El caso del trabajador venezolano del Ayuntamiento de Nueva York que fue arrestado en una cita de inmigración

La política migratoria de Estados Unidos volvió a quedar en el centro del debate público tras la detención de un trabajador del Ayuntamiento de la Ciudad de Nueva York durante una cita rutinaria con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El arresto se produjo en Bethpage, en el condado de Nassau, en Long Island.

Según la información difundida por el Concejo Municipal, el venezolano identificado como Rafael Andrés Rubio Bohórquez acudió a Bethpage para cumplir con una obligación relacionada con su proceso migratorio. En ese marco, fue interceptado y detenido por agentes del ICE, sin que, de acuerdo con las autoridades locales, se explicara de manera inmediata el fundamento legal del arresto.

“Tenía autorización legal para permanecer en el país hasta octubre de este año”, indicó la presidenta de la Cámara de Representantes y portavoz del Ayuntamiento de Nueva York, Julie Menin. “En todo el país, hemos presenciado escaladas agresivas por parte del ICE que plantean serias preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza y ​​la falta de rendición de cuentas”, señaló.

Durante una conferencia de prensa, Menin indicó que el empleado logró realizar una única llamada telefónica tras ser detenido y contactó al departamento de recursos humanos del Concejo para informar lo sucedido. Posteriormente, fue trasladado fuera del condado, lo que dificultó el acceso a información oficial sobre su paradero y estado.

“Después de que nos enteramos de su detención, nos comunicamos de inmediato con la oficina del ICE en las instalaciones de Bethpage. Pero, sorprendentemente, el número de teléfono ni siquiera funciona”, dijo la portavoz. "Soy una funcionaria electa que dirige un organismo y no puedo contactar a una instalación federal. ¿Qué tipo de rendición de cuentas o transparencia es esa? ¿Se imaginan por lo que está pasando una familia cuyo ser querido desaparece?”, cuestionó.

Desde el Concejo se remarcó que el trabajador había firmado recientemente una declaración administrativa en la que constaba que no tenía antecedentes de arrestos previos. Además, se indicó que el gobierno federal no aportó documentación adicional que justificara el procedimiento en el momento de su ejecución.

Horas después de la conferencia de prensa del Concejo Municipal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) difundió una declaración en la que confirmó la detención de Rubio Bohórquez y presentó una versión distinta sobre su estatus migratorio.

“El hombre ingresó a EE.UU. con una visa de turista B2 en 2017 que requería que saliera del país antes del 22 de octubre de 2017”, señaló la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, en un correo retomado por The Washington Post.

De acuerdo con esta versión, el trabajador habría permanecido en territorio estadounidense más allá del plazo autorizado y no contaba con permiso legal para trabajar.

McLaughlin también afirmó que Rubio Bohórquez tenía un arresto previo por agresión, aunque no se detalló si existió una acusación formal o una condena.

“Bajo la Secretaria Noem, los inmigrantes ilegales delincuentes no son bienvenidos en EE.UU. Si vienes a nuestro país ilegalmente y violas nuestras leyes, te encontraremos y te arrestaremos”, agregó.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, criticó el accionar federal y sostuvo que el uso de la aplicación migratoria de esta manera debilita la confianza pública.

“Detener a personas durante comparecencias judiciales rutinarias no nos brinda mayor seguridad. Debilita la confianza, propaga el miedo y viola los principios básicos de equidad”, aseguró en una publicación en X. “Seguiremos defendiendo los derechos de los neoyorquinos”, señaló.

El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, también expresó su rechazo al arresto y lo calificó como una vulneración de los valores de la ciudad. “Me indigna (...) Exijo su liberación inmediata y seguiré de cerca la situación”, indicó.

Desde el Concejo Municipal reiteraron su compromiso con las leyes de ciudad santuario vigentes en Nueva York y señalaron que explorarán todas las vías legales disponibles para revertir la detención.