Todavía hay esperanza: un tribunal de apelaciones frena temporalmente la eliminación del TPS para venezolanos

El Noveno Circuito federal de apelaciones ha otorgado un respiro a 600 mil venezolanos en Estados Unidos al frenar, de manera momentánea, el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Este programa, que evita la deportación de inmigrantes, se había convertido en un objetivo clave de la administración de Donald Trump dentro de su profunda reforma migratoria.

TPS para venezolanos: tres jueces votaron a favor de mantener la protección

Un panel de tres jueces del circuito, con sede en San Francisco, votó a favor de mantener la decisión de un tribunal federal emitida en marzo. Esto permite que el juicio entre los beneficiarios del TPS y el gobierno de Trump siga adelante, según consignó El País.

Los demandantes argumentan que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, carecía de la autoridad necesaria para acabar unilateralmente con el programa. La jueza Kim Wardlaw, nombrada por Bill Clinton, escribió en el fallo que “al promulgar el TPS, el Congreso diseñó un sistema temporal que es predecible, de confianza y lejano de las políticas partidistas y electorales”. Sus compañeros en el panel también fueron asignados en administraciones progresistas.

Noem, principal rostro de la política de deportaciones de Washington, había anunciado el fin del TPS en la cadena Fox apenas ocho días después de la segunda presidencia de Trump, marcando el rumbo de la gestión republicana. Esto contrastaba con la decisión de Joe Biden de extender 18 meses la protección para cientos de miles de venezolanos que huyeron de la crisis económica y política en su país. Noem dijo a fines de enero que las condiciones en Venezuela habían mejorado, haciendo inviable la continuidad del programa.

La pelea por el TPS para venezolanos se libra en los tribunales

La orden de Noem fue llevada a los tribunales. A fines de marzo, el juez federal de distrito Edward Chen, de San Francisco, otorgó una suspensión cautelar que frenó las intenciones de Washington, evitando que parte del grupo de 600 mil personas perdiera su protección a inicios de abril. Chen argumentó que la acción de la secretaria “amenaza con: infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, costará miles de millones de dólares a la actividad económica de Estados Unidos y perjudicará la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”. El panel de apelaciones coincidió este viernes con el togado federal.

Esta decisión judicial da luz verde al juez Chen para emitir la sentencia final del caso, la cual podría restituir la protección migratoria a los miles de inmigrantes venezolanos beneficiados con el programa. Mientras el caso avanzó en los tribunales entre órdenes y recursos, muchos sufrieron la cancelación de sus permisos de trabajo y fueron despedidos de sus empleos. Otros han sido capturados en operativos federales de deportación y separados de sus familias.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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