar tratamiento podría exponerlas a consecuencias migratorias”, señaló a KFF Health News.

A su vez, Leonardo Cuello, investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, advirtió que estas políticas llevan a niños que son ciudadanos estadounidenses a quedarse sin cobertura médica.

“Cuando se implementan políticas dirigidas a un inmigrante, uno puede pensar que solo se está atacando a esa persona en particular de la familia, pero en realidad es una bomba imprecisa que acaba con toda la familia”, expresó, en diálogo con CBS News.

A principios de este año, un análisis del Instituto Cato encontró que los migrantes ya utilizan el sistema médico con menor frecuencia que las personas nacidas en el país norteamericano.

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