Su esposo fue detenido por el ICE en Texas y ahora evalúa suspender su tratamiento de fertilización: “Ya estaba pago”
La mujer dijo que el anhelo de ser padres los llevó a postergar los trámites de estatus
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LA NACION
Una pareja puso en pausa un tratamiento de fertilización in vitro luego del arresto de uno de los cónyuges, Jacinto Maldonado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvo en Texas a fines de octubre.
¿Qué pasó durante la detención del ICE en Texas City?
El arresto se produjo tras una infracción de tránsito. Desde ese momento, Maldonado permanece alojado en un centro de detención migratoria en Livingston, Texas.
Su esposa aseguró que no tiene antecedentes penales y que reside en Estados Unidos desde 2004. En un informe televisivo de Telemundo Houston, afirmó: “Él llegó en 2004. Tiene ya más de veinte años aquí”.
Una fertilización in vitro pendiente y el proyecto familiar en riesgo
La pareja logró el nacimiento de su hijo Isaac, hoy de seis meses, mediante fertilización in vitro. El proyecto familiar incluía un segundo embarazo a través de un tratamiento adicional que ya estaba financiado.
La esposa explicó que la decisión implicó grandes esfuerzos económicos y personales. Aseguró que la familia hizo todo lo posible para convertirse en padres y que incluso pospusieron el ajuste de estatus migratorio de Maldonado para poder afrontar el costo de los procedimientos.
En ese contexto, planteó la incertidumbre actual: “¿Qué va a pasar con el embrión congelado que también tengo?”, al advertir que la inversión podría perderse si el proceso queda suspendido por la situación migratoria.
Además, la detención truncó la primera Navidad del bebé junto a ambos padres. “Íbamos a poder celebrar con nuestro bebé y los tres en familia. Pero no va a ser así”, dijo la esposa.
¿Qué opciones legales existen ante una posible deportación?
Una abogada de inmigración, no vinculada al caso, explicó a Telemundo Houston que las familias de estatus mixto necesitan un plan legal supervisado por especialistas.
La letrada señaló que, si una persona acredita más de diez años de residencia, buen carácter moral y sufrimiento extremo para cónyuges o hijos ciudadanos, puede solicitar la cancelación de deportación. La esposa de Maldonado confirmó que ya contrató representación legal, aunque un juez le negó recientemente la fianza.
Los lineamientos oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) establecen que la comprobación de ese “sufrimiento extremo y excepcionalmente inusual” es particularmente alto y no se satisface con consecuencias habituales como la separación familiar o la pérdida de ingresos.
Las autoridades migratorias deben evaluar el conjunto de las circunstancias, y considerar de manera acumulativa factores como problemas de salud física o mental de los familiares, dependencia económica o de cuidados, interrupción de tratamientos médicos, impacto emocional en los hijos y las condiciones del país al que la persona sería expulsada.
La determinación se realiza en función de la evidencia concreta presentada ante el juez o la autoridad migratoria.
Texas concentra la mayor población en centros de detención migratoria
De acuerdo con datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés), 65.735 personas permanecían bajo custodia del ICE al 30 de noviembre de 2025.
El organismo señala que el 73,6% de los detenidos no tiene condenas penales, y que, entre quienes sí registran antecedentes, muchos corresponden a faltas menores, como infracciones de tránsito.
En la distribución territorial, Texas lidera la cantidad de personas detenidas durante el año fiscal 2026, con 17.696 casos, por delante de Luisiana y California.
TRAC también indica que 41.624 personas fueron ingresadas a centros de detención solo en octubre de 2025, en su mayoría tras arrestos de ICE, y que el Ero El Paso Camp East Montana, ubicado en Texas, es el centro con mayor población promedio.
En paralelo, el informe destaca que 182.009 personas son supervisadas actualmente mediante los programas de Alternativas a la Detención (ATD, por sus siglas en inglés), y es la oficina de San Francisco la que registra el mayor número de monitoreos activos.
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