Para frenar al ICE: los cinco derechos constitucionales que pueden salvar a un migrante en EE.UU.
La Constitución de Estados Unidos les concede garantías, que es importante tener en cuenta frente a posibles encuentros con migración
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LA NACION
Frente al aumento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en diversas ciudades del país, los inmigrantes deben conocer sus derechos. La Constitución estadounidense les otorga garantías fundamentales que pueden protegerlos.
Cómo la Constitución de EE. UU. protege a los migrantes
- La Constitución protege a todas las personas que viven en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, según detalla Clearwater Law Group.
- La mayoría de las disposiciones se aplican en función de la condición de persona y no de la ciudadanía, esto quiere decir que cualquier individuo que se encuentre físicamente en EE.UU. tiene derecho a las protecciones.
En este caso, la 5ª Enmienda establece: “Ninguna persona será privada de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal”. Asimismo, la 14ª Enmienda obliga a todos los gobiernos estatales a garantizar igualdad de protección ante la ley para todas las personas, sin importar su estatus migratorio.
“Independientemente de quién sea el presidente, todas las personas que viven en los Estados Unidos tienen ciertos derechos básicos en virtud de la Constitución de los Estados Unidos. Los inmigrantes indocumentados también tienen estos derechos. Es importante que todos hagamos valer y protejamos nuestros derechos básicos”, señala en su guía el National Immigration Law Center.
Los derechos constitucionales son:
El derecho al debido proceso
El derecho al debido proceso legal garantiza que toda persona tenga una audiencia justa e imparcial antes de que el gobierno pueda privarla de la vida, la libertad o la propiedad.
Este derecho está protegido por la 5ª y la 14ª Enmienda de la Constitución. Los inmigrantes indocumentados tienen la autorización a ser informados de los cargos en su contra, a contar con un abogado y a presentar pruebas para su defensa.
El derecho a la asesoría legal
La 6ª Enmienda de la Constitución asegura que toda persona acusada en un proceso penal tenga derecho a contar con un abogado. Por lo tanto, cuando un inmigrante indocumentado enfrenta un proceso de deportación, también debe ser representado legalmente. Si no puede costear un defensor, el gobierno debe asignarle uno.
El derecho a vivir con la familia
El derecho a vivir con la familia se considera fundamental y está reconocido en diversos tratados y declaraciones internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Aunque la Constitución de Estados Unidos no lo garantiza de manera explícita, la Corte Suprema lo reconoció como un derecho fundamental protegido por la Cláusula del Debido Proceso de la 5ª y la 14ª Enmienda. Esto implica que no se puede privar a una persona de este privilegio sin seguir un proceso legal y presentar una justificación válida.
Como la deportación suele interrumpir la unidad familiar de los inmigrantes indocumentados, el gobierno de EE.UU. tiene la obligación de prevenir estas separaciones siempre que sea posible y ofrecer servicios de reunificación cuando ocurran.
El derecho contra registros y allanamientos irrazonables
La 4ª Enmienda de la Constitución protege a todas las personas en EE.UU. frente a registros y allanamientos irrazonables por parte del gobierno, lo que significa que nadie puede entrar en un hogar ni revisar pertenencias sin una orden judicial o causa probable.
La Corte Suprema extendió estas protecciones a los inmigrantes indocumentados. No obstante, existe una salvedad conocida como la “excepción de búsqueda fronteriza”. Esta disposición le permite al gobierno realizar registros sin orden judicial dentro de un radio de 160 kilómetros de cualquier frontera de EE.UU., incluidos los aeropuertos. Por lo tanto, los inmigrantes indocumentados que se encuentren en estas áreas pueden ser sometidos a registros de su persona, domicilio y pertenencias.
El derecho a la educación
Aunque no existe una ley federal que garantice explícitamente el derecho a la educación, hay disposiciones constitucionales que lo respaldan. La Corte Suprema determinó que si los niños ciudadanos o residentes legales tienen la garantía de asistir a escuelas públicas, los niños indocumentados también deben gozar de este derecho.
Por lo tanto, las instalaciones donde se encuentran los menores detenidos deben cumplir con los requisitos mínimos para ofrecer educación, atención médica, recreación y otros servicios. Esto incluye contar con maestros calificados, proporcionar espacio, materiales adecuados y garantizar que tengan acceso a programas educativos apropiados.
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